El DNI español vive de alquiler en Cataluña

Como si de una metáfora y no de la realidad se tratara, el Ministerio del Interior carece ya de instalaciones propias en Barcelona hasta para expedir el Documento Nacional de Identidad (DNI) y el Pasaporte, y ha tenido que alquilar tres locales en la capital catalana para cumplir esa función exclusiva del poder central del Estado. Otros organismos de la Administración General del Estado (AGE) viven de alquiler en Cataluña.

Los tres locales alquilados para expedir y renovar el Pasaporte y el DNI en Barcelona suman un total de 2.500 metros cuadrados y suponen un desembolso mensual de unos 60.000 euros por parte del departamento del que es ministro Juan Ignacio Zoido. A ellos se suman las oficinas alquiladas en El Prat de Llobregat (123,64 metros cuadrados), Granollers (928,61) y Vilanova i La Geltrú (365) para hacer el Pasaporte y el DNI electrónico.

En Girona, Interior tiene alquilado un local de 1.085 metros cuadrados para los servicios del Pasaporte y el DNI electrónico; en Lleida mantiene unas oficinas arrendadas de 1.576 metros cuadrados, y en Tarragona presta este servicio también desde unos locales alquilados de 278 metros, a los que se suman las oficinas de Reus (332) y Tortosa (467).

En conjunto son 7.646,25 metros cuadrados de locales y oficinas arrendados en Cataluña con cargo al presupuesto de la Dirección General de Policía suponen un desembolso de dos millones de euros al año, únicamente para los cometidos administrativos mencionados. Ese departamento de Interior destino al pago de cánones y alquileres 30.9 millones anuales.

Tras el despliegue de los Mossos d'Esquadra y el consiguiente repliegue de la policía nacional, Interior mantiene algunas comisarías en edificios y locales alquilados, como son los casos de Sant Cugat del Valles y de Ripollet (Barcelona), Figueres (Girona), La Seu d'Urgell (Lleida) y el garage de la Comisaría de Tortosa, en Tarragona.

Cierto es que el departamento de Interior que, según fuentes del Patrimonio del Estado, también paga alquileres por los cuarteles de la Guardia Civil de Figueres (Girona) y Mora d'Ebre (Tarragona), no es el único que carece de instalaciones para prestar los servicios no transferidos a la Generalitat, pues también la Abogacía del Estado reside de alquiler en Barcelona, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social funciona en oficinas y locales alquilados en las cuatro provincias catalana y la Gerencia del Catastro reside en despachos arrendados en la capital catalana y en Tarragona.

Aunque el poder central dispone de instalaciones suficientes en Cataluña, la decisión del jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, de impedir por la fuerza las votaciones del referendo del 1 de octubre mediante el envío de más de 5.000 policías y guardias civiles, ha demostrado gran torpeza e improvisación. Los agentes sólo han evitado a porrazos en muchos casos la votación en ochenta de los más de dos mil colegios electorales y han sufrido el rechazo de miles de ciudadanos, hasta el punto de tener que abandonar sus alojamientos en tres hoteles contratados. Interior también agenció dos cruceros y un ferry para alojarlos. Finalmente, los que tuvieron que dejar los hoteles por coacciones a los propietarios y para evitar las protestas ciudadanas se han alojado en el cuartel del Ejército de Tierra de Sant Boi de Llobregat y en Sant Climent Sasebas (Girona).