Enrique Santiago: “Que el Gobierno defienda a Llarena cuestiona la independencia judicial belga”
- Entrevista con el abogado Enrique Santiago
- El también secretario general del PCE se muestra muy crítico con que el Gobierno defienda al juez Llarena en Bélgica
La ministra de Justicia, Dolores Delgado, dejaba claro ayer en una entrevista en RNE que el Gobierno defenderá la actuación jurisdiccional del juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ante la demanda interpuesta por Carles Puigdemont y los exconsellers que se encuentran en Bélgica. El cambio de postura gubernamental, que en un principio argumentaba que el Gobierno no defendería al juez por una cuestión privada -la denuncia tiene que ver con unas declaraciones del juez en un acto público- ha levantado la polémica en el ámbito político español, como todo lo relacionado con este juez en los últimos meses.
PP y Ciudadanos piden contundencia al Gobierno en el apoyo a Llarena. Desde Unidos Podemos critican que con dinero público se vaya a costear una defensa privada. Los partidos independentistas han mostrado su desaprobación. La mayoría de asociaciones del ámbito jurídico se han situado del lado del juez instructor y han presionado para que el Gobierno modificara su primera posición. Hablamos de todo esto con Enrique Santiago (Madrid, 1964), abogado de prestigio y secretario general del PCE. Santiago, nos responde desde Colombia, donde se encuentra de viaje, ya que tiene una alta implicación en el proceso de paz del país latinoamericano.
“La actividad jurisdiccional, las actuaciones que tenga que hacer un juez en el procedimiento, obviamente, debe estar protegida de cualquier interferencia para garantizar la independencia e imparcialidad, no obstante, la denuncia civil contra Llarena en Bélgica no es por su actividad como juez instructor, sino por declaraciones en un acto público organizado por un organismo privado”, explica Santiago a cuartopoder.es, añadiendo que “las declaraciones públicas que haya hecho en ese contexto no se encuentran protegidas como propias de la actividad judicial del instructor, es decir, ningún miembro de un poder del Estado tiene inmunidad por las actividades que realice al margen de su actividad en la función pública”.
“Imagino que, por tratarse de una actividad privada, probablemente el juez recibió unos honorarios; no parece muy normal que el Estado tenga que gastar recursos por las consecuencias de una actividad privada en la que el juez habrá recibido unos honorarios”, prosigue este abogado.
El debate se ha endurecido en los últimos días porque, en el texto de la demanda, se solicita a los tribunales belgas que tengan en cuenta el contexto político y que el juez Llarena busca, con su instrucción de los últimos meses de la macrocausa contra líderes independentistas, “combatir el independentismo”. En el texto, los demandantes sitúan a “España al lado de Kazajistán, entre los estados delincuentes que se niegan a someterse a los principios que rigen los derechos fundamentales universales”. Preguntamos a Santiago si el texto de la demanda es motivo para que el Estado participe en la defensa del juez, que es lo argumentado por el Gobierno.
“Que los demandantes en Bélgica introduzcan elementos que tienen que ver con el procedimiento judicial seguido en el Supremo, y que evidentemente son externos y ajenos al contexto de las declaraciones efectuadas en un ámbito privado por Llarena, debería significar que, si la justicia belga es imparcial, obvie cualquier consideración en su valoración sobre la actividad judicial del juez y el procedimiento ante el Supremo y se centre exclusivamente en las declaraciones”, expone el secretario general del PCE, añadiendo: “La justicia belga, evidentemente, no tiene competencia para valorar la actividad jurisdiccional del juez español, pero que el Gobierno participe en la defensa del juez Llarena por unas declaraciones en el ámbito privado es cuestionar seriamente la independencia del poder judicial belga”.
“Imagino que, muy probablemente, la justicia belga rechazará cualquier intervención del Estado español en el pleito con Llarena, indicando que el objeto del proceso se circunscribe exclusivamente a una actuación privada del demandado”, describe Santiago, que resume su postura de la siguiente manera: “Pedir en una demanda es gratis, otra cosa es que, por el mero hecho de pedir, los jueces tengan la obligación de resolver conforme a lo que se pide”.
Independencia judicial española
Enrique Santiago se muestra preocupado porque “la independencia e imparcialidad política del poder judicial en España cada vez es más cuestionable a la vista de las sentencias y resoluciones que emiten los tribunales en cuestiones como la libertad de expresión y el derecho a la protesta”. “Cada poder del Estado es independiente y tiene sus propios mecanismos de protección y resultaría sorprendente que, ante una injerencia en el poder ejecutivo, este se dirigiera al poder judicial para solicitar su protección”, añade.
