La pólvora (mojada) del rey

Julio C. Fuentes Gómez *

Lo primero que me vino a la cabeza hace unos meses cuando se empezó a hablar del recorte del gasto público es la pésima influencia que ha ejercido la política al extenderse por las Administraciones Públicas, a las que ha trasladado su inestabilidad y predisposición al vaivén.

En rigor, ya no puede hablarse de Administraciones Públicas, porque la única (y a duras penas) que conserva los principios que dieron lugar a su configuración actual es la del Estado. Basta con mirar la proliferación de fundaciones, entidades y sociedades que seleccionan su personal como quieren, contratan como quieren y otorgan las subvenciones que apetecen. A ellos se suman observatorios de todo tipo, duplicaciones de cuantos servicios ya presta el Estado (evaluación de medicamentos, organismos de competencia, institutos de meteorología, agencias de protección de datos, servicios en el exterior…).

Una institución que debe caracterizarse por la estabilidad se ha vuelto coyuntural. En época de vacas gordas vimos pasar meros órganos administrativos a secretarías de Estado, con varias direcciones generales, sus subdirecciones. Ahora hemos visto desaparecer direcciones generales bien consolidadas y mantenerse otras cuyo sentido es más que discutible. El ahorro conseguido es más bien escaso y se va a provocar un desbarajuste administrativo nada pequeño.

Hoy recibimos la noticia del recorte de un 5 por 100 del sueldo de los funcionarios. Desconocemos la letra pequeña, pero de nuevo vemos que el hacha se clava en la carne de los funcionarios de la Administración del Estado, los de más solera, profesionalidad y dedicación sin duda. De las estructuras burocráticas de las regiones, provincias y municipios no hemos oído nada, de los contratos de asistencia técnicas tampoco.

Continuando con los silencios, de los asesores o de contratados de “alta dirección”, casi todos de procedencia ajena a la Administración, no tenemos noticia. De las subvenciones perfectamente prescindibles porque nada aportan al desarrollo nacional, tan sólo al de los ineficientes (económicamente) agraciados no se sabe nada. El coste de los liberados sindicales parece que tampoco resulta conveniente airearlo a la opinión pública…

Unido a la bajada de sueldo de los funcionarios públicos se anuncia una supresión de subdirecciones generales en la Administración del Estado, que vendrá a tensionar más nuestra organización y suponer un nuevo golpe a nuestra carrera profesional.

Si de verdad se quisiera poner coto al desorden de lo público habría de avanzarse en sentido contrario al que se viene haciendo y necesitamos un Estado con fuerza suficiente para poner las cosas en su sitio. Lo primero que necesita la Administración es de funcionarios profesionales e independientes. ¿Se pueden imaginar la presión que sufren los funcionarios responsables de la gestión económica de los distintos Ministerios? ¿Qué pasaría si estos funcionarios pudieran rechazar muchos de los gastos que se les proponen: viajes sin sentido –si no se saben idiomas se lleva también un traductor-, asistencias innecesarias, televisiones para asesores, facturas de compras…?

Segundo, la Administración sigue pendiente de una reforma que no consiste en crear nuevos organismos o agencias (como propone el exministro Jordi Sevilla), que escapan a todo y retribuyen muy por encima que los Ministerios. Antes al contrario se deben suprimir muchos de esos organismos y devolver competencias a los Ministerios, que las Direcciones y las Subdirecciones responsan a cometidos reales y no se creen al modo de las comisiones napoleónicas (para aquello de eternizar los problemas). Y dentro de esos órganos atribuir responsabilidad con sentido y con los incentivos que siempre se nos niegan. Esa falta de incentivos es lo que ha justificado desde hace ya algunos años la proliferación de asesores que acaban sin tener un cometido claro y gabinetes de transmisión de noticias que podrían ahorrarse alguna escala.

Tercero, se ha de acabar con las veleidades de las comunidades autónomas, cuya estructura no debiera duplicar a la del Estado. España no puede financiar 17 consejerías de sanidad ni de educación,… La planta de las consejerías es absurda y debiera sustituirse por un servicio de gestión presupuestaria, contratos, informática y personal. La legislación autonómica, en buena medida inconstitucional o contraria al Derecho de la Unión Europea, ha venido a amparar una burocracia absurda.

Cuarto, la administración local debe también cambiar de rumbo. Posiblemente no podemos permitirnos financiar 8.000 ayuntamientos y menos el sobrecoste de sus corruptelas.

Con este panorama, que nos digan que nos bajan el sueldo nos parece una arbitrariedad más. El propósito debe ser hacer una Administración ajustada a la realidad, menos manipulable en su estructura y con ello más controlable en el gasto. En definitiva, una Administración más justa con los ciudadanos y con los propios funcionarios.

(*) Julio C. Fuentes Gómez es presidente de la Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.