Patriotismo constitucional y derecho a la fragilidad

  • El deber de unas instituciones realmente democráticas es el de eximir a sus ciudadanos de la obligación de ser héroes
  • En España, a la Constitución postfranquista de 1978 la ha asesinado la connivencia entre el Estado, el franquismo y el neoliberalismo

Roberto Scarpinato, nacido en 1952, es hoy fiscal general del Tribunal de Apelación de Palermo. Pupilo de los malogrados Falcone y Borsellino, él mismo amenazado de muerte por la mafia, ha dedicado toda su vida profesional a explorar y combatir las complicidades orgánicas entre el crimen organizado y el Estado, complicidades que reconstruyó minuciosamente en Il ritorno del Principe (“El retorno del Príncipe”), obra publicada en 2008 en Italia y silenciada por todos -políticos y periodistas- en una especie de omertá cultural muy reveladora. En una larga entrevista que le hizo en francés Anna Rizello en 2012, recogida en la obra de título Le dernier des juges (“El último de los jueces”), Scarpinato explicaba por qué se había hecho juez y cuál debía ser, en su opinión, el cometido de los Tribunales: “Paradójicamente” -decía- “las instituciones deberían garantizar el derecho a la fragilidad de los individuos, el derecho, en suma, a no renunciar a su propia humanidad”.

  No es difícil entender la apuesta del valiente juez anti-mafia. El “derecho individual a la fragilidad” implica dos principios asociados. El primero es el de que ningún Estado democrático puede apoyar su legitimidad y estabilidad en el heroísmo privado de sus ciudadanos; el de que no puede fundar su existencia en la convicción de que sus ciudadanos, obligados a elegir entre el bien y el mal, se inclinarán una y otra vez, como ángeles descarnados, por la opción más moral. Scarpinato describe Italia como “el país más moral del mundo” porque en él sus habitantes tienen que estar escogiendo en cada momento -en todo momento- entre la virtud y el vicio o, si se prefiere, entre el heroísmo y el colaboracionismo. El deber de unas instituciones realmente democráticas es el de eximir a sus ciudadanos de la obligación de ser héroes, el de garantizar su derecho a ser normalmente débiles, normalmente cobardes, normalmente egoístas, sin que su debilidad, su cobardía y su egoísmo les condene a quebrantar la ley para salvar la vida. El Derecho y la democracia están hechos -deben estar hechos- para proteger la normal vulnerabilidad del hombre normal. La existencia de grandes héroes sin laureles, como la existencia de pequeños bellacos sin maldad, refleja el estrepitoso fracaso del Estado y su connivencia estructural con la injusticia y la desigualdad.

Porque este es el segundo principio sin el cual no hay ningún posible “derecho a la fragilidad”. Para garantizar el derecho de los ciudadanos a ser normalmente cobardes y débiles, el Estado debe garantizar las condiciones en las que sea materialmente factible no convertir la vida cotidiana en una gesta moral; es decir, el Estado debe combatir al mismo tiempo el crimen organizado y las desigualdades sociales.

Cuando el Estado, como es el caso de Italia, se enreda promiscuamente en los mimbres mafiosos, su élites corruptas corrompen necesariamente, de arriba abajo, todo el entramado institucional y, peor aún, todo el entramado social. En una reciente conferencia muy recomendable, Scarpinato documenta esta relación de proporcionalidad directa entre los crímenes impunes de los grandes y los crímenes penados de los pequeños, entre la grandilocuencia de la legalidad formal y la sordidez selectiva de la legalidad real, entre la corrupción, el capitalismo global y la desigualdad, tanto en términos económicos cuanto -deriva inevitable- jurídicos y penales. No es una casualidad -dice Scarpinato- que en los países nórdicos, mucho más igualitarios, más de un 80% de la población tenga confianza en la Justicia; ni que ese porcentaje descienda vertiginosamente a un 36% en Italia, a un 13% en Bulgaria y a un nihilista 3% en México. Scarpinato no ofrece datos para España, pero mucho me temo que andaremos mucho más cerca de Italia que de Noruega.

