“Mucho palo y poca zanahoria”: las claves del plan contra el fraude laboral del Gobierno

  • El Consejo de Ministros aprobó el viernes el Plan Director por un Trabajo Digno, que intensifica y reordena las armas de la administración contra el fraude laboral
  • Los expertos lo valoran con un aprobado, pero advierten de que si no hay modificaciones legislativas no podrá atajarse la precariedad y el abuso laboral

El pasado 6 de febrero, el Congreso le dio un mandato al Gobierno: diseñar un Plan contra la Explotación Laboral. Moncloa ya no tiene los mismos inquilinos y, por eso mismo, el nuevo Ejecutivo prometió situar la lucha contra el abuso laboral como una de sus prioridades. El pasado viernes, el Consejo de Ministros aprobó un Plan Director por un Trabajo Digno para 2018, 2019 o 2020, que supone un buen primer paso para abordar el complejo y degradado mercado laboral español. Pero solo un primer paso. Cuartopoder.es lo analiza con dos expertos de diferentes áreas.

El Gobierno espera que las 55 medidas operativas y las 20 organizativas y de coordinación tengan un impacto económico de unos 30 millones de euros, lo que supone un aumento del 10% del presupuesto de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, prevé que se incorporen 833 nuevos inspectores y subinspectores, un aumento del 23% del total de la plantilla, que quedó congelada durante la crisis. Tal y como afirma el documento, en 2010 era de 1854 funcionarios y al inicio de junio de 2018 contaba con 1850.

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Fermín Yébenes, portavoz de la Unión Progresista de Inspectores/as de Trabajo, cree que el plan es un buen comienzo, especialmente en comparación con los últimos años, pero avisa de que “acabar con el fraude no solo depende de aumentar la inspección de trabajo, sino también de mejorar la legislación“. Por eso, para este profesional es importante que el documento mencione “la necesidad de impulsar medidas normativas enmarcadas en el necesario diálogo político en el Parlamento y diálogo social con empresarios y sindicatos”.

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Santos Miguel Ruesga, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Autónoma de Madrid, coincide con esta visión. Cree que el diagnóstico es acertado, pero advierte de que “es una instrucción y no modifica leyes”, aunque sí “refuerza la inspección de trabajo” y “ordena las herramientas de las que dispone el Ministerio en materia de fraude“. Al no haber modificación por ley no añade, por ejemplo, la posibilidad de mejorar los contratos, aunque sí hace que se apliquen más estrictamente los límites de los que ya existente. Es una forma de sancionar a los empresarios que ejercen malas prácticas.

A pesar del refuerzo de la inspección, los sindicatos encuentran en los recursos insuficientes la principal pega al Plan, que UGT califica de “acertado pero insuficiente”, mientras CCOO ve una “falta de concreción de plazos de actuación y medidas, y la escasez de recursos de la Inspección de Trabajo”.

El documento refuerza de manera importante la perspectiva de género, que está trufada en todas las medidas, desde las que atañen a la temporalidad hasta las enfermedades laborales. También prevé un esfuerzo importante de coordinación entre Seguridad Social y Hacienda, aunque el catedrático Ruesga cree que deberían haberla reforzado aún más: “La colaboración entre ambos organismos es una idea nada novedosa de la que se ha hablado mucho, pero luego en la ejecución no se lleva a la práctica. Debería dar resultados mejores”.

Estos son algunos de los puntos del acuerdo, que también se someterá a una evaluación futura.

La promesa de futuros cambios legislativos

Los expertos consultados aseguran que para acabar con la explotación laboral hay que ir más allá de este Plan y modificar varias leyes. El documento dedica el título V a la recomendación de abrir un “diálogo político y social para la aprobación de reformas legislativas”. Por el momento, considera cuatro proposiciones de Ley que el PSOE llevó al Congreso. Dos de ellas significarían la modificación del artículo 34 (con la obligatoriedad de registrar la jornada para evitar que haya horas de trabajo que no se cobren) y el 42.1 ( para igualar las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados) del Estatuto de los Trabajadores. “Es prioritario llevar a cabo estas dos modificaciones porque si no es muy difícil garantizar los derechos de los empleados”, explica Yébenes. En la actualidad, sin un registro de jornada fiable es casi imposible que un inspector pueda comprobar si un trabajador echa horas de más no remuneradas.

Las otras dos proposiciones son la de “igualdad de trato y de oportunidades entre
mujeres y hombres en materia retributiva” y la “igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación”.

