¿Cataluña versus España? Derecho a la independencia y propuestas desde la izquierda

Jaime Pastor *

El título de este artículo es el mismo que encabeza el coloquio que el próximo miércoles 17 de octubre se celebra en Madrid, organizado por la revista Viento Sur, en el que participaré junto con Anna Gabriel, del Consell Polític de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP), y Hugo Martínez Abarca, que forma parte del colectivo “En Construcción” de IU. Trataré de exponer sucintamente las tesis que defenderé en ese debate en las líneas que siguen.

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A raíz de la “cuestión catalana”, en realidad a lo que estamos asistiendo es a la crisis de una idea dominante de la nación española que ha sido incapaz de reconocer en pie de igualdad a la nación catalana y que ahora, con el estallido de la crisis sistémica y social, se junta con la que afecta al Estado autonómico en el marco más general de la que afecta a la eurozona. En efecto, es cierto que la crisis de la deuda y los consiguientes “rescates” a distintas CCAA (incluida Catalunya) han contribuido a reactivar los agravios comparativos y a exacerbar el conflicto de identidades nacionales, pero sería un error abordar esas tensiones en términos de confrontación entre “ricos” y “pobres”, aunque no falten motivos para ello al escuchar determinados argumentos del president de la Generalitat y otros dirigentes de CiU. No debemos olvidar que la historia de los desencuentros entre el nacionalismo español y las demandas de reconocimiento de Cataluña como nación viene de lejos y tuvo su última expresión jurídica con la sentencia del Tribunal Constitucional en julio de 2010 sobre la reforma del Estatut, ya que se vio entonces definitivamente cerrada la puerta incluso a una lectura moderadamente federalizante de la Constitución de 1978.

Una vez reconocido por todo el mundo que la Diada de este 11 de septiembre representa un punto de inflexión que no puede ser reducido a una mera manipulación del gobierno catalán y que desde entonces la reclamación del derecho a decidir su futuro –incluida la independencia– cuenta con mayor apoyo popular, no parece que la mejor respuesta desde fuera de Catalunya sea la de aferrarse a un fundamentalismo constitucional, por no hablar de la amenaza reciente con resabios franquistas de “españolizar” a los catalanes. Al margen de la consideración que se tenga sobre la oportunidad o viabilidad de la opción independentista, no podemos obviar que esta reivindicación se encuentra en el centro de la agenda política y, por tanto, no cabe aplazar una respuesta en nombre de otras “prioridades”. Obligados a hacer frente a un problema real y no “inventado”, sería más coherente desde un punto de vista democrático buscar la creación de un marco de diálogo que permitiera, si así lo ratifica el parlamento catalán que salga de las urnas el próximo 25 de noviembre, encontrar la vía legal (como la del artículo 150.2, desgraciadamente rechazada por los dos partidos mayoritarios en el parlamento español recientemente; o una ley orgánica, como ha propuesto el constitucionalista Francisco Rubio Llorente) para que pueda celebrarse sin amenazas externas la consulta a la ciudadanía catalana sobre el tipo de relación que desee mantener con la del resto del Estado español.

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Quien esto escribe, teniendo en cuenta tanto los lazos históricos existentes entre los pueblos del Estado español como la existencia de identidades duales en amplias capas ciudadanas de Cataluña o Euskadi, ha sido un firme defensor de la necesidad de avanzar hacia un federalismo plurinacional que, además, desde un punto de vista de izquierdas, fuera también solidario. Pero el problema está en que ni siquiera esa opción se ha podido abrir camino durante el ya largo período que ha seguido al fin de la dictadura franquista, debido precisamente a que en la Constitución de 1978 se consagró una concepción esencialista de la nación española que impedía incluso la federación entre Comunidades Autónomas. A esto se suma el lamentable balance de una izquierda mayoritaria de ámbito estatal que no sólo no se atrevió a cuestionar esa tesis sino que llegó a embellecerla asociándola con el “patriotismo constitucional” habermasiano. Ni siquiera la reforma de un Senado inoperante como el actual para transformarlo en Cámara Federal ha podido llevarse a cabo. Por eso no debemos sorprendernos hoy, como he escrito en un libro reciente, de que se hayan ido reforzando en Cataluña y Euskadi proyectos soberanistas dispuestos a practicar la desobediencia civil y a ejercer su derecho a decidir –y a “divorciarse”– frente a las trabas permanentes del centro.

A la vista, además, de experiencias como la de Quebec con Canadá y la de Escocia con el Reino Unido tampoco vale ya aducir que el derecho de autodeterminación es algo aplicable a los países colonizados. Muchos de los Estados del Norte se construyeron en torno a un “modelo” de nación homogénea que condujo a la marginación, a la asimilación forzada o a la subalternidad de otras realidades nacionales existentes en sus territorios respectivos. El caso español es más evidente si cabe ya que las propias debilidades del proceso nacionalizador dirigido desde el Estado fueron las que, después de 1898, facilitaron el progresivo desarrollo de los nacionalismos periféricos. Luego, ni la II República ni, como ya se ha recordado, la larga etapa posfranquista permitieron un efectivo reconocimiento en condiciones de igualdad de las distintas identidades nacionales.

Por eso hoy, en el marco de la crisis de la globalización neoliberal y de la crisis de centralidad de esos mismos Estados, las aspiraciones de esas naciones sin Estado se expresan con fuerza en muy diversos lugares. No cabe, por tanto, mirar hacia otro lado ni, desde la izquierda de ámbito estatal, oponerse a un derecho democrático con la excusa de que esa demanda pueda ser instrumentalizada por fuerzas como CiU o el PNV. Al contrario, nuestra tarea es buscar una respuesta común a ambas líneas de fractura –la nacional y la social- para así desmarcarnos claramente del nacionalismo español dominante y, a la vez, tender puentes con las corrientes que en lugares como Cataluña y Euskadi apuestan por un proyecto soberanista y antineoliberal.

(*) Jaime Pastor es profesor de Ciencia Política de la UNED.

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