Los alcaldes se remangan para la reconstrucción: piden unidad política y más recursos

Para que un bar pueda abrir su persiana, el Gobierno tiene que dar órdenes y el ayuntamiento debe dar licencias y vigilar el cumplimiento de las normas. Para que un niño pueda jugar en un tobogán, el ministro Salvador Illa ha tenido que flexibilizar el confinamiento, pero hay un edil en cada municipio que tiene que ordenar abrir el parque de la ciudad o del pueblo. Los ayuntamientos son las últimas ramificaciones del Estado, la primera puerta a la que se dirige el ciudadano. La covid-19 ha disparado las necesidades en sus municipios y ha descuadrado sus recursos. Hablamos con cuatro alcaldes de territorios distintos, diversos y de partidos variados para saber cómo afrontarán la fase de reconstrucción: Jorge Azcón (Zaragoza), Luis Salvador (Granada), Pedro del Cura (Rivas) y Carlos Fernández Bielsa (Mislata).

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la desescalada bajo tres preceptos: debe ser gradual, asimétrica y coordinada. "Es necesario trabajar codo con codo las distintas administraciones en este reto tan trascendental que tenemos por delante de nosotros mismo", decía sobre esta última. En principio, el Gobierno ha elegido como referencia la provincia. Esto requerirá intercambio de información y coordinación a varios niveles políticos, al menos, entre el estatal, el autonómico, el provincial y el local, independientemente del partido que lidere cada administración.

Mientras atienden a las preguntas de cuartopoder estos cuatro alcaldes adaptan en sus ciudades las salidas por franjas que comienzan este 2 de mayo. "Todo lo que se publica en el BOE por la noche se tiene que aplicar por la mañana en los ayuntamientos", explica el alcalde de la madrileña localidad de Rivas, Pedro del Cura. En este contexto, los ayuntamientos cobran importancia, al igual que han hecho en la gestión de la crisis. Son la primera puerta a la que el ciudadano llama. Durante el estado de alarma, han repartido comida, recogido material sanitario de sus vecinos o han reorganizado servicios para que ningún mayor quede aislado.

"Solo con ciudades que funcionen bien podremos encontrar una salida rápida a la crisis", asegura Jorge Azcón, alcalde de Zaragoza. Tal y como relata, los ayuntamientos son "el lugar donde se aplican a la vida diaria de los ciudadanos en cuestiones como el transporte, la circulación, el uso de infraestructuras sanitarias y sociales y el comercio". Además, las grandes ciudades son en las que "se concentra la mayor parte de la población y de la actividad industrial y empresarial".  El alcalde de Granada, Luis Salvador, coincide en el papel clave de los consistorios en la "recuperación de la normalidad", garantizando las medidas sanitarias y de seguridad en el día a día.

"Nos estamos preparando para encarar la nueva normalidad, con medidas tanto del ámbito de la protección social, como del cumplimiento de las normas de seguridad personal", asegura el alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, sobre los proyectos que diseñan los consistorios estos días y que esperan seguir concretando.

La emergencia social y los retos de futuro

Los alcaldes consultados apuntan a dos retos principales de sus administraciones durante la reconstrucción. Atender las crecientes necesidades sociales, que subirán, y evitar en la medida de lo posible la destrucción de puestos de trabajo, reactivando el tejido productivo. Del Cura apunta a que habrá que rehacer los presupuestos: "Ahora toca aparcar algunas iniciativas y destinar esos fondos a la nueva realidad". Lo harán con menos ingresos. En el caso de Rivas, por ejemplo, este año no cobrarán las tasas de terrazas, una medida que ayudará a los hosteleros, pero que deja de ingresarse en las arcas públicas.

En esa misma línea ejemplifica el alcalde de Granada: "Evitamos cobrar tasas de ocupación de vía pública o de basuras. Hay un descenso de pasajeros del transporte público, cuyo importe íntegro de ese descenso lo paga el ayuntamiento. Hay muchos ámbitos donde la caída de ingresos es muy importante". Salvador asegura que pedirá a la oposición que le apoyen a la hora de aprobar unos "presupuestos patrióticos", después de que la ciudad lleva desde 2015 sin aprobar unas cuentas propias.

En este caso, el alcalde  granadino pone un ejemplo de la magnitud del impacto de la covid-19 en su propia ciudad: "Granada es una de las ciudades más turísticas de España. A la que esto nos afecta de manera directa y grave. La Alhambra es uno de los monumentos más visitados también internacionalmente". Una caída que se traduce en cierres de empresa y puestos de trabajo.

El alcalde de Mislata también se volcará en las medidas sociales y la protección del comercio, además del resto de servicios: "Adaptaremos las calles y parques de Mislata, una de las ciudades más densas de Europa, a la normativa que permita facilitar la prevención y protección sanitaria en nuestro entorno urbano, así como en todas las instalaciones municipales".

Mejor coordinación para reducir la incertidumbre

"El papel fundamental en las decisiones, como no puede ser de otra manera, lo tiene el Gobierno de España en base a las directrices e informes de los técnicos sanitarios y epidemiólogos", explica el alcalde de Mislata. En el estado de alarma, el mando único recae en el Gobierno central, pero Fernández Bielsa resalta también "el trabajo incesante" de la Comunidad Valenciana. Las decisiones de estas administraciones, con la que comparte color político, recaerá luego los ayuntamientos.

