Convocatoria solemne de la consulta por el Derecho a Decidir, pronto

Joan Tardá *

Si las últimas elecciones catalanas sirvieron, gracias a los mensajes claros de cada una de las fuerzas políticas respecto al Derecho a Decidir y al alto índice de participación,  para “contarnos”,  para conocer  quiénes  y cuántos estaban por el ejercicio del Derecho a Decidir y quienes y cuántos no lo estaban,  al cabo de un año la última encuesta publicada por El Periódico de Catalunya amplía el perímetro de los ciudadanos favorables a ejercerlo.

Resulta, pues,  inaudito que las fuerzas políticas españolas mayoritarias se empeñen en negar la legitimidad que ampara a la ciudadanía catalana, que se empecinen  en supeditarla  a  la “legalidad constitucional” repitiendo hasta la saciedad el mantra de la Constitución. Eso sí, interpretada en clave retrógrada  como aquellos integristas que levantan el Corán o la Biblia para plantar topes a la libertad de conciencia.

Que el PP y el PSOE nieguen el Derecho a Decidir no evitará el conflicto democrático. De forma inevitable, en las sociedades europeas avanzadas los conflictos se resuelven en las urnas. De ahí que a Rajoy cada vez le queda menos tiempo para optar por la solución del entendimiento, a la manera de Cameron respecto a los escoceses en general y respecto al dirigente Salmond en particular. La derecha británica entendió que la mejor baza para desactivar a los independentistas escoceses radicaba en la fidelidad democrática: no entorpecer la convocatoria escocesa, proclamar que caso que venciesen  se les reconocería sin problemas en el concierto internacional. La administración española es otro cantar, por supuesto, y no atiende a las mismas razones de la misma manera que es hija de una cultura política bien distinta.

Que nadie lo dude, el Parlamento de Catalunya aprobará en breve (pocos meses), solemnemente, la convocatoria. En caso que no sea posible realizarla mediante la legislación española, se hará a través de la ley catalana que ahora se está tramitando en el Parlament. De lo que pueda ocurrir posteriormente, nadie puede garantizar nada. Evidentemente, dependerá de la movilización popular tanto como del coraje de los dirigentes  de las fuerzas políticas que darán apoyo a la convocatoria. Y, por supuesto, también tendrá algo que ver en todo ello  la reacción del partido gubernamental español .

Prohíban, pues, lo que les venga en gana que nos legitimarán todavía más. Y si se  optase por la represión -vía derogación de la autonomía, vía destitución del President (tal como ya le recuerdan al Gobierno algunos partidos políticos o voces dentro del mismo PP)- no les quepa ninguna duda: centenares de miles de ciudadanos ocuparemos las calles, cívicamente, pacíficamente.

¡Y venceremos!

(*) Joan Tardà es diputado de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Congreso.