Rajoy: el peor año en décadas

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El día 20 de noviembre, un día que recuerda la muerte de un terrorista de Estado como Franco, de infausto recuerdo para tantos españoles, se conmemora el primer aniversario de la arrolladora victoria de Mariano Rajoy que le aupó a la presidencia del Gobierno, tras dos intentos fallidos. La población española básicamente retiró toda confianza al PSOE, pues el PP apenas subió en algunos cientos de miles de votos respecto a las elecciones de 2008. El recuerdo de la pésima gestión de la gran crisis sistémica que nos asola por parte del anterior Ejecutivo, fue suficiente para aupar, probablemente, a uno de los peores presidentes que haya tenido este país.

Tras una campaña electoral libre de compromisos y un programa electoral trufado de vagas promesas ideológicas, la cruda realidad ha situado al Ejecutivo completamente a la deriva, sin proyecto político, social o económico. Esta falta de liderazgo político se nota en todas la facetas, y hoy por hoy, en la UE somos pasto del descrédito, tras un inicio chulesco y  prepotente que se atrevió a retrasar un presupuesto hasta cuatro meses,  lo que nos ha valido la nula influencia en las grandes decisiones, el retraso en la puesta en marcha de las escasas buenas decisiones tomadas en Bruselas, como la unión bancaria y, más recientemente, el cambio operado en nuestra aportación al presupuesto comunitario, pasando a ser contribuyentes netos. El seguidismo ideológico de la lideresa ideológica de la UE, resultado de un complejo de inferioridad ancestral de los mandatarios españoles, tal vez con la única excepción de Felipe González, apenas ha aportado nada a la nueva construcción europea, tan necesario en el marasmo intelectual y político que asola la propia UE. En este punto, la herencia recibida, realmente mala, no puede ser una excusa, pues la mayor parte del ajuste fiscal provenía de las CCAA y Ayuntamientos gobernados por el PP.

Con estos mimbres, y la pereza obscena que destila el presidente Rajoy, se explica la composición del Ejecutivo, alejado de lo que debería ser en un momento histórico como este. Ministros alejados de la excelencia profesional, y  sobre todo política, pero muy ideologizados y presos de los numerosos lobbys que apoyaron a la victoria de Rajoy, tras retirar su apoyo transitorio al gobierno anterior. Ejemplos de esta deriva son el propio ministro de Educación, cuya defensa del modelo educativo religioso y del Opus Dei, es cada vez más grosero. Pero también la titular de Sanidad, cuyo única función, dada su incompetencia para cualquier cargo público, similar a la de algunas de sus predecesoras socialistas, está siendo convertir un sistema público de salud universal en otro de aseguramiento, trasladando una parte de estos ciudadanos a la sanidad privada. Solo hay que ver los números de este sector.

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La progresiva pérdida de la credibilidad política, situación que lleva ya unos años instalada en España, ha sido facilitada y aumentada por Rajoy, dado su desprecio por el Parlamento y la oposición política, cuya máxima expresión es el abuso de la fórmula del Real Decreto para plasmar toda su impronta ideológica, sin aceptar ni siquiera una sola enmienda en las principales normas que escapan a dicho rodillo, como son los Presupuestos Generales. Este desprecio por la política, por la participación ciudadana, al que no es ajeno el PSOE, está provocando una gran sima social, abriéndose espacios para que se cuelen posiciones fascistas y autoritarias, sin que, de momento, movimientos como el 15M puedan llenarlo y contraponerlo, aunque hay que reconocerles el haber puesto en el epicentro del debate la pobreza creciente, todo el drama de los desahucios y también nuevos espacios de participación ciudadana.

El hueco político que deja este Ejecutivo, y también la oposición, lo llenan los dictámenes de la troika, cuya máxima expresión fue la inesperada y rápida modificación de la Carta Magna, para únicamente garantizar que el sistema financiero europeo, y también los grandes fondos de inversión y pensiones, pudieran cobrar sus deudas, por encima del pago a proveedores, servicios públicos básicos, lo cual define la marcada debilidad política que muestran las dos grandes formaciones políticas, ante la presión del lobby financiero europeo. Lo que se abre a partir de ahora es un ciclo apolítico y acrítico frente a la apisonadora que se ejerce desde Berlín, pero también desde el FMI y la propia Comisión Europea.  Este tsunami busca, en esencia, una gran devaluación económica, pero especialmente una gran devaluación social, para alumbrar una nueva sociedad más parecida al modelo anglosajón, con tintes asiáticos, buscando un falso incremento de la productividad aparente del factor trabajo sobre la base de menores salarios y peores condiciones de trabajo; por ello se aprobó la reforma laboral como primera gran norma.

