¡¡No toquen al Parlamento!!

Julián Sauquillo

Al paso que vamos a alguien se le va a ocurrir un concurso de ideas sobre el Parlamento. De momento se ha cernido sobre esta institución soberana una “tormenta de ideas”. Algunos intentan reemplazarlo, otros regenerarlo y algunos otros debilitarlo con una composición diletante al cobro de esporádicas dietas. Habrá incluso quien proponga  que haya que pagar para ejercer el cargo público allí. Avanzo que regenerar el parlamento con ideas surgidas de la sociedad civil me parece lo adecuado. Y considero a  la sustitución del parlamento con una democracia radical, que decide en la calle, como una auténtica quimera. Quienes piden la apertura de un proceso constituyente no pueden ignorar que tal proceso se atiene obligatoriamente a los procedimientos de reforma constitucional establecidos en nuestra Constitución (Título X, artículos 166-169).

El parlamento puede ser mejor o peor según sea la cultura política de cada país: puede bascular entre la receptividad y el encapsulamiento institucional respecto de las demandas sociales. Pero regenerar el parlamento es la única opción que cuadra con un sistema de democracia representativa, que aúne la participación política de los ciudadanos por sí mismos o por medio de representantes como derecho constitucional.

El parlamento es el “hardware” –el equipamiento institucional ágil- que absorbe los sistemas propios del “software” –no sólo las ideas de los programas políticos, las iniciativas legales pactadas en su interior sino también las resonancias cívicas de la calle dentro de lo posible-. Autores tan respetados como Jürgen Habermas, Claus Offe o Peter Häberle han subrayado el papel de las reivindicaciones sociales en la inclusión de temas políticos en la agenda de los representantes. El desarrollo de la Constitución requiere iniciativas legales en cuya dinámica participan los representantes elegidos, principalmente, con apertura a las  demandas y urgencias sociales. Los ciudadanos también interpretan la Constitución a través de sus reivindicaciones.

Que la participación social sea importante no significa que pueda reemplazar las tareas parlamentarias. La confianza depositada en los representantes, unida a la autoridad real que susciten entre sus electores, delimita un puesto relevante para el desempeño de sus funciones públicas en la democracia representativa. Tales funciones requieren independencia y dedicación plena para su óptima consecución. Por ello es un total retroceso que los parlamentarios de la Comunidad de Castilla-La Mancha pasen a perder sus honorarios fijos y empiecen a cobrar por dietas. Podremos discutir qué número de diputados autonómicos se requieren para cubrir adecuadamente la dirección legislativa de la administración autonómica. U observar qué volumen de trabajo legislativo tan exiguo han realizado hasta ahora. Pero la descentralización de la política conlleva que la política más local tenga un contacto con los ciudadanos y administrados muy intensivo. Posiblemente, el “pasillo que conduce al poderoso” político del Estado central no permita el contacto del representante con sus electores –o lo haga escasamente-. En cambio, la conexión entre los electores y los responsables políticos autonómicos y locales es capilar y constante o no existe política descentralizada. Posiblemente no hay que ir anotando los boquetes de la calle como parece hacía un presidente autonómico del pasado, pero sí se requieren horas para escuchar al conciudadano más cercano.

Si debe haber cercanía entre el representante autonómico y local y los conciudadanos próximos, ¿por qué no dotarle de independencia y dedicación exclusiva? Una característica de nuestras complejas sociedades es la división social del trabajo y la extrema especialización de la acción. Desde comienzos del siglo XX, el político ya no vive para la política sino que vive de la política: los políticos son profesionales. Esto no quiere decir que los ciudadanos dejemos de participar. Claro que hay que presionar en la agenda política con el derecho de huelga y de manifestación. Pero la decisión política rápida y cualificada requiere de un conocimiento exhaustivo del terreno y una dedicación permanente que no se colma sólo con vocación política sino que requiere profesionalidad.

¿Qué van a decir los parlamentarios del PP respecto de su recorte salarial? Que tiene razón su Presidenta y que pueden renunciar a su sueldo para dar ejemplo a quienes sufren otros dolorosos recortes. Desde luego, se pueden suprimir gastos superfluos del hábitat actual del político. Pero harían bien en dedicarse por entero a su Comunidad con vocación, preparación y responsabilidad. Y lo peor no es que sin sueldo parlamentario no vaya a poder ser representante autonómico un electricista o un fontanero –como señala otro del PSOE-. Lo más grave es que algunos de estos trabajadores, una vez elegidos, no hayan suspendido sus actividades fuera de la de responsable en el parlamento autonómico para ejercer con total entrega sus fundamentales responsabilidades. Ahora, con este bajonazo salarial, supuestamente ejemplar, la representación es diletante –ni completa, ni instruida, ni independiente- y fácilmente acaparable por los funcionarios de nivel alto a la cabeza de la Administración autonómica. Y aquí hay un problema pues nuestra política representativa se ha dotado de funcionarios de alto nivel que se han reproducido endógenamente sin demasiada escucha de los problemas de la calle. Va a tener razón el antiguo que decía que los mejores legisladores surgen de las clases medias y que ni las clases altas ni los más exaltados contribuyen a la estabilidad del sistema político. Si se retira el sueldo del cargo público del parlamentario, prepárense para ver una política castellano manchega elaborada bien por tecnócratas funcionariales de alto nivel, bien por ricos dotados de todo el tiempo y capaces de rentabilizar su “generosidad” dando entrada a sus intereses espurios o bien por diletantes mal preparados. Si se trata de dar ideas: en vez de retirar el sueldo de parlamentario por qué no hacerles trabajar más y en cercanía con el conciudadano.