La reforma constitucional y la Gran Coalición

Francisco Serra

Un profesor de Derecho Constitucional, al regresar de sus vacaciones, se sintió como un extraño en su propia casa, tropezaba con los muebles, no encontraba las cosas, le parecía que todo había cambiado de sitio. Al conectar el ordenador para conocer los acontecimientos que habían sucedido en su ausencia, descubrió con estupor que los dos grandes partidos habían decidido, sin ningún anuncio previo, cambiar un artículo de la Constitución, sin duda para plegarse a las exigencias de la Unión Europea. Cuando el profesor era niño, el régimen de Franco aprovechaba el descanso veraniego para subir el precio del pan, el café, el metro. Ahora, en apenas unos días, Zapatero y Rajoy se habían puesto de acuerdo para emprender una reforma del texto constitucional, que no había sido planteada ni debatida en los agitados años de la última legislatura.

El texto concreto de la propuesta apenas era significativo, ya que nada garantizaba que pudiera cumplirse y no consistía más que en una fórmula retórica, encaminada, como luego descubrió el profesor en las declaraciones del propio Zapatero, a calmar a los insaciables mercados. Lo único realmente importante era que, por primera vez, se hacía mención expresa a la Unión Europa, estableciendo el sometimiento de la política económica a los objetivos de aquella. El propósito de la reforma que se iba a aprobar de manera tan apresurada no debía ser otro que el reconocimiento explícito de la sumisión del Estado español a una organización, que era la que ostentaba el verdadero poder y que, no por casualidad, empezó llamándose “mercado común”.

Ya desde hace tiempo se ha señalado que el documento que llamamos Constitución no siempre constituye la verdadera Constitución, no es más que una “hoja de papel” que en ocasiones no coincide con la Constitución “material”, los factores reales de poder. En el mundo presente el verdadero poder es el económico y de ahí que la Constitución económica, aunque no consista más que en un conjunto de fórmulas vagas, sea en realidad casi más importante que la Constitución política.

El profesor, navegando por la red, tuvo conocimiento de que se estaban preparando diferentes iniciativas para proponer que la reforma fuera sometida a referéndum y se adhirió a ellas y dejó a mano las deportivas, listas para acudir a las próximas manifestaciones, pero en el fondo pensó que esa consulta popular se había realizado ya. Cuando se aprobó por amplia mayoría la llamada Constitución europea de alguna manera se estaba legitimando cualquier tipo de intervención por parte de un poder no sometido a reglas, como es el poder económico europeo. Aunque ese documento nunca hubiera entrado en vigor, la “Constitución material europea” ya llevaba mucho tiempo surtiendo efecto, sin establecer una auténtica separación de poderes ni unos procedimientos rigurosos de control.

El acuerdo de los dos grandes partidos, que se fraguó, parece ser, en una llamada telefónica del Presidente del Gobierno al jefe de la oposición, no era más que una muestra de la política actual, absolutamente opaca, en la que el Parlamento se limita a escenificar la aprobación de medidas que han sido con anterioridad decididas por quien  tiene el poder real y que solo con la reforma a la que se va a proceder en los próximos días va a aparecer en el texto constitucional: la Unión Europea, el “mercado común europeo”.

Lo único que se deja en manos de los Estados miembros es el modo de llevar a cabo la implantación del nuevo orden económico y en España parece haberse optado  (como ya había apuntado uno de los más sagaces comentaristas políticos) por una implícita “gran coalición” entre los dos grandes partidos, de la que la urgente aprobación de la reforma constitucional no es más que un ensayo general. El malestar de Rubalcaba se debe a que es consciente de que Zapatero, y con él el PSOE, se han decidido por un entendimiento forzado con el Partido Popular. El aún candidato del Partido Socialista guardaba tal vez la esperanza de aglutinar en torno a su figura a todos los grupos minoritarios, en el caso de que Rajoy no obtuviera la mayoría absoluta en las próximas elecciones generales. Al desairar a los pequeños partidos de ámbito estatal y a los partidos nacionalistas, por no haberles hecho partícipes de su propuesta, la iniciativa de Zapatero ha tornado casi imposible cualquier clase de consenso para emprender la necesaria reforma de otros apartados de la Constitución.

En vez de un nuevo consenso, pensó el profesor, lo que se está preparando es una “gran coalición” entre los dos partidos para, a través de unos supuestos “pactos de Estado”, introducir profundas modificaciones en la “Constitución material” y, quizás, también  en la “Constitución formal”. Si ese acuerdo se produce, es probable que el Partido Popular no se obstine en alterar de modo sustancial los derechos individuales que se habían reconocido en los primeros tiempos del gobierno de Zapatero, a cambio de que el Partido Socialista acepte un mayor recorte de los derechos sociales, aunque escenifique una airada repulsa.

El profesor, entristecido ante estas cavilaciones, se calzó las deportivas y salió a la calle.