La Junta de Andalucía y la publicidad machista: oportunidades perdidas y oportunidades doradas

La Junta de Andalucía ha vuelto a salir a la palestra por sus exóticas veleidades de innovación gráfica y audiovisual. A la polémica por la variación del escudo de Andalucía se le suma esta semana un mensaje difundido por la Consejería de Salud y Familias en las redes sociales. En él puede verse una ilustración que, bajo el eslogan “Somos equipo”, presenta en primer plano a un agente (varón) de policía nacional rodeando de manera más o menos coactiva a una mujer que representa al personal dedicado a trabajos sanitarios y de cuidados. Es tan evidente la imagen de sumisión femenina a la virilidad y de división sexista de roles que no merece ni el calificativo de metáfora. 

A mi modo de ver, la imagen de la consejería incurre hasta en tres de las causas recogidas por el Decálogo para identificar la Publicidad Sexista, la guía oficial elaborada por el Observatorio contra la Publicidad Sexista, un organismo perteneciente al Instituto Andaluz de la Mujer. En concreto, la imagen del policía-hombre y la sanitaria-mujer “fomenta modelos que consolidan pautas tradicionalmente fijadas para mujeres y hombres, tanto en el ámbito personal como profesional” (punto 2). Simultáneamente, la escena “invisibiliza los deseos y voluntades de las mujeres y de las niñas, mostrando como ‘natural’ de ellas los deseos y voluntades de otras personas” (punto 4). La estampa, en la que un policía fornido rodea con su brazo a una sanitaria sutilmente emplazada a un lugar secundario, “muestra a las mujeres y a las niñas en una posición de inferioridad y dependencia, sin libertad ni capacidad de respuesta y de elección” (punto 3).

La Consejería ha salido al paso de las críticas depositando la responsabilidad en una ilustradora aficionada que, al parecer, ha cedido desinteresadamente la viñeta. La explicación institucional no puede ser más mezquina, pues imputa a una tercera persona (“una joven andaluza” de la que sólo se sabe el nombre de pila) la difusión de un mensaje gráfico socialmente controvertido y que podría tener consecuencias legales. Obviamente, el criterio de determinación de la responsabilidad apunta a quien acepta, promueve y difunde imágenes sexistas, es decir, a la Consejería de Salud y Familias. En modo alguno atañería a esa dibujante que cedió su obra sin contraprestación, sin intención política y, posiblemente, sin un conocimiento muy preciso sobre las interpretaciones que suscitaría la viñeta una vez redimensionada por su uso institucional.

Ha sido la Consejería y, con ella, el gobierno autonómico, quienes han incurrido en lo que la legislación andaluza considera publicidad ilícita o prohibida. La ley 12/2007, de promoción de la igualdad de género en Andalucía, define dicho tipo de publicidad en su artículo 57 como aquella que, entre otras cosas, incorpora imágenes o anuncios “que presenten a las mujeres de forma vejatoria”. Según el mismo precepto, se da esta vejación contra las mujeres cuando se presenta “su imagen asociada a comportamientos estereotipados que vulneren los fundamentos de nuestro ordenamiento”. Entre esos fundamentos destacan la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, que están consagrados por la Constitución (artículos 9.2 y 14) y el Estatuto de Autonomía para Andalucía (artículos 10.2, 15 y 38).

Según el artículo 4.10 de la mencionada ley de igualdad de género, los poderes públicos de Andalucía deben actuar conforme a una serie de principios generales, entre los que se encuentra la “adopción de las medidas necesarias para eliminar el uso sexista del lenguaje, y garantizar y promover la utilización de una imagen de las mujeres y los hombres” que esté “fundamentada en la igualdad de sexos”. Esa horizontalidad debe proyectarse, recalca la norma, “en todos los ámbitos de la vida pública y privada”.

La ley establece varias herramientas para revertir este tipo de situaciones. No las contenía en su redacción original, la de 2007. La ley de promoción de la igualdad de género en Andalucía fue aprobada sin un procedimiento sancionador que la convirtiera en algo más que una mera declaración de intenciones. Para impulsar su carácter obligatorio, su fuerza de ley, fue reformada mediante la ley 9/2018. Esta segunda ley fue aprobada el 8 de octubre, al filo de las elecciones que llevarían a Juan Manuel Bonilla a la presidencia de la Junta con el apoyo de C’s y Vox. En aquel momento, el PSOE-A celebró la ley como un gran avance en materia de igualdad. Sin embargo, no llegó a ser aplicada en los dos meses de gobierno socialista que restaban antes de que las elecciones de diciembre expulsaran a Susana Díaz de San Telmo. Lo cierto es que la ley no ha llegado jamás a ser aplicada, según datos oficiales proporcionados por el Consejo Audiovisual de Andalucía.

