Una piedra en el zapato del Supremo

  • La plataforma 'International Trial Watch-Catalan Referendum Case' traerá a observadores internacionales de gran prestigio al juicio contra los independentistas

El Tribunal Supremo, a examen. La Justicia española, mirada con lupa desde el extranjero. Malos tiempos para esta institución española, cuando desde distintos grupos sociales es fuertemente criticada por algunas de sus decisiones más mediáticas y desde fuera medirán con pelos y señales uno de los procesos judiciales, el de los presos políticos independentistas, más importantes de la historia. Las instituciones democráticas, cuando pierden la confianza ciudadana, pierden. A los cánticos de "Basta ya de Justicia patriarcal" emanadas de las movilizaciones feministas que durante los últimos meses han salido a las calles, sobre todo, en relación con las decisiones judiciales relacionadas con el juicio de La Manada, se suman diferentes muestras de hartazgo desde otras perspectivas.

Tuiteros condenados por tuitear, raperos condenados por cantar. Pero, el momento de mayor descrédito de la Justicia española tuvo lugar hace tan solo unas semanas, en noviembre, cuando el Tribunal Supremo, otra vez el Supremo, cambiaba una decisión previa y apostaba porque el impuesto derivado de las hipotecas recaiga sobre el bolsillo del ciudadano y no sobre el de la banca. La banca nunca pierde.

Las decisiones del juez instructor de la macrocausa contra el independentismo, Pablo Llarena, iban adoptando debilidad conforme se comparaba con las decisiones que iban adoptando los judiciales europeos implicados. Los dirigentes políticos o sociales que se quedaban en España eran llevados a prisión preventiva a espera del juicio. Todos los que marcharon a países del entorno como Escocia, Bélgica, Alemania o Suiza, siguen en libertad y no fueron devueltos. La diferencia es evidente. Juicio Político, la sentencia está ya escrita, aseguran desde el independentismo.

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La fecha del inicio de una de las citas más relevantes desde el punto de vista no solo judicial, sino también político y social, será el 12 de febrero. Los presos políticos vuelven a Soto del Real, las presas, a Alcalá Meco, después de que el Gobierno de Pedro Sánchez aceptara su traslado a cárceles catalanas como herramienta de distensión con el independentismo que gobierna Catalunya. Y un dato que pone nervioso al Tribunal Supremo, que se apresura en explicar que el proceso contará con todas las garantías: más de 600 periodistas y 50 medios extranjeros acreditados para cubrir el juicio. Cuando alguien explica con contundencia que todo va bien, es porque existen evidentes dudas de que no va bien.

Además de los medios de comunicación internacionales que pondrán la lupa en el proceso judicial y en el funcionamiento del alto tribunal, se ha creado la plataforma International Trial Watch-Catalan Referendum Case para monitorizar la presencia de observadores internacionales de prestigio en el juicio. Entre otras organizaciones internacionales que forman parte de esta plataforma y que estarán presentes en alguna de las sesiones del juicio, salvo que el Tribunal Supremo lo evite, están: American Bar Association, fundada en 1878, con 410.000 miembros y sede en Chicago; la Federación Internacional de Derechos Humanos, fundada en 1922, que agrupa a 184 organizaciones de derechos humanos de más de 112 países, con sede en París; y la red europea Euromed Rights, que engloba a más de 80 organizaciones estatales de derechos humanos de más de 30 países, con sede en Copenhague.

Además, esta plataforma llevará observadores estatales a las sesiones, como profesores universitarios de todo el Estado, juristas y expertos en derechos humanos. El abogado John Pilphot, participante en múltiples procesos ante tribunales internacionales, también formará parte del equipo de observación, así como la ex vicepresidenta del Parlamento Europeo, Luisa Morgantini, o Erri de Luca, escritor y activista por los derechos humanos.

La plataforma ha solicitado cinco asientos en la sala del juicio para que puedan entrar los observadores. Desde el Tribunal Supremo todavía no han respondido a la petición. Según algunas filtraciones a la prensa -se insiste en que todavía no hay respuesta oficial-, el Supremo es reacio a facilitar estos asientos y argumentan que todo el juicio será retransmitido por streaming, en abierto, para todo el mundo. Desde la plataforma recuerdan que la observación del juicio va más allá de verlo por una pantalla, para poder detectar miradas, comportamientos de los acusados, las defensas, las acusaciones y la Fiscalía, la situación anímica de las personas involucradas, el momento y el cómo llegan los acusados, los que llevan más de un año en prisión preventiva.

El Gobierno ha activado la diplomacia española para contrarrestar los mensajes que puedan dañar la imagen de la Justicia y el país en el extranjero. Sin embargo, la mejor manera de lanzar una imagen de un Estado moderno y demostrar la máxima de la independencia entre los distintos poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) es permitir que los observadores internacionales tengan la mayor capacidad para realizar sus tareas y facilitarle toda la información necesaria a la prensa extranjera.

Los mass media estatales ya gozarán de una nueva oportunidad para contaminar la realidad, exagerar la tensión con Catalunya y exacerbar el nacionalismo español como hemos visto en tantas ocasiones. Periodismo de guerra, de trinchera, de tomar posición en una trinchera para debilitar al enemigo. El periodismo es otra de las instituciones que está seriamente dañada. La Justicia, no pasa por su mejor momento. Y este juicio da la oportunidad de examinar la responsabilidad y la praxis profesional de ambas. Una piedra en el zapato del Supremo.