21 de octubre, Bolivia en la encrucijada

20 de octubre. Elecciones generales en Bolivia. Evo Morales Ayma, el primer Presidente indígena del país se somete a la reelección. La reelección, ese es justo el punto nodal de unas elecciones a las que el país indígena llega con cifras macro y micro económicas que firmaría cualquier mandatario de la región. La Bolivia de hoy es un país en el que dos de cada tres bolivianos saluda la gestión económica de su Gobierno, un país en el que la pobreza extrema se ha reducido del 38% al 15% durante el mandato de Morales, un país en el que el salario mínimo se multiplicó por cinco en trece años, escalando a 307 dólares, por encima del de países como Argentina, Perú, Brasil o Colombia.

Y aún así el resultado del 20 de octubre arroja un país dividido en dos, Evo Morales cuenta con el apoyo del 50% de la población mientras que la oposición, cuarteada, roza esta cifra aupándose desde su bastión en el oriente boliviano, en Santa Cruz. De nuevo 2007 en la memoria, un 2007 en el que se explicitó la fractura entre los kollas (los indígenas aymaras y quechuas del altiplano, mayoría absoluta en el país) y los k´aras, blancos y mestizos que habitan el oriente boliviano y las zonas de mayor poder adquisitivo de los centros urbanos.

El estrechamiento de la distancia entre ambos bloques, el aumento de la base electoral urbana de la oposición, las razones en definitiva de la erosión de parte de la confianza en el gobierno no se encuentra en el deterioro de las condiciones materiales de la población o en la subida de precios de servicios básicos, la chispa que incendió la pradera en Chile o Ecuador en este mismo otoño. En Bolivia los desafectos recientes con Evo Morales encuentran su justificación en la mala digestión del resultado del referendum del 21 de febrero de 2016 -en el que se consultaba sobre la reelección presidencial-. En un país con profundas raíces democráticas, conectadas con las formas de autoorganización comunitarias, un país con una ancestral cultura política de rotación del poder y control al líder, la controvertida gestión de aquel resultado dejó profundas huellas en una sociedad que ha dejado la precariedad económica atrás y paulatinamente incorpora horizontes postmateriales en su crítica política.

Sobre este único fundamento edificó la oposición su campaña electoral. “21-F Bolivia Dice No”, la bandera del candidato autonomista Óscar Ortiz. “Ya es demasiado”, la de Carlos Mesa, el principal opositor a Evo Morales, el que fuera vicepresidente con Sánchez de Losada durante las protestas de la llamada guerra del gas, durante el otoño negro de 2003, saldado con más de 60 muertos en El Alto, ciudad gemela a La Paz.

Carentes de proyecto económico confesable que oponer al exitoso modelo de Evo Morales la oposición cargó contra éste por el único flanco débil que presentaba, el de la salud institucional de su gobierno. Paradójicamente al tiempo que ponían en cuestión la calidad democrática del país adelantaban durante la última semana electoral que desconocerían los resultados. En la práctica, atenazados por la segura derrota, anunciada por la mayoría de las encuestas, la oposición boliviana buscaba su supervivencia en el conflicto y para lograrlo preanunciaba que optaría por la vía no democrática del desconocimiento a las instituciones electorales. El propio candidato Carlos Mesa horas antes del cierre de las urnas reiteraba su desconfianza hacia el Tribunal Supremo Electoral.

Las interrupciones del sistema de conteo rápido en la noche electoral hicieron el resto del trabajo para dotar de munición argumental a la oposición en su llamado al fraude.

Efectivamente, en la noche del 20 de octubre, la empresa Neotec, encargada por el órgano electoral del conteo rápido (y propiedad de Marcel Guzmán de Rojas, un empresario que no duda en manifestar públicamente su preferencia por Carlos Mesa) congeló el escrutinio con un 83% de las actas verificadas. Con esas cifras la victoria para Morales era sonora, mayoría absoluta en Congreso y Senado y victoria en las Presidenciales por más de 8 puntos. Aún así no alcanzaba para evitar una segunda vuelta electoral, ya que el sistema electoral boliviano establece la proclamación en primera vuelta solo en caso de superar el 50% de los sufragios o el 40% y una distancia de más de 10 puntos sobre el inmediato seguidor.