Comenzando por la devaluación social, se puede comenzar por poner de manifiesto el modelo básico: desmantelar los servicios públicos universales, vía subida de precios o tasas incompatible con la lógica equidad, y sacando de la gratuidad de uso a una serie de colectivos, convirtiendo la sanidad ya en un sistema de aseguramiento para inmigrantes sin papeles, jóvenes sin cotización o rentas altas determinadas. Ligar la prestación sanitaria a la cotización social devuelve el debate a los años 80, tirando por la borda la gran reforma socialista que supuso la financiación de la sanidad únicamente con impuestos, ligando la Seguridad Social a las cotizaciones sociales. Las últimas ocurrencias sobre la privatización parcial de hospitales en Madrid y desaparición o transformación de algunos, el repago farmacéutico para pensionistas y el aumento de las listas de espera son algunos de los grandes despropósitos en apenas un año.

En educación, el blindaje de la concertada, el desprecio de los colegios que segregan por sexos a la norma, con la ayuda imprescindible del Ministro Wert, la reducción de la inversión en la educación pública, el abandono de la educación infantil y su gratuidad, y el sensible aumento de las tasas universitarias, marcan el primer año de suplicio para toda la comunidad educativa. El incremento de las ratios de alumnos, la reducción de plantillas y el desprecio público hacia los profesionales, ha puesto, por primera vez, de acuerdo  a todo el espectro de trabajadores.

En materia social y dependencia, los recortes han dejado sin efecto las normas aprobadas por el último gobierno socialista, aunque es cierto que las dejó sin apenas financiación. Todo ello ha situado a España como el país de la UE donde más ha aumentado la desigualdad y donde el riesgo de exclusión social y pobreza alcanza límites no conocidos desde el final de la dictadura.

Esta apuesta por la devaluación económica interna ha sido la máxima que ha perseguido el ejecutivo de Rajoy. Las primeras medidas, reforma laboral, reducción de salarios públicos, eliminación de pagas extras y subida notable de impuestos, frente a sus falsas promesas electorales, ha situado a la sociedad española en el umbral de una prolongada recesión. La materialización de esta apreciación se puede ver analizando las cifras de desempleo, con cerca de 6 millones de parados, 800.000 más que hace un año y la reducción de la participación de las rentas del trabajo en la Renta Nacional (casi un 15%), lo que imposibilitará la recuperación del consumo privado, y también de la inversión empresarial. A diferencia de lo prometido, las medidas fiscales y económicas implementadas todavía van a hundir más a las PYMES, lo que se deja notar en el empleo y en la demanda de crédito. Frente a esta obsesión por deprimir la demanda interna, contrasta la alegría para con el sistema financiero, cuyo saneamiento se ha hecho mal, tarde y con graves secuelas para que cunda el ejemplo de buena gestión futura. Los costes de toda este saneamiento ha recaído únicamente sobre deudores, sin ninguna medida que sancione a los directivos, gestores o supervisores, y que ahora se trata de paliar con el mal llamado Banco Malo, que volverá a presionar el nivel de deuda pública, es decir mutualizar las pérdidas.

Con todo esto, el PIB caerá un 1,6% este año, y previsiblemente más de un 2% en 2013, se mantendrá la salida de nuevos trabajadores del mercado, gracias a la reforma laboral en un porcentaje elevado, lo que acelerará el proceso de exclusión social y pérdida paulatina de derechos sociales históricos. Sin noticias de una reforma energética, donde sigue ganando el oligopolio eléctrico, el resto de lobbys siguen campando a sus anchas, y provocando una inflación artificial que agrava el binomio recesión más inflación. Ni el drama de los desahucios ha podido insuflar sentido de Estado a los dos grandes partidos y aprovechar la coyuntura para dejar diseñada una verdadera política de vivienda de Estado, donde primase el alquiler social, público y profesional.

En esencia este el negro balance del primer año de gobierno, y todo hace pensar que esta ofensiva continuará con otros derechos conquistados, como son los civiles, aunque, de momento, el matrimonio homosexual se ha salvado de la hoguera en el que este gobierno ha tratado de enviar todo el modelo de convivencia, económico y social que, con todas sus carencias, ahora suspiramos para que no se modifique más. Lo peor de todo es que no hay una verdadera alternativa a esta política que sepa leer esta crisis como de deuda privada y cuya única solución en el corto plazo es la quita ordenada de parte de la misma y una política fiscal expansiva, lo mismo que ha hecho EEUU, donde la dación en pago se utiliza como quita, y la política fiscal permite crecer lo suficiente para mantener el empleo, mientras el sector privado se desapalanca. Que estudien y actúen, por favor.

(*) Alejandro Inurrieta es economista y director de Inurrieta Consultoría Integral.

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