En total, en España hay unos 8.131 municipios con realidades muy diferentes. Por tanto, la Federación Española de Municipios y Provincia (FEMP) se ha convertido en un interlocutor para aglutinar demandas de localidades  muy  distintas. La Junta del Gobierno de este organismo se reunió el pasado 23 de abril con vicepresidenta cuarta Teresa Ribera y con los ministros de Administraciones Públicas, Carolina Darias, y el de Sanidad, Salvador Illa, un encuentro tras el que se anunció la creación de un foro de trabajo permanente con el Gobierno para intercambiar información. Unos días antes, se había reunido también con el presidente Sánchez. A pesar de que el Ejecutivo anunció la desescalada el martes y comenzará el 4 de mayo, la reunión con este organismo se emplaza a la semana que viene.

"Ha habido encuentros a través de la Junta de Gobierno de la FEMP, pero todas las peticiones de ayuda económica que hemos planteado han sido rechazadas, y está faltando agilidad y certidumbre a la hora de explicar las medidas que quiere adoptar, lo que nos dificulta aplicarlas adecuadamente", explica el alcalde de Zaragoza. Aunque el presidente de Aragón, Javier Lambán (PSOE), y Azcón (PP) son de partidos diferentes, confiesa que en ese caso la relación está siendo "óptima". 

El alcalde de Granada, que pertenece a Ciudadanos, también habla de una buena interlocución con la Junta de Andalucía, gobernada por PP y Cs, pero coincide con la información que transmite el Gobierno central: "El principal problema es que la información se da tarde y con rectificaciones posteriores. Muchas veces no sabes cuál es la última versión", se queja el alcalde granadino.

Del Cura no tiene esa misma experiencia con la líder autonómica madrileña y apunta a que en "el aterrizaje en las comunidades autónomas está habiendo mucha disparidad". En su caso, las órdenes en cascada caen sobre diferentes partidos, desde el Gobierno central (PSOE-Unidas Podemos), al de la Comunidad de Madrid (PP-Ciudadanos) y al municipal, el que él mismo preside: "Hay comunidades autónomas como la de Madrid, por ejemplo, cuya presidenta todavía no ha tenido una reunión con la Federación de Municipios de Madrid que hemos pedido desde hace bastante tiempo para ver cómo en nuestra comunidad, la más afectada, con 179 municipios nos organizamos para la desescalada, de una manera coherente y apoyándonos unos a otros", explica Del Cura, que cree que la colaboración institucional es "importantísima" para evitar escenarios donde se repartan mascarillas o test sin unos criterios comunes. "Una comunidad tan pequeña y conectada como la nuestra no podemos tomar decisiones dispares", argumenta.

Según la valoración del alcalde de Rivas, la gestión de la crisis a nivel autonómico tuvo claroscuros en la coordinación. Estima muy efectivo el diálogo entre policías municipales y nefasto en la gestión de las residencias, un "verdadero drama", que algunos ayuntamientos han tenido incluso que llevar a la Justicia para intentar que los centros se medicalizasen, como en el caso de Alcorcón.  En su caso, las órdenes en cascada caen en diferentes partidos, desde el Gobierno central (Unidas Podemos-PSOE), el autonómico (PP-Ciudadanos) hasta el municipal (IU-Más Madrid-Equo y PSOE).

Más necesidades, ¿más recursos?

Los alcaldes son conscientes de que tras el parón económico al que ha obligado la covid-19 vendrá una crisis social.  "Los efectos de esta crisis inédita son como un huracán presupuestario, se ha llevado todos los números por delante", asegura el alcalde de Zaragoza, una ciudad que aprobó sus presupuestos en enero. Ahora, Azcón estima que tendrán unas pérdidas de ingresos por valor de unos 60 millones de euros y, a la vez, tendrán que reorientar las partidas a los servicios de atención social y a medidas de reactivación económica. Ante esto, el alcalde popular pide "una dirección global más ágil, mejor planificada y mejor comunicada por parte del Gobierno central".

"Esencialmente necesitamos apoyo por parte del resto de administraciones para agilizar trámites burocráticos y flexibilizar las reglas de gasto y objetivos de estabilidad presupuestaria", explica que alcalde de Mislata. En la FEMP, los alcaldes propusieron poder utilizar sus superávits, que se relajen las normas de estabilidad presupuestaria y que se habiliten ayudas a los municipios. Además, el alcalde de Rivas recuerda que no todos los ayuntamientos han logrado ese ahorro, una circunstancia que piden que tenga el cuenta el Gobierno para que lleguen las ayudas a toda la población.

Los alcaldes de Zaragoza y Granada también han solicitado al Ejecutivo central que inyecte 40.000 millones de euros al municipalismo para hacer frente a la reconstrucción, al estilo italiano: "28.000 saldrían del remanente del superávit y otros 12.000 de inyección directa, tanto para dar liquidez como para solucionar problemas como el del transporte, los alimentos y otros gastos derivados de la covid-19", explica Salvador.

Por el momento, no ha ejecutado estas medidas. A mediados de marzo, el Ejecutivo autorizó que se gastasen 300 millones para atender la emergencia social, pero para el dirigente 'popular' no es suficiente: "Sin mejorar esa situación financiera será imposible afrontar la fuerte caída de ingresos que ya estamos experimentando al mismo tiempo que se incrementa la demanda de servicios sociales", argumenta el alcalde de Zaragoza.