El debate sobre la productividad del trabajo

Manuel Garí y Fernando Luengo, economistas

Hay cuestiones recurrentes. En cada ocasión que baja la rentabilidad de las empresas y muy particularmente tras la crisis de 2008, el discurso sobre la necesidad de aumentar la productividad del trabajo vuelve, como las oscuras golondrinas, y se convierte en un mantra. Con toda seguridad, podemos pronosticar que tras los devastadores efectos de la pandemia sobre la economía (y, por supuesto, sobre la salud de las personas), y ante la amenaza de la Unión Europea (UE) que anuncia formalmente que condiciona las ayudas comunitarias a la realización de las reformas pendientes -entre otras, una nueva vuelta de tuerca en la “flexibilización del mercado de trabajo”- conoceremos un capítulo “déjà vu”, pero no imaginario sino real. Habrá presiones gubernamentales, empresariales y mediáticas para que, de nuevo, se identifique y centre la productividad total -indicador compuesto por la productividad laboral y la eficacia del capital- exclusivamente en la productividad por persona ocupada convirtiendo el trabajo en la única variable de ajuste.

Buena parte de los informes que pretenden dar cuenta de los desafíos que enfrentan nuestras economías coinciden en señalar el problema de la débil productividad del trabajo; todos coinciden en que esta presenta una tendencia a su desaceleración o su insuficiente crecimiento. Tomando, como ejemplo, los datos ofrecidos por la Oficina Estadística de la Unión Europea (EUROSTAT), se observa que, en el grupo de países de la UE15, antes de las ampliaciones, durante la década de los 90 del pasado siglo su crecimiento fue inferior al 2% anual, apenas superó el 1% en los años comprendidos entre 2000 y 2007, y se situó por debajo de ese umbral entre 2008 y 2009, para entrar en registros negativos en el año que acaba de concluir. Por tanto, el avance del indicador “productividad del trabajo”, esencial en el discurso mainstream, es claramente insatisfactorio tanto para las patronales como para las instituciones económicas estatales y europeas.

Casi siempre, el debate económico se centra -queda encerrado, más bien- en analizar los factores que explican esta desfavorable trayectoria y en las políticas que sería necesario aplicar para revertirla. No es nuestra intención entrar ahora en ese debate, que, en todo caso, debería integrar, entre otros factores, la atonía de la actividad inversora, la oligopolización de las estructuras empresariales, la hipertrofia de la industria financiera, la formidable concentración de la renta y la riqueza, el sesgo tomado por las denominadas reformas estructurales y el fracaso de las políticas de austeridad salarial y presupuestaria. Todos ellos apuntan a la esencia misma del capitalismo neoliberal, dominante desde hace décadas.

Pero la “problemática de la productividad” presenta otras derivadas sobre las que es imprescindible poner el foco. Al menos, dos dimensiones deben ser tenidas en cuenta en este asunto. Hay que partir, en primer lugar, de algo tan básico como la definición misma del parámetro “productividad del trabajo”, que relaciona el Producto Interior Bruto (PIB) (en el numerador) y la cantidad de trabajo necesaria para generarlo (en el denominador).

El PIB es el término agregado que refleja el valor de la producción bruta obtenido a lo largo de un determinado periodo de tiempo, menos los insumos intermedios necesarios para generar esa producción, todo ello valorado a precios de mercado. Quedan fuera de este indicador, en consecuencia, aquellas actividades para las que no existe ese precio de mercado; el ejemplo más claro al respecto es la cadena de reproducción y cuidados que se produce en el seno de las familias, sostenida en buena medida en el trabajo invisibilizado y no pagado realizado en su mayor parte de por las mujeres. Sin este trabajo, que supera en horas el estrictamente mercantil, ninguna economía podría sobrevivir; una parte de ese trabajo, que tampoco está adecuadamente recogido en el PIB, lo realizan las mujeres inmigrantes, mal pagadas y a menudo sin contrato laboral.

La otra carencia del PIB que hay que destacar tiene que ver con las consecuencias que el modo de producir y consumir del capitalismo tiene sobre la degradación de los ecosistemas, la pérdida de biodiversidad, la contaminación de las aguas, la erosión de los suelos, las emisiones de dióxido de carbono, el agotamiento de los recursos naturales, el cambio climático… y un largo etcétera de efectos asociados a la lógica depredadora del sistema capitalista. Aunque ha habido algunos intentos de poner un precio a algunos de estos aspectos, con el objetivo declarado de racionalizar su uso, el fracaso es evidente, como revela que todos los indicadores relativos al estado del planeta han empeorado. Nos encontramos, pues, con la paradoja de que, atendiendo a los criterios de la contabilidad nacional estándar, podría crecer el PIB y de hecho ha crecido, incurriendo en costes crecientes; perpetuando el papel subalterno de las mujeres, extrayendo masivamente recursos naturales escasos o contaminando las aguas de los mares y de los ríos.