En el momento de la interrupción del conteo, el 17% de las actas pendientes de escrutar se correspondían con las zonas rurales, ubicadas en localizaciones remotas y de difícil acceso en un país de una extensión cuatro veces la de España e infraestructuras precarias. Los escasos dos puntos de distancia que separaban a Evo Morales de la victoria en primera vuelta dependían de una población que según todas las encuestas y según la experiencia electoral acumulada es abrumadoramente favorable a Morales. Efectivamente, mientras la distancia en el ámbito urbano entre Morales y Mesa se estrechaba a cifras de un dígito, en el ámbito rural esta se amplía a más de 20 puntos (44% a 21% según la última encuesta de CELAG).

Con esa conocida premisa no era difícil imaginar que esos dos puntos de distancia se licuarían durante la larga y tediosa noche de carga de los datos restantes. La oposición no quiso esperar. A solo unos meses de las elecciones municipales y autonómicas (departamentales aquí) su única fuerza argumental, su único pegamento para cohesionar voluntades heterogéneas a medio plazo es la polarización y el choque con el gobierno de Evo Morales, aún a sabiendas de que al hacerlo debilitan la confianza en la democracia boliviana y sus instituciones. Necesitaban dar continuidad a la bandera simbólica del 21F.

Pero esta decisión tiene consecuencias de fondo. La oposición de este país andino emprende un camino de no retorno al sumarse con su llamado a desconocer los resultados a una derecha continental que no duda en hacer añicos la frágil institucionalidad democrática de sus países si al hacerlo sirve a sus propósitos de toma o conservación del poder. La lista es larga: golpe a Zelaya en Honduras, destitución de Lugo en Paraguay, impeachment a Dilma Roussef en Brasil, encarcelamiento de dirigentes opositores en Ecuador…En todos y cada uno de estos casos, la Organización de Estados Americanos y la Secretaría de Estado de Estados Unidos remaron a favor de obra. Bolivia no iba a ser menos.

¿Y ahora qué?

El país amanece hoy con focos de protesta urbanos, calles cortadas por barricadas y tribunales electorales departamentales sitiados. En la jornada de ayer un grupo reducido de jóvenes se asentaba por unas horas frente a la sede de deliberación del alto tribunal en Plaza Bolivia, en pleno centro de la Paz. La oposición llama a movilizarse en su bastión del oriente boliviano y mientras las fuerzas sociales mayoritarias del país, la Central Obrera Boliviana (COB) y la Coordinadora Nacional para el Cambio (CONALCAM) hacen un llamado a respetar el resultado electoral, la victoria de Evo Morales.

En un país en el que el conflicto social sigue vivo en la memoria no es posible descartar un ciclo de conflictividad con expresiones callejeras centrado principalmente en el oriente boliviano. Pero sin duda el principal frente que debe atender el Gobierno de Morales es el internacional, desde el que se suministra gasolina para el conflicto interno.

Si la oposición consigue mantener el calor de sus reclamos y apoyo internacional hasta la toma de posesión del nuevo ciclo legislativo, el próximo 21 de enero, estaremos ante una prueba de fuego de su éxito para socavar al gobierno de Morales. Para la derecha boliviana esta fecha simbólica puede ser el antes y después de su estrategia desestabilizadora, que podría profundizarse en los comicios municipales del próximo marzo. Pero Bolivia no es Venezuela. La salud de su economía, las hasta ahora excelentes relaciones con sus países vecinos (excepto Brasil y Colombia) y la fortaleza de la base social del proceso de cambio, edificado sobre la inclusión de millones de indígenas otrora excluidos a posiciones de subalternidad en su propio país, hacen dudar de la longevidad de la estrategia opositora.

En cualquier caso en Bolivia se juega la siguiente partida del tablero latinoamericano. De un lado las fuerzas progresistas con su apuesta redistributiva en el continente más desigual del mundo. Del otro las fuerzas conservadoras de tradición autoritaria que a la vista de los resultados de las urnas parecen haberle declarado definitivamente la guerra a la democracia.

Entre tanto el Gobierno de los movimientos sociales como suele llamarlo el propio Presidente Morales también enfrenta una encrucijada. Si supera airoso la crisis propiciada por la oposición se enfrenta al duro reto de un último mandato en el que estará impelido a hacer correcciones de rumbo. Bolivia crece y distribuye, pero no basta, parecen decirle sus bases sociales. Existen nuevos reclamos postmateriales en el país -lucha contra la corrupción, políticas ambientales, ampliación de los mecanismos de control y participación democrática-, susurran desde los centros urbanos. Cinco años por delante y un nuevo reto para la pericia del hábil sindicalista cocalero devenido en el Presidente con mayores éxitos sociales y económicos del continente latinoamericano.