Enrique Santiago: “Que el Gobierno defienda a Llarena cuestiona la independencia judicial belga”

  • Entrevista con el abogado Enrique Santiago
  • El también secretario general del PCE se muestra muy crítico con que el Gobierno defienda al juez Llarena en Bélgica

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, dejaba claro ayer en una entrevista en RNE que el Gobierno defenderá la actuación jurisdiccional del juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ante la demanda interpuesta por Carles Puigdemont y los exconsellers que se encuentran en Bélgica. El cambio de postura gubernamental, que en un principio argumentaba que el Gobierno no defendería al juez por una cuestión privada -la denuncia tiene que ver con unas declaraciones del juez en un acto público- ha levantado la polémica en el ámbito político español, como todo lo relacionado con este juez en los últimos meses.

PP y Ciudadanos piden contundencia al Gobierno en el apoyo a Llarena. Desde Unidos Podemos critican que con dinero público se vaya a costear una defensa privada. Los partidos independentistas han mostrado su desaprobación. La mayoría de asociaciones del ámbito jurídico se han situado del lado del juez instructor y han presionado para que el Gobierno modificara su primera posición. Hablamos de todo esto con Enrique Santiago (Madrid, 1964), abogado de prestigio y secretario general del PCE. Santiago, nos responde desde Colombia, donde se encuentra de viaje, ya que tiene una alta implicación en el proceso de paz del país latinoamericano.

“La actividad jurisdiccional, las actuaciones que tenga que hacer un juez en el procedimiento, obviamente, debe estar protegida de cualquier interferencia para garantizar la independencia e imparcialidad, no obstante, la denuncia civil contra Llarena en Bélgica no es por su actividad como juez instructor, sino por declaraciones en un acto público organizado por un organismo privado”, explica Santiago a cuartopoder.es, añadiendo que “las declaraciones públicas que haya hecho en ese contexto no se encuentran protegidas como propias de la actividad judicial del instructor, es decir, ningún miembro de un poder del Estado tiene inmunidad por las actividades que realice al margen de su actividad en la función pública”.

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“Imagino que, por tratarse de una actividad privada, probablemente el juez recibió unos honorarios; no parece muy normal que el Estado tenga que gastar recursos por las consecuencias de una actividad privada en la que el juez habrá recibido unos honorarios”, prosigue este abogado.

El debate se ha endurecido en los últimos días porque, en el texto de la demanda, se solicita a los tribunales belgas que tengan en cuenta el contexto político y que el juez Llarena busca, con su instrucción de los últimos meses de la macrocausa contra líderes independentistas, “combatir el independentismo”. En el texto, los demandantes sitúan a “España al lado de Kazajistán, entre los estados delincuentes que se niegan a someterse a los principios que rigen los derechos fundamentales universales”. Preguntamos a Santiago si el texto de la demanda es motivo para que el Estado participe en la defensa del juez, que es lo argumentado por el Gobierno.

“Que los demandantes en Bélgica introduzcan elementos que tienen que ver con el procedimiento judicial seguido en el Supremo, y que evidentemente son externos y ajenos al contexto de las declaraciones efectuadas en un ámbito privado por Llarena, debería significar que, si la justicia belga es imparcial, obvie cualquier consideración en su valoración sobre la actividad judicial del juez y el procedimiento ante el Supremo y se centre exclusivamente en las declaraciones”, expone el secretario general del PCE, añadiendo: “La justicia belga, evidentemente, no tiene competencia para valorar la actividad jurisdiccional del juez español, pero que el Gobierno participe en la defensa del juez Llarena por unas declaraciones en el ámbito privado es cuestionar seriamente la independencia del poder judicial belga”.

“Imagino que, muy probablemente, la justicia belga rechazará cualquier intervención del Estado español en el pleito con Llarena, indicando que el objeto del proceso se circunscribe exclusivamente a una actuación privada del  demandado”, describe Santiago, que resume su postura de la siguiente manera: “Pedir en una demanda es gratis, otra cosa es que, por el mero hecho de pedir, los jueces tengan la obligación de resolver conforme a lo que se pide”.

Independencia judicial española

Enrique Santiago se muestra preocupado porque “la independencia e imparcialidad política del poder judicial en España cada vez es más cuestionable a la vista de las sentencias y resoluciones que emiten los tribunales en cuestiones como la libertad de expresión y el derecho a la protesta”. “Cada poder del Estado es independiente y tiene sus propios mecanismos de protección y resultaría sorprendente que, ante una injerencia en el poder ejecutivo, este se dirigiera al poder judicial para solicitar su protección”, añade.

“Si el juez Llarena cree que ha sido afectado en su independencia judicial o que esta está siendo amenazada por la actuación de los tribunales belgas, a quien tiene que pedir protecciones es al poder judicial español, que es lo que se establece en la ley, y en ningún caso al poder ejecutivo”, asegura. “No olvidemos además que, en este caso, Llarena ha pedido la protección al poder judicial una vez han transcurridos los plazos legalmente establecidos para ello”, concluye.