Refugees, wait

La escena se repitió durante varias noches de noviembre: decenas de personas haciendo cola ante las puertas de una comisaria en Madrid. Chavales jóvenes, matrimonios, abuelas, mujeres embarazadas, familias enteras cubiertas de mantas hasta los ojos esperaban desesperadamente que alguien en la Brigada Provincial de Extranjería les dejara pasar y pedir asilo.

En realidad, esperaban que les dejaran pedir una primera cita para iniciar los trámites de un proceso muchísimo más largo. La mayoría venían desde Venezuela, pero también había familias de Honduras, Nicaragua, Colombia, de los restos aún calientes de Siria. Nadie les avisó que en Europa para conseguir refugio había que pasar antes por la acera.

Aquella cola ignominiosa puso en evidencia la situación de colapso de esta comisaría –la única en Madrid donde hasta ahora se podía solicitar protección internacional-, pero también destapó un sistema de asilo totalmente atascado, por falta de personal y de recursos. Un sistema pensado para los cerca dos mil refugiados que atendíamos hace veinte años, pero no para los más de 40 mil que recibimos hoy. Con un programa informático de los 90 y 76 mil expedientes en un cajón, aún por resolver.

En ellos, el testimonio de quienes han escapado de países en conflicto o han dejado todo por culpa de la violencia o son perseguidos por su orientación sexual. Personas que llegaron huyendo - la única forma de llegar cuando tu vida está en peligro -, que vieron aquellas sábanas en los balcones dándoles la bienvenida y que, desde entonces, llevan años esperando a que España, de verdad, les acoja.

Crónica de un colapso anunciado

España nunca fue país refugio. De hecho, hasta 2015 apenas sabíamos qué significaba ser refugiado. Muy pocos llegaban solicitando protección – dos mil, tres mil, cinco mil como mucho –. “Esto habla de lo inaccesible que era antes nuestro circuito de asilo”, explica hoy Jaime Pons, técnico del Servicio Jesuita de Migrantes. “Muchas personas no accedían a esos derechos porque no era tan conocido el sistema”.

Por eso, en la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) se manejaban con una plantilla de poco más de 40 personas, las mismas que cuando fue creada en 1992. El presupuesto oscilaba entre 4 y 5 millones de euros, pero con la crisis se quedó en 3. Simplemente se consideró un departamento prescindible. Entonces llegó 2015 y la caravana de familias sirias cruzando el corazón de Europa nos pilló con un sistema de asilo en pañales.

En solo un año el Gobierno tuvo que duplicar el presupuesto hasta los 6,3 millones y multiplicar las plazas de acogida, de 930 hasta casi 8.000. La OAR, a través de fondos europeos, contrató a 94 personas más para atender a familias que acababan de llegar literalmente de la guerra. Uno de aquellos nuevos inspectores interinos era Alfredo Campos: “Cuando llegamos en 2015 empezamos a estudiar expedientes antiguos, de 2014. Ahí empezaron los retrasos”. Él fue contratado para evaluar solicitudes de Siria, pero pronto se acumularon en su mesa otras historias. De Yemen, de Turquía. El mundo se movía, surgían nuevos conflictos y pronto se vieron desbordados por otras nacionalidades. “No éramos suficientes”, reconoce.

En 2016 lo advirtió el Defensor del Pueblo. También lo hizo Amnistía Internacional. “El sistema estaba colapsando con cantidades ridículas de solicitudes de asilo. El problema se veía venir y no ha habido voluntad política de arreglarlo”, asegura Virginia Álvarez, responsable de política interior en Amistía.

En 2017 el éxodo de personas venezolanas se sumó a la lista de casos pendientes. El número de solicitantes se duplicó. De 15.755 pasamos a 31.120. Por primera vez, España se convirtió en el sexto país europeo con más peticiones de asilo. Por entonces, el tiempo de espera, solo para iniciar los trámites, ya superaba en muchos casos los seis meses.

En medio de todo esto, a los 94 interinos que se incorporaron con la crisis siria se les acababa el contrato. “En diciembre de 2017 empezamos a hablar con el Gobierno para advertirle de la problemática”, comenta Fernando García, secretario general de CCOO en el Ministerio del Interior. “Propusimos que continuaran, porque ellos conocen bien los mecanismos y podrían formar a una nueva generación de trabajadores. Pero nos encontramos un muro”.

Al final llegó 2018 y se cumplieron todos los pronósticos. 45.605 personas pidieron asilo según Eurostat, un record histórico para España, que se situaba en el quinto puesto de la UE, solo por detrás de Alemania –que triplica las cifras españolas–, Francia, Grecia e Italia.

¿Y los 94 interinos? Fueron cesados el 8 de diciembre y sustituidos por personal nuevo sin formación en materia de asilo ni experiencia. “Si antes el sistema estaba colapsado, ahora hay un colapso total”, denuncia García. A finales de 2017 la lista de solicitudes acumuladas rondaba las 35 mil, en el último trimestre de 2018 la cifra subió a 60 mil. Hoy, según CCOO, hay 76 mil casos pendientes. Nuestra falta de experiencia fue una buena excusa para 2015. Ya no lo es.