El aumento del PIB continúa siendo el eje sobre el que pivotan la mayor parte de las políticas económicas llevadas a cabo por gobiernos conservadores o progresistas. Su mantenimiento como pieza central de la contabilidad económica solo se puede entender porque condensa, mantiene y refuerza la lógica productivista sobre la que se sostiene, de manera cada vez más precaria, el capitalismo.

Siguiendo con la definición convencional de la productividad laboral, centrándonos ahora en el denominador, que quiere expresar el trabajo necesario para obtener el producto, también conviene hacer algunas precisiones. El aumento de la productividad, por trabajador ocupado o por hora trabajada, puede deberse a causas muy diversas: la introducción de tecnologías intensivas en capital que permiten mantener o acrecentar la producción ajustando a la baja la plantilla, esto es, despidiendo a una parte de los trabajadores. También se puede conseguir a través de la intensificación de los ritmos de trabajo y la prolongación de la jornada laboral, pactada o no pactada, con horas extraordinarias pagadas o no pagadas. Las “mejoras” de la productividad obtenidas de esta manera, de esto sabemos mucho en la economía española, en modo alguno pueden considerarse social o económicamente deseables.

En todo caso, con lo comentado hasta ahora estamos hablando de aumento, desaceleración o estancamiento de la productividad laboral. Es necesario introducir, además, el tema de la distribución de esta, un asunto verdaderamente decisivo para el funcionamiento de las economías y para las políticas de igualdad.

La trayectoria de las últimas décadas ofrece un panorama caracterizado simultáneamente por leves aumentos de la productividad laboral, como se ha indicado anteriormente, y una distribución desigual de la misma que ha penalizado a las rentas del trabajo frente a las del capital; a lo largo de ese período, en la UE15 la participación de los salarios en la renta nacional se ha reducido en más de dos puntos porcentuales. A su vez, en cada empresa, el recorte de costes salariales no se traduce en una bajada de precios. La mayoría social ve por tanto mermada su situación tanto por la pérdida de peso, cuando no reducción en términos absolutos, de la masa salarial como también por la vía del encarecimiento relativo o absoluto de los precios.

De modo que nada garantiza un reparto equitativo de las ganancias de productividad, que depende en lo fundamental de las políticas económicas aplicadas y, en definitiva, de la correlación de fuerzas entre las clases sociales en disputa; mucho menos en una situación -que la pandemia indudablemente está agravando, pero que en realidad es un rasgo estructural del capitalismo neoliberal- donde las instituciones redistributivas se han erosionado y las corporaciones las han ocupado en su propio beneficio. Merecen, en este sentido, una mención preferente las sucesivas reformas de los mercados de trabajo, las cuales, apelando a las virtudes de la flexibilización de las relaciones laborales, en realidad pretendían desregularlas para debilitar la capacidad de negociación y presión de los trabajadores y de las organizaciones sindicales. Podemos afirmar que la desregulación en curso y por venir abarca un conjunto de medidas e instrumentos encaminados a restablecer el beneficio empresarial pese a la ralentización del aumento de la productividad total. El aumento de la desregulación sustituye al de la productividad.

Resumiendo. Lo hasta ahora expuesto permite deducir que en estas condiciones el aumento de la tasa de beneficio se hace depender de nuevas agresiones a la biosfera y de que los salarios reales bajen o se incrementen a una velocidad inferior al de la productividad del conjunto de los factores, el agregado de la del trabajo y de la eficacia del capital. Nos parece que, en efecto, la trayectoria seguida por la productividad supone un importante desafío. Pero este desafío no se deriva tanto de su debilidad o insuficiente crecimiento, como de la lógica económica, social y material que lo sostiene. Desde esta perspectiva más amplia, no cabe reproducir las recetas tradicionales, donde la innovación tecnológica y la recuperación del crecimiento ocupan un lugar estelar en un relato marcadamente productivista. Se necesita con urgencia una visión radicalmente distinta, que sitúe la actividad económica en el territorio más amplio de la sostenibilidad y de los cuidados, y que ponga en el centro la distribución equitativa de los recursos, los trabajos, la renta y la riqueza, la vida y las personas, en definitiva.