¡Feliz 14 de abril!

Hugo Martínez Abarca *

Hasta 1931 los republicanos españoles celebraban el 11 de febrero como su fiesta, el día en que conmemoraban la llegada de la Primera República con la esperanza puesta en la llegada de la Segunda. Lo consiguieron tras cincuenta y ocho conmemoraciones y proclamaron la Segunda República el 14 de abril de 1931. Como la Primera, la Segunda República no suponía exclusivamente la caída del monarca y la elección democrática de la jefatura del Estado sino un cambio profundo de cimientos sociales y políticos. Hoy los republicanos españoles celebramos el 80º aniversario de aquel 14 de abril y también lo hacemos con la vista puesta en la futura III República, para la que hoy falta un año menos.

La izquierda española tiene un chollo con la República. Puede haber mucha gente que no quiera monarquía, que piense que, siendo o no prioritario, no hay por qué pagar la existencia de una familia privilegiada a la que constitucionalmente se sitúa al margen de las leyes, cuyo presupuesto no es fiscalizado y que tiene la mala suerte de haber entablado estrecha amistad con cuanto corrupto ha acabado en la cárcel (Mario Conde, Javier de la Rosa, Prado y Colón de Carvajal...). Pero mucha de la gente que comparta tal obviedad se negaría a usar como reclamo la bandera tricolor, la republicana ni el resto de símbolos del republicanismo español porque sus implicaciones son mucho más profundas que la mera sustitución de un monarca por un ciudadano electo.

La República en España es un chollo porque nadie ignora que no es sólo una reivindicación para la jefatura del estado. En España sabemos al ver a alguien con una bandera republicana o poniendo el himno de Riego que detrás hay un conjunto de reivindicaciones mucho más amplias y que van a la raíz de los conflictos que han lastrado a este país durante siglos. Sin decir más, sabemos intuitivamente que quien porta la bandera republicana está reivindicando mayor justicia social, el cese de todo privilegio, radicalismo democrático que incluya la democratización de la economía, soluciones al problema territorial mediante un Estado federal, separación del Estado de toda Iglesia, apuestas por la sanidad y la educación pública y laica, pacifismo activo... Sabemos que la bandera republicana se asocia a aquellos valores, libertad, igualdad y fraternidad que fueron esperanza para el mundo y cuya reivindicación en España siempre ha sido frustrada por la rancia alianza conformada por la aristocracia económica y la cúpula eclesial siempre amparadas por la Corona.

Todos esos valores emancipatorios tienen en España factores de cohesión incluso emocional de los que carecen otras izquierdas del mundo. Hay una simbología (bandera e himno claramente identificable) y una memoria colectiva cada vez más presente que permiten una identificación sencilla del proyecto político compartido y facilitan la movilización por un cambio que no es sólo de fachada. Los grandes proyectos políticos tienen mucha más capacidad movilizadora si generan una identidad colectiva. Los nacionalismos y las religiones lo tienen sencillo. Estos elementos (simbología y memoria) ponen en bandeja a la izquierda española generar esa identidad colectiva que aporte tanta fuerza movilizadora como sería necesaria para que se produzca el profundo cambio político, social, económico y ético que precisa este país.

Estos últimos han sido los años en que el edificio de la Transición se ha mostrado más rígido para abordar los problemas que supuestamente sólo se habían aplazado a la muerte de Franco y que ya no son postergables.

La crisis económica ha destapado una gravísima crisis de la soberanía popular. Los parlamentos han pasado a un segundísimo plano, como se demostró al organizar en Moncloa ese Consejo de Ministros paralelo en el que Botín dictaba cuánto había de durar la legislatura: la evidencia de que el pueblo español no se gobierna a sí mismo sino que está dirigido por la aristocracia económica nunca había sido escenificada con mayor obscenidad. La generalización de la corrupción es de tal gravedad que todas las encuestas dan como problema de la ciudadanía a los dirigentes políticos: esos que deberían defender lo público, en vez de usarlo para fines privados.

Mientras, se produce la insólita petición del Ayuntamiento de Madrid y su Comunidad Autónoma de que se prohíba una celebración pagana porque podría resultar ofensiva para los católicos en una exhibición teocrática que no se recuerda en España desde el nacional-catolicismo. En éstos últimos años también se ha aumentado la financiación pública de la Iglesia Católica (esa que hace más de 30 años se comprometió a tender a la autofinanciación: otro problema postergado entonces que resulta irresoluble) y el gobierno ha renunciado a una Ley de Libertad Religiosa que tampoco parecía  apostar por la separación Iglesia-Estado. Por tímida que fuera la reforma, tampoco ese logro ha sido posible. Tampoco los problemas territoriales han encontrado solución con las instituciones de la Transición como muestra la frustrada reforma estatutaria en Cataluña. Más allá de si el contenido del Estatuto gusta más o menos, es evidente que se ha agravado un problema territorial cuando Cataluña expresa en su Parlament y en referendo popular una voluntad y tal no se cumple por decisión de un Tribunal. No cuestiono aquí la legitimidad del rechazo ni la idoneidad del estatuto, sino que constato que el problema territorial sigue sin solución.

Con todo, desde la perspectiva humanitaria, lo más humillante de estos últimos años ha sido la agresividad con la que se ha consolidado la impunidad de los crímenes franquistas y el mantenimiento en las cunetas y fosas comunes de miles y miles de seres humanos asesinados. Un sistema que no puede permitirse enterrar con dignidad a las víctimas de una dictadura y rechazar institucionalmente un genocidio fascista es un sistema que éticamente ha colapsado.

La Transición se ha convertido en un régimen incapaz de solucionar problemas históricos del pueblo español, un régimen que frustra cualquier tímido intento de modernización, de justicia social y de democracia avanzada. Hoy vemos que el único país de Europa que puede enseñarnos una alternativa al secuestro de los pueblos por los poderes financieros es Islandia. Y para ello ha sido imprescindible que el pueblo islandés se apropiara de las decisiones cruciales y, mientras se elabora desde abajo una nueva constitución, se impide mediante reiterados referendos la voluntad de los sucesivos gobiernos de que se entregue el país a los banqueros, puestos en búsqueda y captura.

La apuesta por una democracia radical, por el progreso económico, la defensa de nuestro medio natural, la justicia social, la renuncia a la guerra como instrumento de política internacional, la emancipación son la apuesta por la soberanía popular, por recuperar para nosotros y nuestros descendientes un país actualmente secuestrado por los de siempre. En otros países eso puede sonar a compleja abstracción, pero aquí cuenta con toda una simbología y una memoria común que puede facilitar la movilización en torno a una identidad colectiva republicana que ponga de acuerdo, incluso emocionalmente, a muchos proyectos políticos diferenciados dentro de la izquierda pero que saben que hay cambios profundos irrenunciables que caben en un proyecto común.

No es sólo que queramos la llegada de una república. Lo que consideramos urgente es un conjunto de profundos cambios sociales, políticos y éticos y a eso le llamamos III República.

¡Feliz 14 de abril!

(*) Hugo Martínez Abarca es secretario de comunicación interna de Izquierda Unida-Comunidad de Madrid y autor de Quien Mucho Abarca, premio 20blogs 2010 al mejor blog de actualidad.