COP25: un balance provisional

Héctor Tejero (diputado de Más Madrid en la Asamblea de Madrid) y Emilio Santiago (militante de Más País)

Ahora que entramos en la fase decisiva de la COP25 merece la pena contextualizarla. El contexto espacial inmediato es una COP que se desarrolla en Madrid debido a la incapacidad del gobierno chileno de responder democráticamente a las legítimas protestas de su pueblo, en las que algo supuestamente menor, como la subida del transporte público, ha acabado derivando en la potencial apertura de un proceso constituyente en 2020.

En lo que respecta a las negociaciones climáticas internacionales, la COP25 es una conferencia, digamos, “de transición”, a la espera de la crucial COP26 que tendrá lugar el año que viene en Glasgow y en la que se afrontará la tarea clave de actualizar y dotar de mayor ambición a los compromisos adquiridos por las partes en el Acuerdo de París.

Sin embargo, la importancia de la COP25 radica en que 2019 ha sido un año clave en la lucha contra el cambio climático: empezó con movilizaciones juveniles masivas por toda Europa, se produjo la primera huelga global por el Clima, ha visto el surgimiento del liderazgo global de Greta Thunberg, tan carismático como atronador, y en el que muchos de los principales partidos progresistas del mundo han puesto diferentes versiones del Green New Deal en el centro de sus programas políticos.

Así, la COP25 se ha convertido en el símbolo de una frontera temporal de especial relevancia en la lucha contra el cambio climático: hoy se puede afirmar que los cuatro años que nos separan de la COP 21 en la que se firmó el famoso Acuerdo de París han sido los años de la explosión de la conciencia climática global. A partir del próximo mes de enero esta conciencia climática global, que llega tarde pero llega más fuerte de lo que hubiéramos esperado un lustro atrás, se someterá a una prueba histórica de enorme trascendencia para nuestra especie: según el consenso científico en 2020 comienza la década decisiva para que nuestras sociedades industriales mantengan la temperatura del planeta por debajo de umbrales tolerables. No significa esto que nos queden solo 10 años para luchar contra el cambio climático, pues este no es un problema de todo o nada. Pero si no corregimos sustancialmente el rumbo en el plazo de las próximas tres legislaturas, la tarea se dará a otro nivel: minimizar daños. Y lo que hoy se nos presentan como los efectos catastróficos de encaminarnos a un mundo más cálido (fenómenos extremos, sequías, desplazamientos de población, cosechas arruinadas) pronto dejarán de ser excepcionales para ir convirtiéndose en rutina.

Ahora bien,  las coloridas y masivas movilizaciones climáticas en 2019 contrastan con lo que realmente está pasando en los grises pasillos de la Zona Azul de la COP. Todos los observadores coinciden en que predomina una sensación compartida y creciente: la  frustración ante el bloqueo de las negociaciones climáticas. Los reveses se acumulan: en lo que respecta a presentar anticipadamente los planes nacionales de reducción de emisiones que se discutirán en la COP26; en la cuestión de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, con las naciones del Sur peleando por no cargar con un sobreesfuerzo inmerecido; en el incomprensiblemente paralizado Plan de Acción de Género, cuando son las mujeres pobres los sujetos más vulnerables ante el cambio climático; o en lo que respecta al aumento de la financiación para la adaptación de los países más vulnerables, que nunca llega.

Este desengaño anunciado refleja que, si bien la transición ecológica es un horizonte que está consiguiendo saltar tímidamente de los eslóganes a los hechos, que esta adopte criterios de justicia climática internacional ambiciosos solo entra por ahora dentro de la agenda de los movimientos sociales más conscientes, aún muy minoritarios en términos políticos. Recordemos que los peores efectos del cambio climático van a padecerlos aquellas sociedades que menos responsabilidad histórica tienen en las emisiones de GEI. Los habitantes de las zonas intertropicales configuran el segmento de humanidad que menos se ha beneficiado de la industrialización fósil y más va a sufrir su efecto boomerang. De hecho, el cambio climático supone una oportunidad perversa para revertir las transformaciones que, de un modo todavía muy precario e insuficiente, desde el fin de la II Guerra Mundial venían desmontando la arquitectura colonial de poder que ha dominado el globo el último medio milenio a beneficio de occidente.

El cambio climático es hoy el asunto político por excelencia. Por eso el futuro del clima depende tanto de lo que se está debatiendo en la zona azul de la COP25 en Madrid como de ese otro debate, por otros medios, que está teniendo lugar en las calles de Chile. Y esto no lo afirmamos solo por solidaridad con las movilizaciones justas del pueblo chileno, brutalmente reprimido por el gobierno de Sebastián Piñera. Sino por lo que estas tienen de ejemplares en la consecución de objetivos políticos de primera magnitud: lo que se dirime hoy en Chile es la correlación de fuerzas que va a guiar el desarrollo de un proceso constituyente. Esta es la escala política en la que tienen que darse muchos de los cambios que precisamos. Nadie discute que sin el empuje de la gente, de la sociedad civil en todas sus formas, la batalla contra la emergencia climática la vamos a perder. La política es más que el Estado. Pero nos jugamos demasiado para caer en el espejismo ideológico que padecieron los movimientos antiglobalización en el cambio de milenio, que perdieron el Estado de su punto de enfoque: toda política climática realista pasa necesariamente por el Estado y, a través del Estado, por las instituciones supranacionales. Porque el Estado, a pesar de todas sus contradicciones y sus límites, es a día de hoy una institución insustituible en la tarea que marcará a nuestra generación: contener el catastrófico impacto de un neoliberalismo desatado contra un planeta finito.