Nos suben el precio de la luz y no sabemos ni por dónde nos viene

Soledad Montero, miembro de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético

Es común escuchar que no hay quien entienda el recibo de la luz; esto es así porque en la composición de su precio intervienen muchos factores. Conocer los mecanismos de conformación de precios no es excesivamente fácil, pero entender qué estamos pagando en nuestros recibos y porqué sí que lo es, así que intentaremos “arrojar algo de luz” a un tema tan farragoso como es la factura.

Los conceptos principales en los que se dividen nuestras facturas son dos, el término de potencia y el de energía. El primero es lo que conocemos como “el fijo” de la factura, porque es lo que pagamos aunque no consumamos nada, sólo por tener derecho a la conexión eléctrica. En ambos se incluyen los llamados “peajes de acceso” o “tarifas de acceso” que es lo que se paga por el uso de las redes de suministro, entre otros muchos gastos, es decir, mantener el “sistema eléctrico”.

Con motivo de la crisis del 2008, la demanda energética empezó a decaer y para compensar esta caída de ingresos del sistema, a partir del 2013 comenzó una política de subida de los peajes en el término de potencia, trasladando además a esta parte de los peajes partidas que antes estaban incluidas en el término de energía consumida; de este modo, el término de potencia acabó convirtiéndose en un 40% de lo que pagamos en nuestros recibos.

Los peajes de acceso los fija el Gobierno y tienen el carácter de máximos. Son distintos dependiendo de los tipos de tarifas y horarios. Los precios de los peajes de acceso de energía eléctrica para éste año 2018 se fijaron en la Orden ETU/1282/2017.

¿Y qué es lo que se incluye en estas tarifas de acceso? Veámoslo.

Hagamos un recorrido por las partidas más importantes o de mayor peso económico:

Transporte y distribución son dos de las partidas fundamentales en el sistema eléctrico, ya que nos hacen llegar la energía desde la central que la produce al punto de suministro y la distribuyen. Supone el 39,97 % de lo que pagamos en las tarifas de acceso del 2018.

Y por si alguien no lo sabe, también pagamos las pérdidas, porque “el sistema” funciona de la siguiente manera: la cantidad de energía producida en las centrales es facturada en su totalidad a través de las distribuidoras a las comercializadoras, esto es, cuando las distribuidoras envían a las comercializadoras las lecturas de los equipos de medición (contadores y/o maxímetros) de sus clientes, incluyen también una cantidad de pérdidas calculada en proporción a la energía facturada, de modo que cada comercializadora asume una cantidad en concepto de pérdidas proporcional a la cantidad de energía que compra. Este importe obviamente la comercializadora lo traslada a sus clientes, por tanto, las pérdidas que se producen en las líneas de alta tensión, los fraudes y cualquier consumo que no se asigne (facture) a ningún cliente, será asumido por todos nosotros. Debido al aumento en las cifras de pérdidas, la propia CNMC elaboró un informe sobre alternativas de regulación en materia de reducción de pérdidas y tratamiento del fraude en el suministro eléctrico.

Otra de las partidas importantes, por lo abultado, lo constituyen los incentivos a las energías renovables, cogeneración y residuos, que este año suponen el 39,60%. En esta partida se incluye la cogeneración (centrales de ciclo combinado, de alta eficiencia energética, porque obtienen simultáneamente energía eléctrica y térmica a partir de una energía primaria, habitualmente gas o carbón), la solar fotovoltaica, la solar térmica, biomasa y el tratamiento de residuos con valorización energética.

Capítulo aparte merece el déficit de tarifa, del que se ha hablado tanto y que ningún partido político ha consentido en auditar. Lo que sí se ha hecho es titulizar la deuda, de manera que haya que abonarla a las eléctricas si o si (buena jugada). Por si alguien está interesado en las últimas informaciones oficiales al respecto, aquí puedes ver los últimos informes de la CNMC.

También merecen especial atención los pagos por capacidad y por interrumpibilidad. Los pagos por capacidad son lo que se paga a determinadas centrales (ciclos combinados de gas y carbón y alguna hidroeléctrica de bombeo) por estar preparadas para entrar a operar en caso de necesidad por un pico de demanda no previsto. En 2018 han supuesto 394 M€. Si además de cobrar por estar lista para entrar en funcionamiento, puede además, utilizando el coste de oportunidad, cobrar por la energía generada un precio mayor al de mercado, el negocio es redondo.

La interrumpibilidad es una herramienta de ajuste del sistema eléctrico que permite a REE ordenar interrumpir el suministro a grandes consumidores de energía eléctrica a cambio de una retribución económica. La UE está analizando este mecanismo por si pudiera tratarse de subvenciones encubiertas a la gran industria, ya que este mecanismo no resulta eficaz en nuestro mercado debido al sobredimensionamiento de nuestra capacidad de producir energía, muy superior a la demanda. El coste del mecanismo de interrumpibilidad en 2017 fue de 525 millones. La propia CNMC advierte del elevado coste y su escasa utilidad.

Y por último, pero no por ello menos importante, tenemos la partida de impuestos, que supone una cuarta parte de lo que pagamos en nuestros recibos. En total pagamos un 27,6% de la factura en concepto de impuestos, que son de tres tipos:

• I.V.A = 21%
• Impuesto eléctrico = 5,11%
• Impuesto municipal = 1,5 %

Y esto es solo lo que pagamos en nuestros recibos en concepto de tarifas de acceso. Ahora quedaría añadir la parte del consumo de energía. Y aquí entran en juego otra cantidad de factores, como el sistema marginalista de conformación de precios del mercado mayorista, donde el precio final se fija por medio de la oferta más cara, y que en la situación y con las características de nuestro mercado no está dando el resultado más óptimo, debido a que nuestro mix energético es muy variado en tecnologías y a la falta de competencia real y efectiva por el dominio oligopolístico del sector.

Tenemos además una serie de costes variables que las comercializadoras tienen que abonar en las “liquidaciones del sistema”, como son los costes relacionados con la gestión de la demanda (pagos de los servicios de ajustes, desvíos, etc.), que deberían tener unos precios máximos, ya que aprovechando el coste de oportunidad, encarecen de manera innecesaria los precios con el único objetivo de obtener un beneficio económico extra por parte de la empresa productora.

Cualquier incremento en el precio mayorista de la electricidad repercutirá irremediablemente, de manera inmediata o a más largo plazo, sobre el consumidor, esto es evidente. Así, si se incorpora un impuesto, como puede ser el del 7% a la producción de energía, o se incrementan los precios de los derechos de CO2 (y debido a su escasez estos precios irán al alza), estos gastos se verán trasladados a nuestro recibo.

Por último también tenemos como factor de riesgo que el sector esté dominado por un oligopolio, puesto que controlan todas las actividades y esto facilita la posibilidad de manipulación de precios por parte de alguna de éstas compañías, No sería la primera vez que la propia CNMC, organismo encargado de la supervisión y vigilancia del mercado eléctrico, abre expediente a alguna de ellas, (véase Iberdrola, Endesa o Gas Natural).