¿Necesitamos impuestos sobre la riqueza? Ayuso, el dumping fiscal y las desigualdades

Hace apenas una semana, el día 25 de noviembre, Esquerra Republicana de Catalunya validaba el acuerdo con el Gobierno español del PSOE y Unidas Podemos que desencallaba la aprobación de los primeros presupuestos estatales desde el año 2018. Ahora bien, en los últimos días, uno de los múltiples puntos de este acuerdo ha centrado la atención política y mediática: la creación de un grupo de trabajo para acabar con las prácticas de dumping fiscal impulsadas por la Comunidad de Madrid.

En la presentación de este punto del acuerdo, el coordinador nacional de ERC, el vicepresidente Pere Aragonès, mencionó la necesidad de acabar con la «competencia desleal» de Madrid en el ámbito fiscal, e hizo hincapié en una figura tributaria controvertida: el impuesto sobre el patrimonio.

La eliminación de este impuesto y, en general, de los impuestos que gravan la riqueza o la transmisión de esta ha sido uno de los grandes caballos de batalla de la derecha neoliberal en las últimas décadas. Y es en el marco de esta guerra cultural que hay que entender, en parte, la reacción de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Muchas de las personas que lean este artículo habrán escuchado decir en algún momento que impuestos como el de patrimonio o el de sucesiones y donaciones son injustos porque suponen una penalización al ahorro y el esfuerzo de la clase media (de la que, aparentemente, todo el mundo forma parte) o, todavía peor, una penalización a la muerte. ¿Ahora bien, tienen algún tipo de sentido estos impuestos?

El patrimonio (riqueza), la clase social y la herencia

En su obra El capital en el siglo XXI, Thomas Pikkety identifica dos grandes fuerzas que, según él, favorecen «el ensanchamiento y amplificación de las desigualdades». Una es el proceso de divergencia en la distribución de las rentas (lo que él denomina «distanciamiento de los mejor remunerados»), y la otra es el proceso de convergencia de la riqueza o «acumulación y concentración de los patrimonios». A pesar de que estas dos fuerzas actúan a nivel global, en el ámbito europeo parece que lo que se estaría consolidando con más intensidad sería el segundo fenómeno. Veámoslo.

En el Estado español, como en todos los países más desarrollados de la UE, no existe una distribución equitativa de la renta. Así pues, y según datos de Eurostat para el 2019, el 10% de la población con más renta disponía del 24,1% de toda la renta del país; por el

contrario, el 40% de la población con menos renta disponía tan solo del 19,3% de toda la renta. ¿Esto qué significa? Si consideramos que la renta total del Estado español fueran 100€, y que tuviéramos un total de 100 habitantes, las 10 personas con más renta tendrían 2,41€ para cada una de ellas, mientras que las 40 personas con menos renta dispondrían de tan solo 0,48€ para cada una.

Ahora bien, a pesar de que esta desigualdad pueda parecer elevada, la que se observa en el ámbito del patrimonio o riqueza netos (una vez descontadas las deudas) es todavía más flagrante. Según el informe Inequalities in household wealth across OECD countries: Evidence from the OECD Wealth Distribution Database, con datos de 2015, el 10% de los hogares más ricos del Estado español disponían del 45,6% de toda la riqueza neta; por el contrario, el 40% de los hogares con menos riqueza disponían tan solo del 6,9% de toda la riqueza. Por lo tanto, de nuevo, si consideramos que la riqueza neta total del Estado español fueran 100€, y que tuviéramos un total de 100 hogares, los 10 hogares más ricos tendrían 4,56€ para cada uno de ellos, mientras que los 40 hogares con menos riqueza dispondrían de 0,17€ para cada uno.

¿Qué impacto tiene la riqueza y cómo está distribuida? En primer lugar, la riqueza influye directamente en la capacidad de pago de los individuos que disponen de ella. Así pues, más allá de la renta, la riqueza (el patrimonio) proporciona a las personas «seguridad, influencia, poder social, independencia, menor necesidad de ahorrar y acceso a mejores oportunidades, de modo que aquéllos en quienes concurran estas circunstancias están en mejor predisposición de pagar impuestos», tal como asegura Enrique Fuentes Quintana en el libro Hacienda pública. Principios y estructura de la imposición.

