Ilegalizar al PP

Pedro Costa Morata *

El cúmulo de delitos, escándalos y sospechas que viene acumulando el Partido Popular en sus miembros y su organización en los ámbitos penal, fiscal, político y moral debiera plantear a la Policía, a la Fiscalía del Estado y al Poder Judicial la oportunidad e incluso la necesidad de ilegalizarlo, procediendo así a algo más que un gesto en pro del saneamiento político que se viene pidiendo a voz en grito. A la Fiscalía concretamente (que podría actuar por orden ¡del propio Gobierno del PP!), le resultaría “de libro” fundamentar esta petición, dado el material existente, el oculto y el esperable, e ir pidiendo a los tribunales correspondientes la ilegalización. Basta con desarrollar penalmente la financiación ilegal y las cuentas irregulares, los delitos fiscales y el cohecho práctico (nada tan fácil como poner en relación, temporal y política, las donaciones y las adjudicaciones de contratos), más la alarma social producida –de la que el ‘caso Bárcenas’ es una muestra quizás insuperable, pero no la única ni mucho menos–, para que quede en evidencia, y con el rigor necesario, un larguísimo historial delictivo que afecta al PP desde prácticamente su fundación.

Con el asunto de la financiación, los sobresueldos y las donaciones ya sería suficiente, pero en esa decisión, de tan densos contenidos judiciales, habría que añadir (aunque no fuera necesario, pero sí oportuno) los abrumadores méritos de la extensiva delincuencia de cargos y representantes populares condenados y puestos en evidencia en las variadas formas de corrupción enquistadas en el seno del PP. Así como la nube de imputados en todas las autonomías que configuran el mapa del poder ‘popular’, resultando el PP un partido en el que la corrupción lo ha alcanzado de lleno en toda España, estando en su mayor parte relacionada con el urbanismo.

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Y aunque esto ya corresponda a lo ilegítimo, la iniciativa de ilegalización, esencialmente basada en fundamentos judiciales claramente previstos en los códigos, no tendría por qué eludir, en los considerandos de cargo, el sistemático y deportivo incumplimiento de los programas y promesas electorales; ya que el generalizado y pertinaz ejercicio de su contrario no puede atribuirse, para su justificación, a la crisis internacional y europeo-comunitaria de forma generalizada sino a una voluntad estructural, política y moral, de mentir e incumplir para perjudicar a la mayoría de los españoles de clase media y baja y beneficiar a la minoría de integrantes de las clases bancaria, empresarial y especulativa. Cuando se ganan elecciones con promesas vanas e intenciones aviesas, los mecanismos de defensa del ciudadano y la sociedad debieran activarse, y actuar con ejemplaridad.

Tampoco es cuestión baladí afear a estos dirigentes, también por vía judicial e incluso penal, la violación del juramento que todos ellos han hecho por la defensa y el fortalecimiento del Estado y los intereses públicos, que tienen obligación de anteponer a los intereses particulares; asunto que aparece agravado por el hecho de que los máximos dirigentes populares son en su mayoría altos funcionarios del Estado, por lo que están doblemente obligados a todo lo contrario de lo que vienen haciendo desde que ganaron las elecciones, que es erosionar y humillar al Estado y todo lo público, con el resultado de una destrucción interminable y obsesiva de  bienes y patrimonio nacionales acumulado en decenios, incluso siglos. Ahí tenemos, como iniciativa de la vicepresidenta y portavoz Soraya Sáenz de Santamaría, la arremetida que anuncia contra la función pública, queriendo sustituirla en gran medida por una ciberadministración que frene, abrume y exaspere a la ciudadanía. Esta “ministra del Sí o Sí” parece querer advertirnos que su sonrisa esbozada, de aire adolescente y gusto amenazador, no es más que la fachada con que disimula su arrogancia y su inquina hacia el Estado (de lo que deducimos la frustración, sin duda insoportable, que debe sentir por su propia profesión, ya que es Abogada del Estado), y la advertencia de que debemos guardarnos mucho de ella.

González Pons, Alfonso Alonso y Carlos Floriano, el pasado juves, durante el pleno de la Diputación Permanente del Congreso. / Efe

A todo lo cual hay que añadir la alarma social que despierta esa pléyade de charlatanes y embusteros compulsivos, que nos mortifican con su discurso hipócrita en el que dicen lo que no piensan y desvirtúan cuanto tiene que ver con la realidad. Como exhibición inmoral, la mentira grotesca e impune es una burla al país y al paisanaje, y a ella se aplican personajes que no parecen tener intención alguna de mirarse a sí mismos y a las vergüenzas con que son adornados por la investigación periodística y judicial, superando cada día nuestro asombro. Ahí tenemos el brillo de líderes y portavoces como Aguirre (que quiere reclamarse como “martillo de corruptos” o poco menos, ya que tan abochornada dice sentirse por la corrupción en su partido), Cospedal, Floriano, González Pons, Arenas… por citar sólo a los que poseen mando a escala nacional. La alarma que producen cada día en la ética y el entendimiento, en la estética y la probidad debiera ser suficiente para que, si otra cosa no, sus militantes los frieran a invectivas, interpelaciones y condenas, dejando limpio el partido o, al menos, regenerándolo desde abajo y regalando a los demás con el final de esa cantilena insultante del “sentir bochorno”, de la “necesidad de regeneración” e incluso del “ejemplo de transparencia para otros partidos”.

Esta corrupción, tan visible por generalizada y estructural, equivale a un golpismo sordo y pertinaz, ya que vulnera eficazmente a la democracia representativa, destruye sus fundamentos formales y arrasa con la ética política ciudadana, a la que anula despojándola de derechos, creencias y esperanzas. Es además alimento más que germen de conflicto civil, al separar necesaria, brutal y ácidamente a la ciudadanía en, por una parte críticos e indignados, y por otra resignados o beneficiarios; que inevitablemente han de enfrentarse al llegar a límites intolerables la infamia de los corruptos.

En estas coordenadas, la vuelta de Aznar a la política no podría ser más beneficiosa para el país, ya que despertaría ánimos adormecidos, transformaría fatalismos en militancias y lanzaría a la calle y a la política a algún millón de ciudadanos que todavía se sienten tranquilos en su confort y horizontes: el revanchismo global de este espíritu ultra y frustrante, soberbio y desalmado (que sigue convencido de que la implicación a que nos obligó en la guerra de Irak estuvo fundada y justificada, y que los miles de muertos a sus espaldas y el caos en que todavía vive ese país son males menores, o efectos laterales, inevitables e incluso necesarios) resultaría sin duda un amenísimo y estimulante revulsivo político general (fracasando al poco y bien  merecidamente, para siempre).

La ilegalización del PP, por lo demás, no sería un daño irreversible para sus huestes y dirigentes. Nuestra democracia es tan asequible a la corrupción que ya ha previsto la continuación de los partidos ilegales con otros nombres y muy ligeros disimulos (y para este partido y esta coyuntura propondríamos su reconversión en, por ejemplo, Partido revolucionario, regenerado o de los puros, aprovechando para sustituir al de popular, que tan insultante resulta); y se daría la oportunidad de restablecer votos y fidelidades a un electorado tan generoso y condescendiente.

 (*) Pedro Costa Morata es ingeniero, sociólogo y periodista.