¿Por qué Hacienda no actúa contra los grandes morosos?
La publicación de la lista de grandes morosos en España, aquellos con deudas superiores a 1 millón de euros, no ha arrojado grandes sorpresas, ya que muchos de ellos repiten, por lo que el debate sigue anclado en las mismas caras y empresas, muchas de ellas, inmobiliarias y constructoras. Tampoco es nuevo seguir viendo a ilustres banqueros, como Mario Conde, hoy reconvertido en presunto blanqueador de dinero, o adalides de las patronales madrileña y nacional (Arturo Fernández o Gerardo Díaz Ferrán), asiduos de los mentideros donde moraba Esperanza Aguirre, antes de utilizar la trinchera del Ayuntamiento como estudio para sus tertulias a pie de escaño.
En efecto estos personajes ya no dan más de sí, pero sigue siendo un escarnio que deportistas, políticos o grandes empresas tengan un trato desigual respecto al resto de los contribuyentes. La cuantía total de la deuda conocida, algo más de 15.700 millones de euros, es notable y serviría para mejorar muchos servicios públicos, e incluso para tapar el agujero completo de la Seguridad Social, pero obviamente gran parte de esta deuda no se cobrará. No hay que ser muy listo para saber que las grandes constructoras, muchas de ellas en concursos de acreedores, podrán llevar a cabo quitas de deuda o incluso la redención total si finalmente quiebran, como es el caso de algunas de ellas. Por tanto, lo que hoy nos deja ver Montoro es únicamente un caramelo que no podrá ser degustado, y lo más sensato debería ser provisionar gran parte de esa deuda, y por tanto asumirla entre todos los ciudadanos, algo a lo que ya estamos acostumbrados.
Pero lo que también es grotesco es que entre los morosos hay muchas administraciones públicas, como Servicios de Salud (el murciano, por ejemplo) o alguna empresa pública, que, al menos, deberían dar ejemplo antes de provocar el escarnio público de empresas y particulares ante el gran jurado popular. Porque lo que también es criticable es que la propia Administración está causando la ruina de gran número de empresas y autónomos, con unos niveles de morosidad que lamentablemente no salen en demasiadas listas. Por ello, la propia Administración debería actuar de oficio, sancionando y no incurriendo en un volumen de deuda tan lacerante, especialmente con las empresas más pequeñas, porque hasta ahí hay desigualdad y las empresas más grandes cobran mucho antes que las pequeñas y medianas.
Con este panorama, y tras el triunfo del PP, parece un sarcasmo que la nueva Administración vaya a perseguir esta deuda y que la gran mayoría de contribuyentes acaben de pagar sus deudas, máxime cuando existen deportistas solventes entre esta lista, aunque algunos, como Alves, ya nos hayan dejado para intentar jugar y no pagar en Italia, otro paraíso de los defraudadores y corruptos. Tras las elecciones, donde se han blanqueado a corruptos valencianos, madrileños y gallegos, la sociedad sigue anestesiada ante esta cadena de arbitrariedades por parte de la Administración. Ahora que hemos pagado a Hacienda, todos sabemos que cualquier error de cálculo o simplemente omisión de algún local o garaje de nuestro patrimonio será castigado con severidad y diligencia por parte de la Agencia Tributaria. Pero las grandes cifras de mora o fraude son tratadas de otra manera, con mucho más cariño, fruto también de tener como asesores fiscales a los antiguos Inspectores que tanto nos costó formar y que tras unos años de hacer pasillos deciden dar el salto al lado oscuro y ayudan sin desmayo a la optimización fiscal a los grandes defraudadores de España.
Se puede demostrar que no es un problema de legislación, que a veces sí, sino de voluntad política de perseguir las grandes bolsas de fraude y mora que están haciendo de España un país imposible de vivir ante tamaña desigualdad y falta de escrúpulos. El gran problema es que existe una corriente, cada vez más mayoritaria, que culpa al exceso de legislación y a la enorme presión fiscal, a todas luces falsa, la proliferación del fraude, y también de la mora. Esta corriente libertaria acusa a la administración de anular la personalidad y libertad individual por la propia existencia de imposición, y por supuesto la publicación de estas listas de morosos escandaliza todavía más a los garantes de la pureza de la libertad del individuo. El argumento es grotesco: a menos fiscalidad, menor fraude y por supuesto menor deuda tributaria. Como es bien notable, la propensión al fraude no es directamente proporcional al nivel de presión fiscal, sino que tiene más que ver con valores individuales y con el verdadero amor a la patria.
En suma, estamos, una vez más, ante un show de Montoro que trata de convencernos de que la transparencia es el lema de su partido. El conocimiento de la evolución de la deuda de los principales morosos individuales, los que más morbo despiertan, nos sigue martilleando la conciencia. Solo en España deudores tan conocidos que aparecen en tertulias y se pasean por los mejores hoteles siguen en libertad. Pero también solo en España la Administración es la causante de la quiebra de miles de empresas y autónomos. El nexo común es que la justicia y la Agencia Tributaria está dominada por un partido corrupto, como el PP, igual que antes lo estuvo por el PSOE, que tampoco atajó estos privilegios. Es el precio por tener gobiernos moderados y no extremistas.
