OPINIÓN

El tratamiento de la memoria histórica en el ‘nuevo acuerdo para España’

  • Tras los acontecimientos del último año, echamos de menos en el documento un compromiso explícito de culminar la resignificación democrática del Valle de los Caídos
  • De cualquier modo, el problema fundamental sigue siendo la pervivencia de la impunidad de los crímenes del franquismo

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Arturo Peinado Cano, presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria

A expensas de un análisis colectivo más profundo y extenso que tendremos que realizar las diferentes organizaciones del movimiento social por la recuperación de la memoria histórica y de víctimas del franquismo, podemos hacer las siguientes consideraciones, como valoración inicial del acuerdo de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos.

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Ciertamente se trata de un avance con respecto a lo existente. No podía ser otra la intención de los autores de un programa al que se ha llamado de "Coalición progresista. Un nuevo acuerdo para España". Sin embargo nos parece insuficiente, poco ambicioso, y creemos que no recoge más que superficialmente las propuestas que los colectivos memorialistas y los organismos internacionales de derechos humanos han venido haciendo al Estado español. Entendemos que la parquedad de espacio que ocupa el tema dentro del conjunto del programa (6 párrafos) impide mayor concreción y desarrollo, pero en lo que se ha presentado subyacen elementos preocupantes.

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Valoramos positivamente la Declaración del 8 de Mayo como día de reconocimiento a las víctimas del Exilio (y la Deportación). En cambio, sobre la propuesta de una “Declaración del 31 de octubre como día de recuerdo para todas las víctimas del franquismo”, que ya se recogía en las Proposiciones del PSOE de Ley de Memoria Histórica de 2017 y de Reforma de la vigente Ley (Julio de 2019), es evidente la nula significación simbólica, política y emotiva de ese aniversario para las víctimas del franquismo (la aprobación en 1978 del borrador de la Constitución por las Cortes Generales).

Creemos que se ha optado por la celebración de una efeméride de segundo nivel de la Transición, en vez de una fecha realmente significativa de la resistencia contra los golpistas durante la guerra, de la represión franquista, o de la lucha clandestina contra la dictadura, con el fin de no dar a la conmemoración una "excesiva" relevancia. Esperemos que se corrija esta decisión durante la acción de gobierno y se designe finalmente una fecha realmente significativa, como por ejemplo: la matanza de Badajoz, la Desbandá, el bombardeo de Gernika, las cinco últimas ejecuciones del franquismo...

La parquedad y ambigüedad del apartado dedicado a la exhumación de fosas comunes (así como algunas iniciativas de las fuerzas firmantes durante las últimas legislaturas), nos hace temer que se pretenda perseverar en el modelo establecido por la Ley de Memoria de 2007: un sistema de gestión privatizada de las exhumaciones, inhibiéndose al Estado de sus obligaciones, transfiriéndolas a familias y asociaciones, y negando explícitamente el derecho a la Justicia de las víctimas.

Una fosa común del franquismo constituye, antes que cualquier otra cosa, un conjunto de pruebas de crímenes cometidos en aplicación de un plan explícito de exterminio del enemigo político. En consecuencia, esperamos de las fuerzas que aspiran a formar gobierno, que esta iniciativa se plasme finalmente en un plan estatal de exhumaciones a cargo de la administración de justicia impulsada por una fiscalía especializada en la investigación de crímenes del franquismo, procediendo a la investigación de los delitos de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y demás agresiones a los derechos humanos.

Apoyamos el compromiso de “retirar la simbología franquista de los lugares públicos y prohibición de la exaltación y enaltecimiento del franquismo en lugares de acceso público”, aunque esta última frase nos parece preocupantemente ambigua. Hasta ahora la retirada de la simbología franquista sólo se ha producido donde los responsables institucionales han manifestado inequívoca voluntad política, dada las ambigüedades e insuficiencias de la Ley de Memoria de 2007.

Por otra parte, la frase, "Del mismo modo, estudiaremos todas las vías legales para retirar las condecoraciones y prestaciones asociadas, concedidas a personas que protagonizaron actos criminales no juzgados durante el franquismo", parece una muestra de humor negro: ningún crimen franquista ha sido juzgado en el franquismo, y lo que es mucho peor, en democracia. Y por otra parte, que la única consecuencia para los autores de crímenes contra la humanidad vaya a ser la retirada de las condecoraciones y prestaciones asociadas, muestra tanto la vigencia de la impunidad del franquismo como una escasa ambición por parte de los firmantes.

