¿Estamos peor que en 2007?

España se encuentra hoy en una situación más frágil que antes de la crisis. Nada de lo que nos llevó a esa fragilidad se ha modificado, al contrario, se ha intensificado y se ha perdido la oportunidad de la coyuntura internacional para operar los cambios necesarios en nuestro modelo productivo. España ha desaprovechado el crecimiento motivado por el bajo precio del petróleo y las políticas del BCE, perdiendo una década que posiblemente nos costará otra más. El mundo sigue inundado de deuda, nunca antes tanto como ahora, y el peligro de un colapso financiero sigue latente en una coyuntura en la que el capital mantiene intacta su crisis de acumulación que intenta resolver y desplazar, de nuevo, por la vía de la financiarización. Hoy España está más endeudada, ingresa menos y las familias tienen menos capacidad de ahorro que antes de la crisis: en 2017 los créditos al consumo demandados en España –con altas tasas de interés- duplicaron la media de la zona euro.

Podría argumentarse que la clave para desencallar esta situación se encuentra en el mercado de trabajo. Desde esta perspectiva, la precariedad se explica por el exceso de derechos que tienen los trabajadores indefinidos frente a los temporales y las dificultades que encuentran los inversores en las rigideces salariales; así pues, se debe igualar a la baja en derechos y democratizar la precariedad. Tras años de reformas laborales en esa dirección, los contratos temporales son cada vez más temporales (el 43% no supera el mes, el 28% no supera la semana) y solo un 8% se convierte en indefinido, pero el 40% de los contratos indefinidos no supera el año. La precariedad no es un bache a corregir, es la premisa del modelo.

Habrá quien argumente que el problema reside en la debilidad del carácter que tienen los parados y trabajadores, de ahí que “salir de la zona de confort” se convierta en la palanca ideológica con la que trasladar el riesgo estructural a la falta de actitud individual. Una idea muy extendida entre los patronos y los intelectuales liberales del siglo XIX. Sin embargo, el problema no se ubica en la dejadez y falta de activación de las personas desempleadas, toda vez que según datos del INE, el 93% de las empresas declaran no contratar a nadie “porque no les hace falta”; una percepción que respaldan los datos ofrecidos por Eurostat, cuando coloca a España en la cola de la vacantes de empleos no cubiertas y entre los países con los costes laborales más bajos. Tampoco es cierta la máxima donde se afirma que “la mejor política es crear empleo”, -España se encuentra por debajo de la media de la UE-, ya que de ser así, Rumania, que es líder en creación de “empleo”, sería quien disfruta de mejores políticas sociales. Según la Comisión Europea, casi la mitad de la población europea no cuenta con las capacidades digitales básicas para afrontar las transformaciones venideras y en el caso de Rumania esta cifra se eleva al 70% de la población.

Esa misma plantilla ideológica que le confía todo a los agentes privados se trasladaría al campo fiscal, donde la dinamización de la economía vendría precedida por una política tributaria que facilite la creación de bolsas de riqueza privada, esto es, una fiscalidad regresiva y menguante en ingresos públicos. Se trata, como en la Francia de Macron, de privatizar para generar ingresos y pagar una deuda que sube por la falta de ingresos. El «Estado gestor», modelo de Rivera, nada nuevo, todo muy viejo: bajar impuestos, subir deuda, privatizar y vuelta a empezar. Tras décadas empantanadas en esta misma lógica centrada en ceder a los agentes privados los recursos públicos, los resultados no son especialmente buenos. Con datos del BCE, si en España sumamos a los parados más los desanimados más los subempleados, la cifra de la población en edad de trabajar que se encuentra fuera del circuito del dinero y trabajo estable, se eleva hasta el 29%. Esto, teniendo en cuenta que además el peso de la gente joven (20-30 años) sobre el total de la población, ha disminuido un 27% en los últimos 17 años (CE).

Aumenta el número de millonarios y la riqueza que acumulan, porque aumenta el número de los empobrecidos y la riqueza que pierden. Unos ganan en privilegios lo que otros pierden en libertad y derechos. El 10% de la población con más riqueza pasó de acumular un 44% de la riqueza en 2008 al 53% en 2014, mientras los salarios de los más pobres cayeron un 30%. Los pobres más pobres y los ricos más ricos; hay que invertir ese proceso y garantizar derechos de existencia, es decir, avanzar hacia derechos incondicionales por el simple hecho de existir. No hay otra alternativa si queremos tener futuro distinto al paro crónico, la exclusión, la falta de reconocimiento y el sentido de inutilidad: 1) derogar reformas laborales, recuperar convenios colectivos, subir SMI, perseguir el fraude, reducir jornada. 2) Reforma fiscal: en lugar de recortar y privatizar, ingresar e invertir en sector verde e I+D+I. 3) Políticas más allá del salario: renta básica, alquiler social, movilidad sostenible.