 En la conferencia citada, Scarpinato defiende con entusiasmo y sin esperanza el “patriotismo constitucional” y lo hace evocando la intervención del diputado Piero Calamandrei en la sesión de la Asamblea Constituyente del siete de marzo de 1947. Vale la pena reproducir parte de la pieza, tan chocante y hermosa para un español de mi edad y tan incomprensible y escandalosa para nuestros sedicentes “constitucionalistas” patrios. Dice Calamandrei en el acto de fundar la República social italiana: “Creo que nuestros descendientes sentirán más que nosotros, dentro de un siglo, que de nuestra Constituyente nació realmente una nueva historia: y se imaginarán que en nuestra Asamblea, mientras se discutía de la nueva Constitución republicana, sentados en estos escaños no estábamos nosotros, hombre efímeros cuyos nombres serán borrados y olvidados, sino todo un pueblo de muertos, esos muertos que nosotros conocemos uno a uno, caídos en nuestras filas, en las prisiones y en los patíbulos, en montes y llanuras, en las estepas rusas y en las arenas africanas, en mares y desiertos, desde Matteotti a Rosselli, desde Amendola a Gramsci, hasta nuestros muchachos partisanos. […] Ellos murieron sin retórica, sin grandes frases, con simplicidad, como si se tratase de un trabajo cotidiano que cumplir: el gran trabajo necesario para devolver a Italia la libertad y la dignidad. (…) A nosotros nos corresponde una tarea cien veces más llevadera: la de traducir en leyes claras, estables y honestas su sueño de una sociedad más justa y más humana, el sueño de una solidaridad que una a todos los hombres en esta obra de erradicar el dolor. Bastante poco, en realidad, piden nuestros muertos. No debemos traicionarlos”.

Es muy bonito que un alto magistrado invoque este discurso fundacional y no sólo lo defienda en su práctica profesional sino que esté dispuesto incluso a dar la vida por defenderlo. A tenor de esta cita puede entenderse muy bien lo que Scarpinato concibe como “patriotismo constitucional”; así como no puede dejar de entenderse su sombrío pesimismo y su desconsuelo. Combinando los datos que aporta en la mencionada conferencia sobre la relación entre corrupción, desigualdad y derecho, su defensa del “derecho a la fragilidad” como condición de la democracia y esta memoria viva de los muertos que “votaron” luchando por la justicia y la igualdad, no puede extrañar la conclusión lapidaria que el juez siciliano resume en Il ritorno del Principe: “El poder no está en el consejo municipal de Palermo. El poder no está en el Parlamento de la República. El poder está siempre en otro sitio. El Estado es para mí la Constitución y la Constitución ya no existe”. Scarpinato es un patriota constitucional al que han arrebatado la patria.

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En España, es evidente, los sedicentes “constitucionalistas” defienden un acto fundacional muy diferente: acto de desmemoria entre vivos que proyecta su larga sombra sobre nuestra crisis presente. Pero la tesis de -por ejemplo- el jurista Pérez Royo es muy semejante en sus conclusiones a la del juez Scarpinato: la Constitución española del 78, redactada por vivos olvidadizos y no por muertos resucitados, tampoco existe ya; la han matado los que la nombran sin parar. Incluso con todas sus limitaciones y pecados originales, podía haber dado mucho más de sí, sobre todo en términos socio-económicos, pero también a la hora de afrontar los retos territoriales pendientes. En Italia la Constitución antifascista del 47 la mató la convergencia hepática entre el Estado, la mafia y el neoliberalismo; en España la Constitución postfranquista de 1978 la ha asesinado la connivencia no menos intestinal entre el Estado, el franquismo y el neoliberalismo. La única manera de conservarla -la Constitución del 78- sería reformarla; pero no hay un solo reformista entre los sedicentes “constitucionalistas”: todos son elitistas radicales antipatriotas que prefieren la violencia, venga de donde venga, la suya propia y la del “enemigo”, antes que un poco (¡un poco!) de justicia, democracia y Constitución.