La ministra Salgado impide el teletrabajo

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La Administración pública en España está siendo objeto de múltiples estudios para mejorar su funcionamiento, al mismo tiempo que está siendo cuestionada por parte de la sociedad, en función de campañas que rechazan la propia existencia de la misma. En este contexto, se sigue hablando históricamente, ya desde Larra, de que se necesita un cambio estructural que limite el tamaño en algunas áreas, que cambien las estructuras de poder y que la eficiencia y la productividad se apropien del comportamiento mayoritario de los trabajadores.

Todos estos esquemas, indefectiblemente, pasan por una nueva forma de gobernanza que, a la luz de la realidad actual, no puede liderar la elite administrativa actual ya que ésta básicamente ansía copar las plazas de mayor retribución, intercambiándose entre la alternancia política. Esta elite, que claramente no sintoniza con los cargos medios, ni por supuesto con los grupos de menor graduación, lejos de gobernar el conjunto de la Administración, se encargan de ser el gobierno político de facto, eso sí en la sombra, haciendo creer a la ciudadanía que quien realmente gobierna es el partido político ganador de las elecciones.  Este debate, que se escapa al objeto de este artículo, tiene una gran enjundia entre politólogos y abre un gran dilema sobre quién ejerce realmente el gobierno: las elites administrativas, muy influidas por los grandes grupos empresariales, o la oligarquía política que, en el caso de la izquierda, siempre juega en terreno ajeno, y parte de un miedo atávico a tomar decisiones.

En un momento en el que España está acometiendo, aparentemente, grandes reformas,  parece que ahora tampoco toca acometer en profundidad un cambio drástico en la Administración, que se podría resumir en cuatros grandes ejes. En primer lugar, el diseño del tamaño y composición óptimo, en segundo lugar, fijar los objetivos y catalogo de puestos de trabajo, en tercer lugar la fórmula de acceso que reduzca los fallos de mercado, la asimetría de información, así como evitar lo que se denomina el free rider, y por último, acercar realmente la administración electrónica al ciudadano y propugnar un verdadero cambio cualitativo y cuantitativo en la organización del tiempo de trabajo.

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Es en este último punto donde me gustaría centrarme, a partir de una experiencia que surgió en el Ministerio de Administraciones Públicas a iniciativa de Jordi Sevilla. Esta iniciativa consistió en seleccionar a un grupo de personas para poner en práctica un elemento clave para mejorar la productividad de los empleados públicos, como es el teletrabajo. Esta fórmula debería ser una prioridad dentro del conjunto empresarial, público y privado, obviamente allí donde se pueda. Formaría parte de la denominada administración electrónica, pero tendría también otra finalidad esencial como sería la conciliación de la vida personal  y profesional. Este aspecto, muy poco tenido en cuenta por parte de las empresas públicas y privadas, redunda en una mayor productividad, calidad de vida, menor absentismo laboral y menor gasto sanitario.

La experiencia piloto tuvo como gran objetivo favorecer un mayor grado de conciliación de la vida laboral, familiar y personal, permitiendo a los trabajadores/as un mayor grado de flexibilidad temporal y autonomía en la organización de la actividad laboral, a través del teletrabajo. Este objetivo debía cumplirse siguiendo una metodología que garantizase en todo momento un cumplimiento adecuado, por parte de los trabajadores de sus responsabilidades, así como el mantenimiento o mejora del servicio ofrecido a la ciudadanía. La evaluación del trabajo por objetivos, frente a la jornada presencial, como criterio básico de productividad, resulta un instrumento básico en este sentido. El proyecto trató de extender su espectro de aplicabilidad al mayor número de personas y tareas, dirección u organización, técnicas administrativas o atención al público. Esta experiencia, además, pretendía liderar un movimiento que nos debería llevar a homologar los horarios de trabajo con Europa, cambiare los hábitos laborales y primar a los trabajadores ms productivos con métodos más objetivos.

Los resultados para el conjunto de expertos fue muy positivo, pero sobre todo fue una experiencia muy valiosa para los trabajadores, mejoró la productividad, aumentó la felicidad y el bienestar personal de los trabajadores públicos y especialmente se puso de manifiesto que este es uno de los caminos inescrutables para mejorar la productividad, eliminar gastos y reducir la contaminación, entre otros factores. Los trabajadores expresaron su deseo de poder rotar los días hábiles para teletrabajar,  ampliar el periodo del programa piloto (90 días), y también que el sistema informático fuese mejorado. Pero en conjunto supuso un cambio drástico en la percepción del trabajo, en la valoración de la motivación del trabajador y sobre todo en el tratamiento de un elemento clave como es la conciliación.

La sorpresa, y también la indignación de muchos, entre los que me incluyo, vino cuando la hoy ministra de Economía accedió al cargo en Administraciones Públicas. Una de sus primeras medidas fue suspender, y no renovar, este proyecto de Teletrabajo, alegando que solo lo habían solicitado mujeres. Este hecho rompió un principio de mejora clara en la productividad pública, también aniquiló el liderazgo público en la lucha contra el absentismo laboral, mejoras en la conciliación y devolvió al viejo  dogma de la jornada presencial como fórmula magistral  y única de organización del tiempo de trabajo. Esto demuestra cómo las mejoras o los avances dependen en demasía de las decisiones unipersonales, y a veces caprichosas, de personas que no entienden, ni digieren, que tus antecesores/as pueden haber hecho muy buenas cosas.

En conclusión, la Administración española ha dejado pasar una ocasión única de liderar una verdadera revolución, y objetivamente una reforma estructural de mucho más calado que otras, como es el cambio del paradigma de la organización del tiempo de trabajo presencial. Las reducciones de costes, de contaminación, de espacios, la mejora de la calidad de vida, motivación y productividad, no fueron suficientes para convencer a la hoy vicepresidenta primera del Gobierno. Habrá que esperar a que otros/as lo retomen antes de que sea tarde.

(*) Alejandro Inurrieta es concejal socialista en el Ayuntamiento de Madrid y colaborador de la Fundación Ideas.

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