Con un gobierno en minoría parlamentaria, los cambios legislativos más profundos serán complicados. Hasta que estas modificaciones no se produzcan, no se podrá abordar de manera efectiva la precariedad. “El plan se limita a una represión del fraude, pero no llega al problema de fondo, que son los cambios que requieren el sistema productivo con alta tasa de temporalidad”, explica Ruega en un lenguaje coloquial: “Tratarán de reducirlo con más palo y poca zanahoria”.

Contratación temporal y parcial: planes de choque

La inspección tendrá “tolerancia 0” con el fraude en esta materia y reforzará el trabajo de sus funcionarios fiscalizando las causas empresariales para hacer un contrato temporal: “Resulta imprescindible conocer la realidad de la empresa, su proceso productivo, su demanda, su nivel de ventas…, y así poder determinar si existe o no esa causa de temporalidad”, explica el documento que también apunta a “la negociación colectiva como “un instrumento muy eficaz para determinar las circunstancias definitorias de una fluctuación causal”. Formación y mayor intensidad en la inspección centran las instrucciones a grandes rasgos.

En la medida 8 menciona específicamente al colectivo de los profesores y ordena “llevar a cabo una actuación específica para erradicar la fraudulenta contratación temporal de profesores en ciclos coincidentes con el curso escolar, extinguiéndose los contratos en los periodos no lectivos”.

También hace un diagnóstico de la contratación parcial como fuente de fraude en actividades como “la hostelería o el comercio” a quien se debe dirigir “la atención de la Inspección”. De hecho, también menciona el telemarketing, empresas de seguridad, sanitario y de servicios sociales, transporte y distribución de paquetería”. Mejoras en la inspección, campañas específicas o la formación centran también las medidas.

La externalización: un guiño a las Kellys

El Gobierno prevé medidas también para los colectivos especialmente afectados por la descentralización, que se ven perjudicados seriamente en el salario. De hecho, en la medida 14 menciona expresamente a las colectivos de camareras y camareros de pisos y a otros trabajadores y trabajadoras del sector de alojamientos turísticos”. A las Kellys dirigirán “las primeras actuaciones” y todo se hará bajo la perspectiva de género.

Lucha contra la discriminación

El Plan prevé en la medida 16 la creación de la Unidad de Lucha contra la Discriminación que velará “por la igualdad de trato de todos los colectivos vulnerables, y prestará especial atención a la igualdad por razón de género”. De hecho, intensificará las inspecciones para darle una especial “protección de la maternidad en el ámbito laboral”. También menciona el acoso sexual y por razón de sexo en la empresa y la dificultad para detectarlo, pero las medidas apenas va más allá de vigilar el cumplimiento de los protocolos en las empresas.

También hay menciones específicas para otros colectivos como los migrantes, las personas con discapacidad o los ciudadanos LGTBI.

Lucha contra la economía irregular

El documento explora las bolsas de economía irregular y menciona como vulnerables a “las personas trabajadoras extranjeras y empleadas en el hogar familiar” para los que prevé intensificación en la inspección, una receta que da a la mayoría de problemas.

En este capítulo también se aborda el “trabajo declarado incompleto”, con los “falsos autónomos” (a veces en “falsas cooperativas”) como exponentes. Además de mejorar la inspección, también ordena intensificar las relaciones entre la Seguridad Social y Hacienda en distintos niveles para intercambiar información y poder detectar a estos empleados a través de los que las empresas buscan ahorrarse pagos a la Seguridad Social.

Este intercambio de datos también será clave para detectar las denominadas empresas “buzón”, que no tiene una actividad económica real en el país en el que tienen su sede, “siendo su finalidad contratar a personas trabajadoras en el país de origen y desplazarlos a otros países de la UE con el único
objetivo de abaratar costes salariales, de impuestos y de seguridad social de la mano de
obra”.

La economía de las plataformas

Es otro de los fenómenos que está generando cierta alarma social, ya que está “fomentando así la aparición de un tipo de trabajador que ha de realizar cada vez más horas por un mismo precio, o incluso por uno inferior, dando fuerza al concepto denominado “trabajador pobre”. Prevé una guía de actuación específica y campañas especiales.

El falso becario

Aunque solo prevé mejoras en la inspección con dos medidas (ordenando actuaciones y mejorando la formación) dedican un subapartado a “regularizar la situación de los trabajadores y trabajadoras que se encuentren bajo la figura de falso becario”.

La accidentalidad y enfermedades laborales

Conscientes de la preocupación que genera en los sindicatos, el plan también prevé “actuaciones para reducir la accidentalidad y morbilidad laboral” reforzándolas con medidas como la “elaboración de una Instrucción para inspectores y entidades gestoras”  sobre “posibles enfermedades profesionales no declaradas como tales o a las que se ha cambiado su diagnóstico”. También exige perspectiva de género en las actuaciones.