El Ministerio de Consumo prepara la prohibición de los “teléfonos 902”

Poner fin a los teléfonos de tarificación adicional. Los conocidos como “teléfonos 902”. Ese es el objetivo de en el que trabaja ya el Ministerio de Consumo liderado por Alberto Garzón. “Los servicios de atención al cliente no pueden ser un coste para el bolsillo de consumidores y un negocio para unas pocas empresas”, señalan fuentes del Ministerio a cuartopoder.es. Para el equipo que lidera Garzón, esta es una “medida de justicia social, que pondrá fin a un abuso generalizado y agravado en el contexto del covid por las restricciones de aforo, movilidad y presencialidad”.

La modificación de la actual ley prohibirá “cualquier número de tarificación adicional en los servicios de atención al cliente”. Los más extendidos son los 902. “Los consumidores dispondrán siempre de un número geográfico de tarifa básica para sus relaciones con las empresas. Acabamos con abusos y sobrecostes en las facturas mensuales, de los que se beneficiarán toda la población, especialmente, aquella con menos recursos”, apuntan desde el Ministerio.

La actual Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en su artículo 21.2 dispone lo siguiente: “en caso de que el empresario ponga a disposición de los consumidores y usuarios una línea telefónica a efectos de comunicarse con él en relación con el contrato celebrado, el uso de tal línea no podrá suponer para el consumidor y usuario un coste superior a la tarifa básica (…). A tal efecto, se entiende por tarifa básica el coste ordinario de la llamada de que se trate, siempre que no incorpore un importe adicional en beneficio del empresario”.

Ante las dudas que planteaba el concepto “tarifa básica” en este contexto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (el TJUE) publicó su Sentencia, de 2 de marzo de 2017, en el Asunto C 568/15, en la que abordaba esta cuestión y establecía que: “El concepto de tarifa básica (…) debe interpretarse en el sentido de que el coste de una llamada a una línea telefónica de asistencia operada por un comerciante, en relación con un contrato celebrado, no puede exceder del coste de una llamada a una línea telefónica fija geográfica o móvil estándar. Siempre que se respete este límite, el hecho de que el comerciante obtenga o no beneficios por medio de esa línea telefónica de asistencia es irrelevante”.

Desde el Ministerio de Consumo argumentan que el “acceso a una atención eficaz, transparente y de calidad y una información completa, veraz y accesible en los Servicios de Atención al Cliente, Quejas, Reclamaciones e Incidencias, no pueden estar condicionados por los recursos económicos del consumidor y estos no se pueden ver reducidos o perjudicados como consecuencia del ejercicio de un derecho básico”. Insisten, en este sentido, en que la prohibición de números de tarificación adicional o especial es de “justicia social” y recuerdan que las principales asociaciones en defensa de los derechos de las personas consumidoras llevan desde hace más de una década pidiendo su fin.

Garzón modificará por tanto el citado artículo de la LGDCU para precisar este punto, de acuerdo con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y evitar que las compañías puedan aplicar a las llamadas a sus servicios de atención al cliente precios que excedan el precio de llamada a una línea telefónica geográfica. Al respecto, se abrirá también un proceso de consulta pública a la ciudadanía y trabajo con las asociaciones de consumidores y sociedad civil.

¿Por qué existen este tipo de teléfonos?

Según indica el Ministerio de Consumo, legalmente se debe disponer de un número que no tenga un coste superior al de la tarifa básica. “Hasta ahora existen discrepancias sobre la interpretación del concepto de “tarifa básica” y muchas empresas lo aprovechan para poner números que suponen un coste para quienes llaman”, afirman.

“Los más comunes son los 902, que a día de hoy tienen unos costes muy altos y suponen unos elevados sobrecargos en las facturas mensuales de los hogares”, destacan las mismas fuentes.

Los 902 son más caros que una llamada provincial pero más baratos que una llamada nacional. El precio se estableció así con el fin de si un usuario llamaba a un 902 localizado fuera de su provincia pagara algo más que por una llamada provincial pero menos que por una nacional. “A día de hoy, donde todos los operadores ofrecen tarifas planas de llamadas desde fijos y móviles, los 902 han quedado obsoletos”, recuerdan desde el Ministerio.