Valoramos también como una mejora importante la propuesta de anular "las condenas y sanciones...". Es un gran avance con respecto a la Ley de Memoria de 2007, y alguien debería dar explicaciones sobre porqué se puede hacer ahora, sin mayor problema, lo que al parecer en 2007 ponía en peligro la seguridad jurídica y los cimientos del sistema democrático.

También el texto tendría que haber dejado claro que se refiere exclusivamente a las condenas emitidas por los tribunales y consejos de guerra franquistas, y no englobarlo todo en el término "Guerra Civil", para deslegitimar también las sentencias y resoluciones emitidas por los instituciones democráticas y plenamente legales de la República Española. Además, es completamente insuficiente ilegalizar las condenas pero no declarar ilegales los tribunales y los consejos de guerra franquistas.

Sobre las propiedades y el estatus de la familia Franco, opinamos que es necesario naturalizar una situación propia de un país democrático: la rendición de cuentas y eliminación de privilegios de la familia de dictador aún con 44 años de retraso. Creemos que es indispensable empezar por la constitución de una comisión parlamentaria para:

  • Que investigue la herencia recibida por la familia Franco tras la muerte del dictador.
  • Que investigue el origen de los bienes, participaciones empresariales y propiedades actuales de la familia Franco.
  • Que investigue todos los títulos de propiedad, así como los documentos de adquisición, si los hubiere.
  • Que audite e investigue las declaraciones de impuestos, así como los posibles beneficios o exenciones fiscales obtenidos por los herederos de Francisco Franco y de su esposa.
  • Que analice los resultados de las inspecciones fiscales (en el caso de que se hayan hecho) a la viuda de Franco y a sus herederos.
  • Que investigue las actuaciones de las instituciones que, una vez en democracia, han propiciado el incremento patrimonial de la familia Franco, incluyendo las recalificaciones urbanísticas de las que se han beneficiado.

Los trabajos de la Comisión parlamentaria tendrían que desarrollarse con la máxima publicidad y transparencia. Y la documentación estudiada, así como las conclusiones de los trabajos de la Comisión deberán de ser de acceso público.

Tras todos los acontecimientos del último año, echamos de menos en el documento un compromiso explícito de culminar la resignificación democrática del Valle de los Caídos, que de ningún modo puede sustentarse en el “Informe de Expertos sobre el Valle de los Caídos” de 2011. Entendemos que esta resignificación debe partir de la desacralización del Valle con la salida de los monjes benedictinos, así como del cambio del estatus jurídico del mismo.

Como conclusión, si bien saludamos los elementos que suponen un avance en positivo, debemos expresar nuestra preocupación por las insuficiencias en algunos puntos del documento, y por diversos posicionamientos, en nuestra opinión, seriamente desencaminados. De cualquier modo, el problema fundamental sigue siendo la pervivencia de la impunidad de los crímenes del franquismo, algo que sólo podrá superarse con iniciativas políticas y jurídicas muchos más ambiciosas.

En primer lugar, la ratificación por el Estado español de la "Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad" de 1968; en segundo lugar, con una declaración de nulidad de la Ley de Amnistía de 1977, que viene siendo aplicada a los crímenes del franquismo por los jueces invariablemente, desde su promulgación, como una ley de punto final. Asimismo, se debería impulsar la única vía abierta hasta el momento de investigación de los crímenes del franquismo: el robo de bebés.

Venimos defendiendo en el marco del "Encuentro Estatal de memoria histórica y de víctimas del franquismo", que sólo una Ley Integral de Víctimas del franquismo, que iguale a éstas en reconocimiento jurídico y de derechos con otros colectivos de víctimas para las que el Estado español ha legislado convenientemente, puede llevar al cumplimiento de las obligaciones del Estado español con el Derecho Internacional y los Derechos Humanos.

Esperamos que el movimiento social por la recuperación de la memoria histórica y de víctimas del franquismo, con su probada capacidad de propuesta y de movilización pueda favorecer la corrección durante la acción del futuro gobierno, de algunas de las propuestas y líneas de actuación que acabamos de conocer.

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