España tampoco cumplirá el Pacto de Estabilidad en 2012

La economía española se encamina hacia la recesión más larga y profunda desde la restauración de la democracia. Más allá de las cifras de caída del PIB, estamos ante un shock exógeno tan profundo que se tardará más de una década en recuperar los niveles de actividad y empleo previos al inicio de esta fase depresiva del ciclo.

Los efectos de esta crisis se dejan notar, no solo en las variables macroeconómicas, sino también en la pérdida de capacidad de gobernanza del país, que claramente se ha trasladado a Bruselas, aunque con sucursal en Berlín y París, y también a las sedes del BCE y el FMI. Desde el inicio de la actual situación económica, la torpeza e incapacidad del anterior gobierno socialista, sembraron el camino para que los mercados financieros y los estamentos multilaterales interviniesen la economía, diseñando una hoja de ruta que incluía una deflación prolongada de la actividad, con una significativa reducción de costes relativos, y el desmantelamiento del Estado del Bienestar europeo, tendentes a iniciar el despegue con posterioridad, en un alarde más de deseo ilusorio que de previsión rigurosa.

Esta hoja de ruta incluía una reforma laboral que permitiese una caída de los salarios, al menos del 30%, para poder competir con los bajos sueldos de economías emergentes, particularmente en los sectores con menor valor añadido, donde España tiene una gran ventaja comparativa respecto al resto de países de la UE. Esta reforma fue aprobada el 12 de febrero, provocando a corto plazo una sensible reducción de los costes laborales unitarios, fundamentalmente por las indemnizaciones que caen aproximadamente un 40%. Al eliminar el poder de negociación de los trabajadores, la participación de los salarios en la Renta Nacional seguirá descendiendo y alcanzaremos un mínimo en breve, lo cual instalará unos niveles de inequidad propios de países emergentes. Esta confusión entre dumping laboral, aproximado por la competitividad, choca frontalmente con el concepto de productividad que implica que el valor añadido de nuestra producción de bienes y servicios se eleva, lo cual conlleva una elevación del nivel salarial, como ocurre en las economías más avanzadas para preservar el mejor capital humano.

La imposición, además, de una consolidación fiscal drástica –pasar del 8,5% de déficit publico al 4,4%– significa, de facto, vaciar de contenido las principales políticas públicas, pues supondría la reducción de más de 40.000 millones de euros de de gasto público, siendo el principal ajuste en las Comunidades Autónomas. El supuesto desafío del presidente Rajoy, una maniobra para dar a entender la autonomía de la política nacional, le llevó ayer a fijar en el 5,8% el objetivo de déficit para 2012 dentro de un cuadro macroeconómico algo alejado de la realidad y voluntarista en algunas partidas principales, como el consumo público o las exportaciones. La demanda interna prevé el Gobierno que caiga un 4,6%, nuestras previsiones son de una reducción de 4,9%, y una aportación positiva del sector exterior de 2,9 puntos porcentuales, dejando por tanto el decrecimiento del PIB en el 1,7%.

Lo peor se lo llevará el consumo privado: 1,4% de contracción, gracias a la pérdida de empleo, el desplome de la renta disponible, tras la subida de impuestos, y la eliminación de una buena parte del salario público en especie. También el gasto público ve reducir notablemente su aportación, (-11,5%). Esto implicará un recorte de gasto público adicional, cifrado en 15.000 millones de €, siempre que se cumplan las previsiones de ingresos, que son excesivamente optimistas, dada la estructura fiscal española. No hay que olvidar que, las últimas reformas tributarias de PP y PSOE han desfiscalizado mucho la economía española, y en una comparativa de bases imponibles liquidables, España ocuparía las últimas posiciones en el ránking de presión fiscal efectiva. Las decisiones tributarias del PP, subidas de tipos marginales del IRPF e IBI, no podrán, por si solas, cubrir el gap de recaudación imprescindible para cumplir el objetivo de déficit, lo cual nos deja, de nuevo, al albur de los mercados financieros. Por ello, será imprescindible una nueva subida de impuestos indirectos, así como especiales (tabaco, carburantes, etc.).

Sin capacidad de crecimiento, con una política procíclica drástica, y con unas reformas laborales y financieras inoperantes, la economía española puede entrar en una fase de conflictividad y exclusión social que harán  más complicada la recuperación económica y social de las clases medias, así como el cierre del gap de inequidad existente entre los percentiles de renta más altos y más bajos.

Las consecuencias inmediatas se están observado a gran velocidad. Los datos de empleo, tanto la EPA como el paro registrado, confirman que la destrucción de empleo se acelera, a lo que está ayudando la reforma laboral. En febrero, un 5% del flujo de salida de trabajadores se explica por las nuevas facilidades de despido, el número de contratos bajó del millón y prácticamente se agotó el contrato de fomento, único contrato indefinido que queda en pie. Las cifras de la Seguridad Social, con menos de 17.000.000 de trabajadores afiliados, son una señal nefasta de cara a poder cumplir el equilibrio presupuestario previsto en el cuadro macroeconómico en la Seguridad Social. Si a esto unimos que las bases de cotización siguen su tendencia descendente, se puede afirmar que la Seguridad Social puede entrar en riesgo financiero en breve, si no se recuperan ambas variables, el empleo y las bases de cotización. Con las expectativas de crecimiento que manejamos, algo peores que las del Gobierno, se puede prever que la cifra de desempleados alcanzará los 6 millones a finales de año, con una destrucción neta de más de 700.000 puestos de trabajo en los meses que quedan del ejercicio.

En suma, este Gobierno ha apostado por una devaluación competitiva de los salarios, empeorando las condiciones laborales, abandonando toda política industrial y sin visos de querer cambiar el modelo productivo, ni apostar por la productividad y la investigación, como se vio en las primeras decisiones de gasto. Recuperar una cierta dosis de burbuja inmobiliaria parece estar detrás de las decisiones de la recuperación de la desgravación de compra de vivienda, y la derogación de la ley de costas.  En el campo financiero, sin asumir el banco malo, el ejecutivo sigue arrastrando los pies, lo que se nota en la no asunción que las provisiones impuestas son, a todas luces, insuficientes. Aquí, una vez más, no se balancean las cargas  de forma equitativa y se vuelcan los esfuerzos en el Estado y los consumidores, sin hacer pagar a acreedores como en otros casos cercanos, por ejemplo Islandia. La tardanza en presentar el techo de gasto, poco más de 118.000 millones de euros, y un cuadro macroeconómico poco creíble, con la situación e inercia actual, revela la incapacidad para influir en una política europea suicida, que puede acabar con muchas economías en recesión y muchos ejecutivos derrotados en las urnas, o en operaciones del tipo de Grecia o Italia.

Concluyendo: España ya está intervenida de hecho, carece de rumbo en política económica y solo tiene el encargo de acabar con el modelo de bienestar público, escaso eso sí, para lo que tiene completa autonomía. Ni confianza, ni mejora en el bienestar, ni especialmente una apuesta por un crecimiento basado en productividad, investigación y empresas solventes con una dimensión adecuada.  Los riesgos de una gran crisis social, al margen de la económica, se están elevando y nadie está prestando atención.

(*) Alejandro Inurrieta es economista y director ejecutivo de Inurrieta Consultoría Integral.