Lo importante es saber que, desde 2018, hay dos mecanismos legales para contener y erradicar la publicidad machista en Andalucía: una reprimenda blanda y otra dura. La primera de ellas es la acción de cesación, prevista en el artículo 66. En virtud de ella, el Instituto Andaluz de la Mujer y cualquier asociación que persiga como objetivo único la “defensa de los intereses de las mujeres” puede instar al cese de la publicidad ilícita que utiliza la imagen femenina “en forma vejatoria”. A su vez, el Consejo Audiovisual de Andalucía está legitimado para pedir a los anunciantes y empresas audiovisuales tanto el cese como la rectificación de esa publicidad. En este sentido, el Consejo Audiovisual puede actuar por iniciativa propia o a instancia de las partes interesadas. Volviendo al caso que nos ocupa, esta vía podría traducirse en la retirada de la imagen de las redes sociales y demás canales de difusión que hayan sido empleados por la institución implicada, pero también en la publicación de una imagen o mensaje que disculpe la publicidad prohibida y repare la imagen de las mujeres.

Hay un segundo mecanismo más contundente: la reprimenda dura. El artículo 77.c) define como infracción muy grave el uso de “un lenguaje discriminatorio o la transmisión de mensajes o imágenes estereotipadas de subordinación de las mujeres a los hombres o de desigualdad entre ambos sexos en los medios de comunicación social de Andalucía”. Según el artículo 85.4, el Consejo Audiovisual de Andalucía es el órgano encargado de imponer alguna de las sanciones previstas en el artículo 80.3. Además de una multa de considerable envergadura, que recuerda a las que se imponen al hilo de la ley estatal de seguridad ciudadana (de 60.001 hasta 120.000 euros), podría sumársele una sanción complementaria. En cualquier caso, la graduación de la sanción debe atender a los criterios de ponderación que figuran en el art. 81: naturaleza y gravedad del perjuicio ocasionado, intencionalidad, trascendencia social o relevancia de los hechos, etc.

La polémica en torno a la ilustración invita a hacer varias reflexiones que trascienden el caso concreto. Donde hay oportunidades perdidas, hay oportunidades de oro.

En primer lugar, queda constatado que las derechas gobernantes actualmente en Andalucía han emprendido una estrategia de implantación de sus códigos, referentes y símbolos. No es casual que la Junta se haya servido de la imagen del cuerpo de Policía nacional (sustraído a su esfera competencial) para lanzar un mensaje institucional con un claro sesgo político. La difusión de la imagen no se entiende sin la alteración ilegal del escudo de Andalucía. Y vendrán más, ya que forman parte de una misma manipulación identitaria con fines políticos partidarios, como ha expuesto Jesús Jurado en cuartopoder. Quiebran, con ello, dos consensos básicos en la democracia. Por un lado, el consenso democrático en torno a la necesidad de reconocimiento y expansión en libertad de la identidad andaluza. Por otro, el consenso alrededor de la lucha por la igualdad de género.

En segundo lugar, han quedado de manifiesto los riesgos de la legislación florero. La ley de promoción de la igualdad de género en Andalucía entró en vigor hace trece años. El dato irrefutable de su nula aplicación no quiere decir que hayan faltado los casos flagrantes de publicidad denigrante para las mujeres (pública o privada). Al contrario, refleja la indefensión de muchos de los mecanismos legales que pugnan por la igualdad para hacer frente al machismo. Si se recuerda que esto fue paliado formalmente por la reforma de 2018, puede extraerse otra conclusión. La igualdad es un imperativo constitucional y estatutario demasiado serio, demasiado necesario, como para que unos partidos u otros puedan diluirlo en sus campañas de marketing electoral sin ningún interés, luego, de llevarla a la práctica. La legislación florero hace una pésima alianza con el paroxismo de instituciones, entes y asociaciones que están llamadas por ley a defender la causa de la igualdad de las mujeres, en este caso aplicando o impulsando la aplicación de la ley. En este punto, la crítica me parece válida respecto al feminismo institucional y, aunque en menor medida, al feminismo que se jacta de no serlo.

Por último, pero no menos importante, la escuálida vida de la ley andaluza de promoción de la igualdad de género saca a flote un tercer problema: el de los límites, pero también las posibilidades, del Estado autonómico. Este problema interpela de lleno a las personas que nos sentimos vinculadas por los imperativos morales y jurídicos de igualdad entre mujeres y hombres, y de unos y otros entre sí. El patrimonio constitucional de Andalucía es rico en instrumentos para avanzar hacia un modelo más justo de sociedad. Es urgente que exploremos el potencial emancipador que supondría la aplicación real de las leyes autonómicas. Es urgente que seamos consecuentes con la autonomía plena que el pueblo andaluz fue capaz de conquistar contra viento y marea. Es preciso reafirmar esa voluntad de seguir siendo un pueblo que responde a un nombre de mujer recordando a nuestras instituciones de autogobierno que son ellas las primeras que deben cumplir y hacer cumplir con nuestros derechos y principios básicos.