El bienio negro de Rajoy

Alejandro-Inurrieta-España ha sufrido el mayor retroceso socio-económico en los dos años transcurridos desde el triunfo de Mariano Rajoy, sin que ello sea consecuencia intrínseca de la crisis económica y financiera que asola al mundo desde el año 2008.

El objetivo último del gobierno conservador, que no liberal, de Rajoy se ha centrado, tras esconder el programa máximo en la campaña electoral, en el desmantelamiento de la sociedad del bienestar y las conquistas sociales logradas desde los gobiernos de Felipe González, a lo que Zapatero también aportó su toque. La excusa ha sido la herencia recibida en materia económica y fiscal que les ha obligado a eliminar o reducir multitud de servicios públicos logrados tras años de esfuerzo político y social, pero que en nada ha beneficiado a la cohesión social, ni al bienestar de los administrados.

Las principales macromagnitudes que el Gobierno de Rajoy heredó son engañosas, puesto que a finales de 2011, el crecimiento era positivo, un 0,4%, aunque la tasa de paro era del 22,8%, la prima de riesgo se situaba  alrededor de 250pb, una inflación del 2,0%, una ratio de deuda del 70% y un déficit público del 9,2% sobre PIB. Sin embargo, se estaba larvando una vuelta a la caída de la actividad, tras el inicio del viaje al precipicio en el que estamos iniciado por Zapatero en mayo de 2010.

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El contexto era manifiestamente negativo, especialmente en el campo financiero. El sistema financiero estaba muy debilitado con un grave déficit de capitalización de las cajas de ahorro y algunos bancos, con un nivel de morosidad creciente, que les dejaba al borde de la quiebra. Frente al grave error de las fusiones frías que puso en marcha Zapatero, con el visto bueno de Solbes, Rajoy eligió el camino de colectivizar las pérdidas y la recapitalización. La sucesión de inyecciones de capital por parte del ejecutivo se complementó con el rescate bancario que terminará con unas pérdidas latentes de más de 37.000 mill€ que pagaremos todos los españoles. Esta nacionalización, sin renovar totalmente las cúpulas directivas, tampoco dispuso del pago de los acreedores, especialmente los tenedores de deuda senior que apenas han sufrido quebrantos, frente a las pérdidas de los preferentistas, mayoritariamente pensionistas de clase media-baja. Este es uno de los ejemplos del diferente tratamiento de las cargas durante la crisis, perjudicando de forma deliberada a los percentiles de renta más bajos.

El rescate bancario en España ha supuesto el desembolso de más de 200.000 mill€, sumando inyecciones de capital nacional y el préstamo del MEDE y los avales soportados por el erario público. Es decir, se ha transformado deuda privada en deuda pública, llevando el endeudamiento público del 70% al umbral del 100%, con una carga de intereses que ronda el 4% del PIB, a pesar de la relajación de la prima de riesgo. Este fuerte aumento de la deuda pública ha venido acompañado por un máximo en el endeudamiento privado, sin que el ejecutivo haya sopesado y coordinado ningún proceso de restructuración de deuda privada, que hubiese liberado renta imprescindible para reanimar el consumo privado y la inversión empresarial.

Al margen de la crisis financiera, la política económica seguida por Rajoy se ha encaminado a provocar una devaluación interna suficiente para ganar supuesta competitividad, exclusivamente bajando salarios y rentas del trabajo. Junto a una reducción nominal de salarios y pensiones, las decisiones de copago en sanidad, dependencia, servicios sociales, como teleasistencia, y educación, el alza de tasas universitarias, supresión de becas, han reducido el poder adquisitivo más de un 20% en los últimos dos años. Esto ha generado el desplome del consumo privado y también la inversión privada, pese a las inmejorables condiciones de financiación, pero que la propia situación financiera ha provocado una restricción crediticia sin parangón.

Mención aparte ha sido el gran incumplimiento electoral en materia impositiva, con fuerte subida de impuestos, especialmente los de la renta y el IVA que ha perjudicado a multitud de sectores, especialmente la cultura y ocio y restauración.

