El decreto (in)seguridad: criminalizar la humanidad, castigar la resistencia

El gobierno de Liga y Movimiento 5 Estrellas ha llegado a su fin. Por fin, finalmente, se podría decir. En Italia, la vida es lo que pasa entre una crisis de gobierno y la otra, parafraseando el melancólico Schopenauer. Después de un año y dos meses se acaba la experiencia de un ejecutivo caracterizado por su imponente presencia mediática y su capacidad de callar las fuerzas de oposición. Independientemente de la orientación política, hay que subrayar los méritos comunicativos de unos, y los deméritos de los otros.

Los últimos días de vida del Gobierno se han caracterizado por un incremento constante de la presión por parte de la Liga sobre su aliado, el Movimiento 5 Estrellas. La rotunda victoria obtenida en las europeas ha invertido la relación de fuerza entre los dos partidos de gobierno, y Salvini ha tirado la cuerda hasta donde él ha querido. El líder del 5 Estrellas, Luigi Di Maio, ha sucumbido ante la (pre)potencia del ministro del Interior, arrodillándose ante él y encajando, sin apenas intentos de defensa, los últimos golpes. Si la divergencia sobre la prosecución de los trabajos del alta velocidad entre Turín y Lyon ha sido el pretexto para romper con su aliado, el objetivo político de la Liga se había alcanzado tan solo dos días antes, cuando el Movimiento 5 Estrellas ofreció (o mejor dicho, regaló) sus votos en el Senado para la aprobación definitiva del decreto seguridad bis. Un decreto que, por sus efectos, más bien debería llamarse "decreto inseguridad."

El decreto seguridad bis es una simple versión reforzada del primer decreto seguridad y que, como tal, tuerce ulteriormente el brazo a las ONG. Los efectos del último decreto inseguridad van a incidir fuertemente en la libertad de libre asociación y en el derecho a manifestarse. Veamos, punto por punto, empezando por lo más conocido: la limitación del tránsito de los barcos de rescate en el Mediterráneo y las fuertes restricciones a los flujos migratorios vía mar.

Marginalizando el Parlamento, cerrando fronteras

Hay dos novedades particularmente relevantes en el decreto inseguridad. La primera es el incremento de las sanciones administrativas a las organizaciones que operan en el Mediterráneo y que entran en aguas territoriales italianas sin la autorización del ministro del Interior. Así, el inquilino del Viminale (sede del ministerio del Interior) asume un preocupante poder discrecional -  independientemente de su color político -. En el texto, se pone de relieve que dicha facultad se podrá aplicar por razones de "orden" y "seguridad", condiciones extremadamente vagas que permiten una aplicación arbitraria de la normativa. Un poder que se va a ejercer sin el aval del Parlamento y que impide un control efectivo sobre la acción del ejecutivo. Hay que subrayar que el impacto de este punto concreto del decreto seguridad bis va más allá de esta tensión hacia la marginalización del poder legislativo.

La medida contiene una fuerte dosis de violencia, tanto física como simbólica. Por un lado, se legaliza el secuestro de personas por medio del cierre discrecional de la frontera marítima. No solo: las sanciones para los sujetos tanto físicos como jurídicos - es decir, las ONG - se pueden elevar hasta un millón de euros. Se incluye el secuestro preventivo del barco, con hasta la posibilidad de confiscarlo. Nótese bien: la normativa se aplica también a las personas que, estando fuera de las aguas territoriales italianas, rescatan personas en el mar. Por medio de la imposición de fuertes sanciones económicas y de una extensión hacia la esfera penal, se criminalizan los sentimientos de humanidad y la solidaridad.

Se podría decir, si vamos más a fondo, que se criminaliza solo a cierta parte de la humanidad (esta vez entendido no como sentimiento, sino como colectividad). Salvar al otro es aceptable solo si este no procede de África y Oriente Medio; solo si no es musulman; solo si compartimos rasgos y cultura. Criminalizando el sentimiento de la humanidad/humanitas hacia un colectivo definido por las características mencionadas, se pone otro ladrillo en la construcción del muro identitario, reforzando la idea de que hay vidas que cuentan menos que otras. En la construcción de este muro - tanto físico como imaginario -, la posibilidad de contactos se reducen, y así la capacidad de deconstruir esos estereotipos que polarizan: aquí, están los buenos. Ahí, están los malos. Y ellos, que están entre nosotros, son una amenaza para nuestra seguridad y para nuestra identidad.

