Madrid: rescatar la ciudad del oligopolio, devolver el poder a la gente

Jorge García Castaño *

La aprobación de los presupuestos es probablemente uno de los momentos más importantes de la vida de cualquier administración. Sin embargo, este año en Madrid han pasado sin pena ni gloria, demostrando que estamos ante un gobierno agotado, sin proyecto de ciudad, que se limita a aplicar las directrices de su partido, profundizando la política de recortes y agudizando la depresión económica.

La gestión municipal ha quedado reducida básicamente a pagar la tremenda deuda acumulada por el anterior alcalde, caiga quien caiga y cueste lo que cueste. Los cinco años de fiesta de Gallardón nos van a dejar más de diez años de resaca con unos efectos demoledores para el Ayuntamiento y sobre todo para la ciudad. Según las previsiones del gobierno, en 2018 la deuda será de unos 3.500 millones de euros, más del doble de la que encontró el actual ministro en 2003 al llegar a la alcaldía.

El presupuesto de 2014 es de 4.442 millones de euros. Algunas características destacables son la congelación del gasto social, la subida del IBI (un 6,8% más), el crecimiento de las cargas financieras hasta los 1.116 millones y una inversión que, aunque creciendo ligeramente con respecto a 2013, sigue bajo mínimos (170 millones que ya veremos si se ejecutan).

Pero, más allá de este presupuesto concreto, ya estamos en condiciones de evaluar lo que están  suponiendo las políticas de ajuste en el Ayuntamiento de Madrid con un poco de perspectiva. Se pueden observar los efectos de unas políticas que, consumiendo una enorme cantidad de recursos públicos, han beneficiado básicamente a un pequeño grupo de empresas que ha acaparado el ladrillo, la obra civil, los contratos de servicios y que ahora se preparan para hacerse también con los servicios sociales o culturales.

Botella, al presentarlas, ha comparado estas cuentas con las de 2004. Y es verdad que hablamos de magnitudes parecidas, pero hay cosas muy importantes que no son iguales. Por ejemplo, en estos diez años lo recaudado por IBI se ha multiplicado por tres y las cargas financieras (deuda más intereses) por cinco. Lo que significa que los madrileños del presente y del futuro van a pagar muchos más impuestos como consecuencia de una política irresponsable, electoralista y clientelar.

Prácticamente todos los ingresos se han hundido durante la crisis, menos los impuestos directos, que han subido un 28% desde 2008. Además se han incrementado todo tipo de tasas y precios públicos, por ejemplo de las actividades deportivas y culturales.

Desde el inicio de la crisis en 2008 sólo sube el gasto en dos capítulos: los gastos financieros lo hacen un 98% y los pasivos financieros un 268%. Es decir, el pago de deuda y de intereses. Los gastos de personal ya caen un 12% y se han destruido 5.000 empleos municipales; el capítulo 2 desciende un 12% y las inversiones nada menos que un 77%.

Pero, ¿qué significa esto para los ciudadanos?

Significa que sin inversión y recortando el capítulo 2 (básicamente los servicios privatizados) la ciudad se deteriora. No sólo está más sucia, se deterioran los equipamientos, las infraestructuras, las calles, los parques… Desde 2010, en los peores años de la crisis, el presupuesto de servicios sociales ha caído un 21%, las políticas de igualdad de género lo han hecho un 42%, igual que la ayuda a domicilio. La política cultural está a la deriva, reducida a la mínima expresión en un sector ya muy machacado por la crisis económica y las medidas del gobierno central.

También significa que el sector público municipal está en liquidación. Desde la aprobación del plan de reestructuración del sector se han recortado 475 millones en las empresas municipales. El Ayuntamiento ha salido de una empresa estratégica para la ciudad como Metro, mientras la EMT sufre otra caída del 10% reduciendo líneas y frecuencias, en círculo vicioso al que no se le ve el final. Por su parte, la EMVS está dedicada a vender sus viviendas a fondos buitres (ya van 1860), sin construir ni rehabilitar.

Es decir, los madrileños pagamos más impuestos por menos servicios, mientras la ciudad se deteriora a todos los niveles. Por no hablar del efecto nefasto que estas políticas tienen sobre la economía y el empleo de Madrid.

Tres propuestas estratégicas desde la izquierda.

En este contexto, las gentes de IU hemos planteado tres propuestas que tienen que ver con la política presupuestaria para abrir un debate con el conjunto de la sociedad civil.  De lo que hablamos es de rescatar la ciudad del oligopolio y devolver el poder a la gente, de que el pueblo de Madrid debe recuperar el control de su Ayuntamiento, actualmente en manos de bancos y constructoras.

En primer lugar poner en marcha una auditoria ciudadana de la deuda, como paso previo a su necesaria reestructuración. La deuda de la ciudad ronda actualmente los 7.100 millones. Las cargas financieras se llevan cada año uno de cada cuatro euros. Desde 2008 ya se habrán pagado a los bancos 6.125 millones en deuda más intereses, lo que implica más de un presupuesto de cinco en plena depresión económica.

Se trata de poner por delante los intereses de los ciudadanos frente a los bancos, que por otra parte ya han recibido ayudas de todo tipo con nuestros impuestos. La ciudadanía tiene que saber lo que supone la deuda, en qué se ha gastado, quién la tiene y a qué intereses se paga. No planteamos dejar de pagar mañana, pero sí que debemos pagar cómo y cuándo se pueda. Nuestra ciudad no puede permitirse sacar más de 1.000 millones de euros de su economía cada año, necesitamos esos recursos para hacer ciudad,  para servicios sociales, inversión y políticas de empleo.

En segundo lugar lanzar una estrategia para la remunicipalización de buena parte de los servicios ahora en manos privadas. Hace pocas semanas conocíamos un informe del Tribunal de Cuentas sobre limpieza viaria en el  quedaba claro que la prestación directa de ese servicio es más económica y de mejor calidad que si el servicio está privatizado. Siempre hemos estado convencidos de ello y creemos que este es un momento inmejorable para demostrarlo en la práctica.

Hay que valorar qué contratos vencen en los próximos años y cuáles se están incumpliendo flagrantemente para recuperarlos de inmediato. Pero tampoco nos resignamos con los seis grandes contratos integrales que el equipo de Botella está poniendo en marcha entre toda clase de conflictos, como los de limpieza viaria e iluminación. Está claro que el PP ha querido dejarnos hecha la política para diez años pero estamos convencidos de que un gobierno progresista va a ser capaz de recuperar la prestación directa de muchos de esos servicios.

Finalmente, evitar la concentración del gasto municipal en manos de un pequeño puñado de empresas. Si analizamos este presupuesto podemos llegar a la conclusión de que prácticamente la mitad de lo que se gasta se lo llevan un puñado de entidades financieras y constructoras (o sus filiales).

Frente a la verborrea y la propaganda sobre el emprendimiento y el apoyo a la pequeña empresa, la realidad es muy diferente. El apoyo a los emprendedores supone una parte ínfima del presupuesto. Sin embargo, la política de contratación consolida el oligopolio. Los criterios de contratación y el volumen de los contratos expulsan a la competencia y consolidan un cartel de empresa que se reparten el presupuesto. Necesitamos una nueva política de contratación que permita competir a las pequeñas empresas y ayude a consolidar un fuerte tejido de economía social. Este expolio tiene que acabar.

(*) Jorge Carcía Castaño es concejal de IU en el Ayuntamiento de Madrid.