El escalón en materia de brecha salarial, inequidad y el sorpasso de las rentas empresariales sobre las del trabajo, configuran un panorama laboral no conocido desde la reinstauración de la democracia. La reforma laboral lamina el derecho a la negociación colectiva, inclina el poder de negociación a favor de los empresarios, con gran discrecionalidad para poder reducir salarios, despedir sin apenas coste y cambiar las condiciones laborales sin previo aviso, lo que prácticamente inutiliza la acción sindical. Estas organizaciones han sido denigradas, vilipendiadas y vejadas, sin que se pueda justificar por algunos casos de presunta corrupción administrativa.

El resultado de estas políticas ha sido el fortísimo incremento de la tasa de paro, del 22% al 26%, tasa que se mantendrá así en los próximos años, según la mayoría de instituciones. La destrucción de empleo ha sido de más de 700.000. Entre los más perjudicados en materia de empleo y servicios sociales han sido los dependientes. A las cuidadoras familiares se les ha demonizado, recortándose el 15% de la prestación económica. Más de 170.000 mujeres, madres y familiares de los discapacitado han sido expulsadas del sistema de la Seguridad Social.

En materia educativa, la nueva ley y las pifias sobre las becas Erasmus y el progresivo desmantelamiento del sistema público educativos, han sido los elementos más polémicos. La brusca caída del número de profesores, el incremento de las horas trabajadas y la eliminación de muchos servicios de apoyo, acrecentarán el problema de fracaso escolar, dada la significativa reducción de la inversión por alumno. A esto hay que añadir el recorte en materia de investigación y ciencia que ha provocado un retroceso sin parangón en el ranking internacional, poniendo en riesgo a instituciones tan prestigiosos como el CSIC.

Todo ello se ha dejado notar en las cifras de crecimiento y en la inflación, con un serio riesgo de estagflación, es decir un periodo largo de estancamiento con deflación, como se puede observar en los datos del IPC a impuestos constantes, cuyo retroceso acumulado alcanza más del 1,5% en lo que llevamos de 2013.

Si en materia económica el balance es muy negativo, a pesar de la relajación de la prima de riesgo, el superávit corriente o la vuelta del capital especulativo a España, el saldo en materia social, libertades púbicas, corrupción o freno a los grandes lobbys es desolador. El resurgir de posiciones racistas, la lucha contra el inmigrante irregular, despojándoles de la tarjeta sanitaria, la vuelta de la nota de religión al computo del expediente escolar para las becas, y la normativa en materia de aborto prevista son algunos de los ejemplos que nos alejan aún más de los países más avanzados, como Francia. El anteproyecto de ley de seguridad puede ser una guinda para limitar y cercenar el derecho de manifestación, poniendo un precio inasumible a la protesta, creando un ambiente de terror para la sociedad civil.

En suma, los grandes lobbys que quedaban por hacerse con la tarta de servicios públicos, sanidad, servicios sociales, dependencia y pensiones, han logrado un gran avance y se jactan de haber redactado los pliegos de muchos concursos en materia de privatización sanitaria, por ejemplo. Las pensiones dejarán de mantener el poder adquisitivo gracias a los sabios consejos de las compañías de seguros encuadradas en los supuestos think tank como FEDEA.

Todo esto se ha producido en apenas dos años, lo que ha dejado a la sociedad española con unos niveles de pobreza que ya rondan el 30% en su acepción severa, aquellos que ingresan menos de 300€ al mes. Los enfermos crónicos se encaminan a pagar parte de los medicamentos, como paso previo para que se cobren por la mayoría de servicios en los hospitales públicos.

Frente a este efecto devastador, que ha venido para quedarse, ni una medida para cambiar el patrón de crecimiento, ni crecimiento del empleo a medio plazo, salvo por esperpentos como Eurovegas, lo que está generando una emigración no conocida desde el final de la Guerra Civil. Pero con todo, no hay ninguna señal de cambio político en España, ni tampoco en las líneas de intervención de facto desde la UE. Las próximas elecciones europeas pueden dar la puntilla a los escasos mecanismos de solidaridad europeos, y con ellos, la esperanza de poder volver a ser una economía donde prime lo social y el derecho de los ciudadanos y se recupere lo perdido.

(*) Alejandro Inurrieta es economista y director de Inurrieta Consultoría Integral.