Subrayo muchas veces el prenombre porque, en realidad, se invisibiliza instrumentalmente la amenaza a la seguridad de ellos. Al mismo tiempo, la identidad de los otros coincide cada vez más con el estereotipo propagado por el ministro del Interior y sus cómplices. No solo se eclipsa todo un bagaje cultural y social, sino que se sustituye con uno creado ad hoc para avanzar en el proceso de demonización del migrante: de víctima a verdugo; de desesperado a padre o madre inconsciente, que deja morir su progenie en el Mediterráneo. Según esta lógica, la muerte del migrante no es nada más que la merecida consecuencia de sus acciones.

Así, repetimos: hay vidas que valen menos que otras, y el decreto seguridad bis/decreto inseguridad actúa en esas múltiples vertientes, acelerando el proceso de deshumanización y de redefinición identitaria.

Decreto (In)seguridad: castigar la resistencia

Como se podrá imaginar, ante medidas radicales (que exacerban los contrastes identitarios y que polarizan la sociedad) el "riesgo" de una larga temporada de manifestaciones y contrastes es algo bastante previsible. Quizás, por esta misma razón, la segunda parte del decreto (in)seguridad pone un serio obstáculo al ejercicio del derecho constitucional de libertad de manifestación. Acorde al decreto, las sanciones administrativas dejan paso a las penales. En particular, en caso de choques con las fuerzas policiales, pueden caer hasta cuatro años de cárcel. Los mismos altercados que no comporten un ataque físico dirigido al cuerpo de las fuerzas del orden pueden ser sancionados tanto con una fuerte sanción administrativa que recaer en lo penal (con penas que van de uno a cinco años ).

También en este caso, la normativa deja mucho margen a la interpretación. Más allá de la efectiva capacidad del sistema judicial de sostener la carga de un fuerte incremento de juicios penales, el decreto seguridad bis busca un efecto de disuasión. Y esto es realmente grave: se busca disuadir a la población del ejercicio de un derecho democrático fundamental. En una primera lectura, parece que todos se vean afectados de la misma forma. Que haya "cierta igualdad de trato". Sin embargo, ¿qué puede producir, a lo largo del tiempo, la limitación de un derecho tan determinante en cualquier sistema democrático? Con un metódico proceso de intimidación, y a falta de una organización social y política sólida y vivaz, las voces de disenso se podrían difuminar, quedar dispersas. Se vuelven áfonas.

Por supuesto, cada instancia tiene su historia, su perspectiva ideológica, su segmento social y político de referencia. Ahí es donde el decreto seguridad vuelve a desdoblarse otra vez y donde se evidencian sus efectos asimétricos. Por un lado, se podrán demonizar ciertas manifestaciones a través del proceso de intimidación, que necesitará también de arrestos y su dosis moderada de violencia. Una violencia esencial: es decir, que instale el miedo (en unos) sin estimular excesiva indignación (en otros). Por el otro, las manifestaciones que llevan instancias bien recibidas por el Gobierno podrían tener un impacto mediático y político mucho mayor. En definitiva, en el medio y largo plazo, se podría producir una desmovilización de los sectores no afines al Gobierno. Tras la progresiva pérdida de los espacios públicos, de los espacios de la protesta y de la resistencia, se incentivaría la movilización de los "buenos manifestantes". La misma percepción de las luchas sociales quedaría distorsionada por la diferente capacidad de acceder al espacio de protesta.

Si la primera parte del decreto seguridad bis (disposiciones urgentes sobre los flujos migratorios) tendrá efectos inmediatos e inmediatamente visibles, no se puede decir lo mismo de la segunda sección (disposiciones en materia de orden público). Los efectos a largo plazo de la limitación al derecho a manifestarse no son fácilmente previsibles, en cuanto entran en juego unas cuantas variables: el color de los próximos gobiernos; el desarrollo de las luchas y las variaciones de intensidad; la estructuración y re-estructuración de los movimientos sociales y de las organizaciones políticas. A pesar de todas las variables que podrán influir en el futuro, sí se pueden detectar las ideas de fondo que han caracterizado este decreto.

Muy pronto, entre octubre y noviembre, Italia podría llamar sus ciudadanos a las urnas. Los italianos ya estamos acostumbrados, a las crisis de gobierno y a las elecciones anticipadas. Y sin embargo, en la próxima ronda, las fuerzas de extrema derecha (la Liga y Hermanos de Italia) podrían obtener mayoría absoluta. Y a eso no, no estamos acostumbrados, desde hace unas cuántas décadas. Jamás deberíamos volver a acostumbrarnos.