Federalistas frente a independentistas

Victoria Camps *

Nos guste o no, la organización del estado en comunidades autónomas es casi un estado federal. No existe un modelo canónico de estado federal, o de confederación de estados. Alemania es un estado federal. Estados Unidos es una confederación de estados. En ambos casos, una sola nación aglutina a un conjunto de estados y los mantiene unidos. Estamos hablando de estados que nacieron como estados federados y que se han mantenido como tales. Convertir España en una federación en toda regla (si eso significa algo) sería otra cosa. Pienso, sin embargo, que aún siendo imposible copiar ninguno de los modelos existentes, porque la historia de cada uno de ellos es única, tiene sentido mantener el concepto de federación para designar la unión de distintos territorios sin menoscabo de las diferencias que algunos de ellos quieren preservar. Insisto, el estado de las autonomías está muy cerca de un estado federal.

Ahora bien, el nombre no crea el órgano. El concepto de federación no figura en la Constitución porque, cuando ésta se redactó, debió parecer excesivamente disgregador. La suposición es absurda porque federar significa unir y no separar. Ahora que las autonomías con un sentido nacional fuerte, y en especial una de ellas, se mueven en un sentido rompedor, nos agarramos al federalismo como el salvavidas que aún está a nuestro alcance no sólo para salvar la unidad de España, sino para darle la salida más razonable y justa al malestar de Cataluña.

El “problema peninsular”, como alguien lo ha llamado, no nos engañemos, es un problema real. A grandes rasgos, existen dos razones fundamentales que explican que se haya llegado al clamor multitudinario por la independencia de Cataluña. La primera razón es romántica y sentimental: todos los nacionalismos aspiran a tener un estado propio, las naciones sin estado siempre son naciones insatisfechas y no cesan hasta conseguir su objetivo. La segunda razón es económica: los catalanes piensan –pensamos- que el sistema fiscal autonómico es excesivamente gravoso para Cataluña. Es decir, es injusto. Sorprende que seamos incapaces de traducir esa injusticia a unas cifras consensuadas por las partes, que pongan de relieve que algunas comunidades –no sólo Cataluña– aportan demasiado a eso que llamamos “solidaridad” territorial (y que debería llamarse “justicia”). Hasta ahora, sin embargo, estudios de todo tipo y procedentes de mentes expertas y preclaras no consiguen ponerse de acuerdo sobre cuál es la forma más fidedigna de presentar las balanzas fiscales. Sea como sea, la convicción de que Cataluña aporta demasiado al estado ha calado fuerte en el sentir de los catalanes. La crisis económica no ha hecho sino exacerbar ese sentimiento.

El romanticismo y el dinero son razones que se superponen y suelen ir juntas, aunque la razón crematística en estos momentos es preponderante. La cartera le ha ganado la partida a la bandera. En el trasfondo de toda la cuestión está el privilegio fiscal de que gozan el País Vasco y Navarra, un privilegio absolutamente injustificable desde el valor de la igualdad a que se deben los estados de derecho y las democracias. Pero nadie se ha atrevido nunca, por razones que no hace falta explicitar, que ese privilegio deba discutirse. En el último Estatuto que aprobó el parlamento de Cataluña, el que fue ampliamente enmendado por el Tribunal Constitucional, aparecía la voluntad de tener una agencia tributaria propia. La misma idea llevó a Artur Mas a proponer un “pacto fiscal”, rechazado de entrada por el Gobierno español. Ambos fracasos, especialmente el primero, han alimentado el fervor independentista hasta el punto de que nos hemos saltado la etapa intermedia: ya no se trata de negociar pactos fiscales ni federaciones, sino de ir directamente a la independencia.

¿Es posible recuperar el proyecto federalista? Desde mi punto de vista, sería una ocasión de oro para repensar el estado de las autonomías de arriba abajo, enmendar lo que no funciona y proponer un nuevo encaje de los territorios nacionalistas en el conjunto de España. Habría que reformar un montón de cosas, empezando por la Constitución. Pero quizá sería la forma, no digo de acabar definitivamente con el “problema peninsular”, pero sí de inventar un nuevo modelo de relación entre territorios que se sienten incómodos en la situación actual. Los estados nación son un invento ilustrado que se impone en el siglo XIX y que empieza a estar totalmente periclitado. Con la globalización y la construcción europea, las políticas nacionales o estatales carecen de poder para tomar las decisiones más importantes. Las fronteras desaparecen, las monedas se unifican. ¿Qué sentido tiene reivindicar para Cataluña, para Escocia o el Quebec, un estado nación semejante a España, el Reino Unido o Canadá?

Estoy convencida de que no es ese el plan de CiU, la coalición que nos ha metido en este lío y lo va a liderar. A muchos nos gustaría conocer en que tipo de Estado está pensando Artur Mas cuando reclama un “estado propio”. ¿Un estado como Baviera, como Texas? En ambos casos son estados dentro de una nación que los enmarca. ¿Es esa la propuesta de Convergencia? Si fuera así, la propuesta caería dentro de un modelo federal quizá distinto de los existentes, a nuestra medida, pero que no conllevaría escisiones ni rupturas.

El federalismo no sólo es una forma de organización territorial menos anacrónica que la reproducción de un estado nación más pequeño pero similar a los existentes, sino que es la opción más justa. No se entiende que más de un partido denominado de izquierdas esté defendiendo en estos momentos la independencia de Cataluña porque económicamente nos conviene y es un “bon negoci”. En pocas palabras, si estamos solos, no habrá que repartir, todo será para nosotros. ¿Es posible ignorar de una forma tan burda que la esencia de la socialdemocracia está en la redistribución de la riqueza a través de un sistema fiscal que obliga a tributar más a los que más tienen? ¿Qué razones se pueden esgrimir para aducir que si esto vale a nivel individual no vale a nivel territorial?

Puede parecernos más o menos delirante, aventurero y populista el fervor independentista. Pero existir, existe y es masivo. No es prudente ignorarlo. A los responsables políticos les corresponde calibrar la gravedad de los problemas y hacer frente a situaciones inesperadas. De momento, nadie lo está haciendo. Nadie está dando razones para apoyar sus respectivas propuestas y, cuando las razones faltan, el debate está fuera de lugar.

(*) Victoria Camps es catedrática de Filosofía moral y política de la Universidad Autónoma de Barcelona y presidenta del Comité de Bioética de España. En 2012 ha obtenido el Premio Nacional de Ensayo por El gobierno de las emociones (Herder, 2011), su última obra publicada.