“Si el juez Llarena cree que ha sido afectado en su independencia judicial o que esta está siendo amenazada por la actuación de los tribunales belgas, a quien tiene que pedir protecciones es al poder judicial español, que es lo que se establece en la ley, y en ningún caso al poder ejecutivo”, asegura. “No olvidemos además que, en este caso, Llarena ha pedido la protección al poder judicial una vez han transcurridos los plazos legalmente establecidos para ello”, concluye.
Cada día que pasa se ve con más claridad que la división de poderes no existe. Lo que siempre existió, una unión oscura, con sombras demasiado alargadas, leyes excepcionales. Y si algo falla. Aquí, está la españa invertebrada, hecha a la imagen y semejanza de dictadorzuelos en » B «, que siguen manteniendo mausoleos al genocida, pasandose las leyes de Memoria Histórica por debajo de la entrepierna, allí donde los atributos brillan con dos cojones. Con más parados y en peores situaciones de precariedad… Rescatar los negocios privados y fraudulentos de una banca expoliadora, con dineros públícos. Amnistias fiscales para los que no quieren que nada cambie; ser el golfo de los golfos, en el, tienen cabida los mayores atracadores sociales, ( tambien amparo ). Un Parlamento con triple Alianza, asaltado con fuego real y secuestrada su soberanía….
La actividad privada del señor Llarena, sus opiniones libres y cobradas… Son exclusivamente propias en primera persona. El Juez Enrique lo define así: » Ningun miembro de un poder del Estado, tiene inmunidad por las actividades que realice al margen de su actvidad en la función Pública «. Al que tiene que pedir dichas protecciones, es al CGPJ. Pedir ayuda al Ejecutivo, es prevaricar claramente y ciertas sospechas dejarán de serlo, pasarán a la realidad en descomposición de la misma democrácia. Las patentes de corso del Pirata Draque, que acabo siendo … Sir !. En este caso. Sir… viente del Regimen !.
….y bla, bla, bla, bla,,,,,,,que cansino Florentino…..te dan igual los artículos, tu empiezas a soltar tus mantras comunistas de siempre y te quedas tan ancho……
La demanda contra el juez Llarena no es por declaraciones privadas, ya que declaraciones de ese tipo sobre que no hay presos políticos las hacen muchísima gente y no los demandan, lo demandan a él porque es el instructor de la causa contra los golpistas y el proceso y EN LA MISMA DEMANDA acusan al estado español y a toda la justicia de no ser imparcial. Además, como se ha visto en la traducción al francés de las palabras del juez, esta claro como actúa esta gentuza. El juez deja muy claro en sus palabras la presunción de inocencia, y la traducción al francés estos impresentables las cambian como si lo afirmara.
SE PUEDE DEFENDER CUALQUIER CAUSA POLÍTICA, PERO NO LOS ACTOS PARA CONSEGUIRLO, HE AQUÍ DONDE SE ENMARCA LA DIFERENCIA ENTRE DEMOCRACIA Y FASCISMO.
Negar lo evidente no va a cambiar la realidad. Cuando dicen que una ley aprobada por el Congreso y por el Senado (poder legislativo del Estado español) ha sido derogada por el poder judicial del mismo Estado, hace saltar de sus asientos a cuantos han nacido después de 1789.
¿Que hilo ata a los magistrados con los diputados y con los altos cargos del gobierno? Sólo cabe pensar en una mafia, una secta dañina: leed la lista de sectas nocivas aprobada por los gobiernos democráticos europeos, ved la que está implantada poderosamente en España y en Italia y comprenderéis las declaraciones de algún ministro español como la de otro italiano.
Antes se decía: «La justicia militar es a la Justicia lo que la música militar es a la Música»; ahora es quizás el momento de cambiar los adjetivos calificativos de la frase.
A ver, el congreso y senado tambien tienen que cumplir la ley, y ademas, algunas leyes no se pueden modificar por mayoria simple. Esto es España, no Venezuela. Justamente el poder judicial esta para eso, para que los politicos no puedan hacer lo que les de la gana.
«Enrique Santiago se muestra preocupado porque “la independencia e imparcialidad política del poder judicial en España cada vez es más cuestionable a la vista de las sentencias y resoluciones que emiten los tribunales en cuestiones como la libertad de expresión y el derecho a la protesta” (sic).
A ver, los jueces hacen cumplir las leyes y emiten sus sentencias según indican las mismas, pero los jueces no hacen las leyes, las hacen los políticos elegidos democráticamente, parece mentira que este señor sea abogado.