El asesinato de dos mujeres periodistas alarma a la capital mexicana

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Varias personas observan los cuerpos -cubiertos con mantas- de las dos periodistas asesinadas, que fueron hallados este jueves en un jardín del sureste de Ciudad de México. / Miguel Badillo (Efe-Stringer)

En México el rubro de muertes violentas tiene dos subsectores muy llamativos y muy reveladores: el los periodistas y el de las mujeres. En el caso que nos ocupa hoy, el asesinato de dos mujeres periodistas en el Distrito Federal, ambos se entrecruzan en un acontecimiento que iguala, si no supera, el horror reciente de los 52 muertos del Casino Royal de Monterrey, en el norteño estado de Nuevo León.

Ana María Marcela Yarce Viveros, fundadora del semanario Contralínea, y Rocío González Trápaga, periodista freelance, ambas de 48 años, aparecieron muertas en un parque de Iztapalapa, un extenso barrio al sureste del Distrito Federal. El caso parece ser un asunto más relacionado con los “feminicidios” que asolan México que con un atentado a periodistas por su labor informativa, estimaba el viernes el diario La Jornada, mientras que El Universal se refería fuentes policiales para citar el robo como causa del asalto. Pero pueden coincidir ambas cosas: asesinadas por ser mujeres y por ser periodistas. Quién sabe, porque ambas habían recibido amenazas por sus informaciones sobre el narcotráfico.

La muerte de ambas, de las que ahorro detalles truculentos, vuelve a poner encima de la mesa las estadísticas de asesinatos de mujeres y de periodistas, subsumidas en el tremendo recuento de violencia del sexenio del presidente Calderón, al que aún le queda un año de gobierno y de guerra al narcotráfico, que tiene un resultado provisional de unos 50.000 muertos.

De esos, muchos corresponden a lo que el poeta Javier Sicilia, cabeza visible del Movimiento por la Paz y la Dignidad, denomina “muertes colaterales”. Es decir, aquellos ciudadanos que, sin comérselo ni bebérselo, mueren en episodios de violencia entre cárteles, o entre narcos y fuerzas del orden, o en atentados puros y duros. Último y sangrante ejemplo de colaterales: los 52 fallecidos en el ataque al Casino Royale de Monterrey, cuyos dueños, al parecer, no pagaban el estipendio fijado por Los Zetas.

Pero esa tremenda estadística no puede ocultar que las muertes de Marcela y Rocío corresponden, en cualquier caso, al rubro del feminicidio que azota a la sociedad mexicana desde antes de que el panista Calderón iniciara su cruzada militarista contra los narcotraficantes. Algunos cálculos sitúan en unas diez mil las mujeres asesinadas por diversos motivos en la última década

Estadística como la anterior no puede ocultar de ninguna manera que el recuento de periodistas de ambos sexos asesinados en México en los últimos años también es espeluznante. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) aseguró el 27 de agosto, tras el asesinato de Humberto Millán Salazar, director del medio electrónico A Debate, que los informadores asesinados eran ya 72 desde el año 2000, cuando tomó posesión el primer presidente del PAN, Vicente Fox, antecesor de Calderón. Reporteros Sin Fronteras sube a 80 el número. Y Fundación para la Libertad de Expresión a 83.

La mayoría de ellos son, como Millán Salazar, periodistas que trabajaban en los estados del norte de la República (Sinaloa, Sonora, Nuevo León, Culiacán, Chihuahua, etcétera), donde las organizaciones narcotraficantes imperan. Es decir, son “periodistas de provincias”, que trabajaban en medios que poco o nada tienen que ver con las poderosas organizaciones mediáticas capitalinas y lo hace, a lo que se ve, a pecho casi descubierto.

Algunos de esos y de esas periodistas se han visto obligados a abandonar sus ciudades natales y sus trabajos para buscar refugio en el Distrito Federal, hasta ahora considerado más seguro. Cuando, como en el caso de las asesinadas Marcela y Rocío, la violencia les alcanza en la capital de la República se revela en toda su dimensión la inseguridad de informar coherentemente sobre México en los últimos diez años.

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