En segundo lugar, la riqueza influye indirectamente en los sucesores de aquellas personas que la poseen, a los cuales garantiza la transmisión de la posición de clase mediante la herencia. En este sentido, varias investigaciones han hecho hincapié en el hecho de que la riqueza heredada por los hogares sirve de predictor del estatus económico de las generaciones futuras. A modo de ejemplo, el informe de la OCDE mencionado anteriormente para el año 2015 muestra que alrededor de un 35% de los hogares españoles con menos renta, y alrededor de un 40% de los hogares con más renta, recibieron alguna herencia. Sin embargo, mientras la herencia media del 20% de hogares con menos renta no llegó a los 50.000$, la del 20% de hogares con más renta rondó los 175.000$, una diferencia del 250% o, lo que es lo mismo, de 3,5 veces.

El porqué de los impuestos de patrimonio y de sucesiones

¿Es justa esta desigualdad que observamos en la distribución de la riqueza? Para responder esta pregunta hace falta, quizás, formular otra: ¿de dónde proviene la riqueza? El extenso estudio elaborado por Thomas Piketty nos ofrece una respuesta: «las riquezas provenientes del pasado progresan mecánicamente más deprisa, sin trabajar, que las riquezas producidas por el trabajo, y a partir de las cuales es posible ahorrar». Dicho de forma más sencilla, más allá del mito del emprendedor, deificado en la figura de Bill Gates, las desigualdades creadas en el pasado se transmiten al presente y al futuro a través de la herencia de la riqueza. Por lo tanto, si el objetivo de la sociedad es el de mitigar estas desigualdades y asegurar una mínima igualdad de oportunidades, la existencia de impuestos que graven la riqueza y su transmisión no es una opción, es un deber.

En esta línea, varias investigaciones han puesto de manifiesto que el impuesto sobre el patrimonio neto se convierte en un instrumento imprescindible para corregir los déficits que tiene el IRPF para lograr la máxima progresividad. Esto es así porque este impuesto permite a la sociedad conocer con más detalle las rentas de las que disponen sus individuos, en este caso a través del patrimonio que potencialmente las genera, y hace más difícil ocultar estas rentas del capital. A su vez, esta información tan detallada sobre la riqueza de los individuos se convierte en imprescindible en el momento en el que esta riqueza tiene que ser traspasada a sus herederos, para favorecer la transparencia y la tributación adecuada (de Pablos Escobar, L. Alternativas a la supresión del impuesto sobre el patrimonio, Universidad Complutense de Madrid, 2009).

De forma complementaria, y por un motivo similar al de patrimonio, el impuesto sobre sucesiones también acompaña al IRPF en cuanto al gravamen sobre las rentas del capital, puesto que ayuda a mejorarlo, en este caso mediante el sometimiento a tributación de algunas de las fuentes desde las que se originan estas rentas del capital, en concreto las provenientes de las transmisiones gratuitas. Al mismo tiempo, este impuesto complementa el impuesto de patrimonio en el sentido de que grava la dimensión dinámica del patrimonio y no la estática, es decir, «la transmisión gratuita de los elementos que componen ese patrimonio o el conjunto de todos ellos» (Barberán Lahuerta, M. A. El comportamiento del impuesto sobre sucesiones y donaciones ante los principios básicos de la imposición, Revista asturiana de economía, n.º 32, 2005).

En definitiva, en un mundo en el que avanzamos hacia una concentración del patrimonio y donde las desigualdades del pasado seguirán jugando un papel muy relevante para explicar las desigualdades del presente, no podemos renunciar a las posibilidades que ofrecen los impuestos sobre la riqueza para garantizar la equidad, así como un sistema fiscal eficiente y redistributivo, ya que ello constituye uno de los pilares fundamentales de la confianza de la ciudadanía en el sistema democrático.

Como es obvio, hay que adaptar esta imposición a la realidad que nos rodea, que en el caso del Estado español conlleva tener en cuenta la descentralización del sistema político, pero hay que garantizar, a la vez, la ecuanimidad del sistema fiscal hacia el conjunto de los contribuyentes. Porque un sistema fiscal injusto e inequitativo no beneficia a los madrileños en detrimento del resto de ciudadanos de las otras CCAA, sino que tan solo beneficia a la élite madrileña, también en detrimento de los madrileños con menos recursos. Tal como declaró Pere Aragonès, «no estamos pidiendo que se castigue a la clase trabajadora madrileña, sino que los ricos que están residiendo fiscalmente en Madrid paguen lo que toca». Así de sencillo y, a la vez, así de complejo.