Una vivienda segura para vendar nuestras heridas

Thomas Ubrich

Nunca es deseable estar enfermo. Pero hay enfermedades que, desafortunadamente, para muchas personas todavía se consideran enfermedades vergonzantes (y no me refiero a las enfermedades venéreas).

Alguien que ha sufrido un infarto no duda en hablarlo con su familia, contando incluso los detalles más pequeños de la intervención que ha sufrido para remediar la situación. Muchas víctimas de cáncer harán lo mismo, mientras que a veces mantienen cierta incomodidad. Pero no ocurre así si lo que tiene la persona es depresión, si tiene el sueño muy alterado o un sentimiento de agobio para disfrutar de las actividades comunes de cada día. Es decir, si lo que sufre es una enfermedad mental, leve o grave, esta persona tendrá el reflejo de aislarse, de no hablar con nadie, ni siquiera con su familia.

No lo hacemos a nivel individual, pero el tabú viene además reforzado por una sociedad que ni ve, ni quiere ver. Pese a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, a través del Relator especial, que enfatiza la necesidad y las obligaciones de los Estados de crear y mantener entornos propicios que sean parte de la salud, la salud mental sigue desempeñando el papel de “Cenicienta” de la salud mundial.

Sin embargo, esta realidad no es baladí: los datos son contundentes. Según la Encuesta Nacional de Salud, en 2017 una de cada diez personas (10,8%) ha sido diagnosticada de algún problema de salud mental y el 6,7% de ansiedad crónica, afectando más a mujeres (9,2%) que a hombres (4%). Estarían sin contabilizar, además, los casos sin diagnosticar y los casos de ansiedad puntuales. En Provivienda, queremos visibilizar esta realidad de la población más vulnerable ante el acceso y mantenimiento en la vivienda.

Hemos analizado qué ocurre cuando el estigma de tener problemas de salud mental se asocia al estigma de vivir en una casa en malas condiciones, en la que no se puede encender la calefacción, o vivir en la cuerda floja y sufrir un desahucio. Específicamente, con el informe Cuando la casa nos enferma II, al igual que el año pasado, demostramos que el derecho a la salud y el derecho a la vivienda están íntimamente conectados entre sí y, por tanto, deben ser abordados conjuntamente.

Afirmamos que el problema estructural de vivienda en España, en particular, la intrínseca carencia de vivienda pública, así como el persistente contexto de crisis de asequibilidad y de accesibilidad a la vivienda -situaciones que se han profundizado con la Gran Recesión de 2008, como es el caso de los casi siete de cada diez desahucios practicados, que son de personas que viven de alquiler- está vulnerando no sólo el derecho a la vivienda, sino también, el derecho a la salud.

La encuesta realizada ad hoc para esta investigación, a más de 1.200 personas, ha permitido cuantificar lo que ya era manifiesto a través de los relatos recogidos de las personas en situación de vulnerabilidad residencial beneficiarias de nuestros programas: malvivir en la calle o sin vivienda propia, o bien entre las cuatro paredes desconchadas de una vivienda insegura, puede desembocar en el empeoramiento de indicadores como la situación económica, el estado de salud, la experiencia de soledad, la carencia de relaciones sociales o la mala salud mental. Concretamente, las personas con problemas de vivienda tienen hasta diez veces más riesgo de tener mala salud (el 12,4%) que la población en general (1,1%) y presentan dos veces más un malestar grave a nivel emocional y psicológico (el 38,4% frente al 19,9%).

Además, los datos evidencian que no todos los tipos de hogar o formas de convivencia acceden a una vivienda digna en igualdad de oportunidades, ya que la población con mayor vulnerabilidad residencial percibe su situación significativamente más negativa. Algunos hogares, atravesados por circunstancias determinadas, acumulan mayores factores de vulnerabilidad ante la posibilidad de acceder a una vivienda adecuada y de gozar de un nivel saludable de bienestar psicológico. Ser mujer, tener algún tipo de discapacidad, ser madre con la custodia exclusiva de sus hijos e hijas, vivir solo o experimentar soledad no deseada son tantas realidades que se vinculan con una menor calidad de vida y bienestar.

Este es por ejemplo el caso de Suraya, una mujer que vive sola con su hijo de nueve años en una habitación alquilada en una casa compartida. Su itinerario residencial es un camino plagado de zancadillas como resultado de la discriminación múltiple que padece. Primero por ser mujer, luego por ser madre sola, por tener más de 50 años y no encontrar trabajo, y también por ser marroquí y llevar el pañuelo. Reconoce que ella y su hijo acuden ahora al psicólogo para recibir apoyo y tratar de aliviar su angustia. Pero Suraya lamenta que si supiéramos poner nombre a las cosas, podríamos evitar que determinadas situaciones se agraven. Pregunta de manera casi retorica, pero con arrebato: “¿Por qué tenemos que llegar a tener que ir al psicólogo, cuando el problema es la casa?”.

En Provivienda, también consideramos que no se puede seguir mirando para otro lado. Los Derechos Humanos como la vivienda, la salud o la protección social deben ser considerados “derechos de primera” en la Constitución Española, tal y como dictaminan Naciones Unidas. No existe una solución única y fácil, pero sí tenemos claro que pasa por desarrollar una buena política de vivienda para proteger la salud y el bienestar de la población más vulnerable; y para ello es fundamental la implicación de todas las instituciones y los agentes sociales.

Para dar respuesta a los malestares residenciales de los más vulnerables es preciso intervenir desde una perspectiva interdisciplinar: el trabajo y la educación social, el urbanismo y la arquitectura responsable, pero también desde la atención primaria y la salud mental, con una perspectiva comunitaria reforzada.

Debe impulsarse una política de vivienda inclusiva y un paquete de medidas urgentes que garanticen la equidad en la vivienda, a través de una mayor financiación y la aprobación de una Ley de Vivienda que garantice su función social. Necesitamos de una política que trate a cada persona en función de lo que necesite con el fin de mitigar las desigualdades que existen a priori; una política que incluya la perspectiva de género en todas las etapas de su puesta en marcha, que sea capaz de proteger a las personas y familias de las situaciones de vulneración del derecho a la vivienda, especialmente en el caso de las familias con niños, niñas y adolescentes.

En definitiva, la vivienda es una pieza fundamental para la mejora de la calidad de vida, la salud y el bienestar de las personas. Cuando las personas están dañadas por las circunstancias de la vida, trabajar desde la vivienda es construir un hogar, proporcionar un espacio de recuperación y cuidado en el que transformar otras esferas de la vida de las personas.