La eterna espera

Para pedir asilo en España hay que cumplir tres requisitos: sentir miedo, salir rápido de tu país, tener una paciencia infinita.

Imagina, por ejemplo, que te llamas Blanche y que acabas de llegar de Costa de Marfil. Si quisieras solicitar asilo primero debes pedir cita en la comisaría de Policía Nacional que te corresponda. Después acudir a una entrevista donde tendrás que explicar a un agente por qué te marchaste, señalar quién te persigue, aportar pruebas –si las hay- de por qué tienes miedo, justificar que no tienes otro sitio a dónde ir. A partir de ahí recibirás un resguardo – o tarjeta blanca- que te identifica como solicitante. Ese papel te asegurará, de momento, que no serás expulsada. Al menos hasta que el Gobierno decida si admite o no a trámite tu solicitud.

Según los plazos que estipula la ley, deberías tardar entre tres y diez días en presentar la solicitud y luego un mes en saber si es admitida a trámite. Pero ya sabemos que en la práctica rara vez funciona así.

Como demostraron las colas ante la Brigada de Extranjería, para muchos este punto solo significa el comienzo de un estrecho embudo. “Hay retraso en las citas, en la entrevista, en el estudio de las solicitudes y en la entrega de la documentación y, mientras tanto, todos sin derechos”, critica la abogada Patricia Fernández. Y lo de Madrid, solo fue un ejemplo. Como asegura el Sindicato Unificado de Policía (SUP), el bloqueo afecta a más comisarías españolas. Aun así, el verdadero atasco viene después.

Si el Gobierno admite a trámite tu solicitud te darán otra tarjeta, la roja, que te permitirá acceder a ciertos derechos como solicitante: un alojamiento temporal, ayudas sociales, clases de español. Al cabo de seis meses también podrás trabajar. Eso no quiere decir que te vayan a conceder el asilo, solo que los inspectores de la OAR están dispuestos a estudiarlo.

La ley, una vez más, dice que solo deberían tardar entre tres meses (si se trata de un caso urgente) y seis para dar una respuesta. Sí o No. Pero el tiempo promedio es de 431 días o 14,4 meses. Y eso, con suerte. En el caso de Blanche, que es una persona real, lleva esperando tres años y medio. “No pensé que tardaría tanto. Con la tarjeta roja puedo trabajar pero no sé si al final me la van a quitar o no. Cada seis meses tengo que ir a renovarla a la policía, cada seis meses tengo miedo”.

Hoy Blanche se levanta tranquila, desayuna, va a trabajar como ayudante de cocina, juega con su hijo de dos años, se imagina volviendo a estudiar. Pero lo hace en un país donde, todavía, no sabe si podrá quedarse.

Esperar para nada

Venezuela, Colombia, Siria y Honduras. Son las cuatro nacionalidades que más buscan refugio en España - sobre todo los venezolanos, que en 2018 representaron el 40% del total-, pero no todos esperan lo mismo.

La duración media del procedimiento para los sirios es de 9,2 meses. Al resto les toca aguantar bastante más, incluso puede que les bloqueen de manera indefinida.

“Cuando existe una situación de inestabilidad en un país se puede paralizar el estudio de su expediente hasta ver qué ocurre. La ley lo permite”, explica Alfredo Campos. “Por ejemplo, Venezuela lleva un retraso mayor porque han estado paralizados”.

Y todo para que, al final, les acaben diciendo que no. Solo uno de cada tres solicitantes consigue protección en España – el 35%-. Un porcentaje por debajo de la media europea que resuelve en positivo el 46% de sus peticiones –con excepciones como Francia con un 70% de rechazos-.

España es más benevolente con países como Siria, Irak o Palestina. Y terriblemente tacaña con Ucrania (91% de rechazos), Venezuela (99%), El Salvador y Honduras (ambos el 100%).

A veces porque no cumplen los requisitos o porque existen violencias –como la que ejercen las maras en Centroamérica- que no se consideran motivo de asilo. También, como explica la abogada Patricia Fernández, “muchas solicitudes se rechazan porque no se realizan entrevistas en profundidad” y, además, los responsables de hacerlas son policías sin formación suficiente.

“Al final, los relatos que plasman en el papel siempre son muy escuetos”, admite también la abogada Noemí Alarcón, “se resume demasiado”. Y aun así, sobre ese breve resumen gira toda la decisión. Las personas como Alfredo, quienes estudian de verdad los casos, casi nunca llegan a ver o a escuchar el testimonio de estas personas que supuestamente temen por sus vidas.

Parches o reformas

El sistema de asilo español está colapsado, hay evidencias de sobra. Pero, en realidad, no es el único. Recientemente también se han visto colas en las oficinas de asilo de Bélgica. En Irlanda, los solicitantes tienen que esperar hasta 20 meses para tener la primera entrevista. En Chipre y Eslovenia las resoluciones se acumulan durante dos y tres años.

“El sistema funciona mal en muchos países de Europa y no depende del número de llegadas. El problema es la administración” explica Minos Mouzourakis, coordinador en el Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados (ECRE).

Lo ideal sería un sistema de asilo común, más justo y solidario con los países que hacen frontera, que evite la "lotería de asilo" que hoy se vive en los distintos territorios de Europa, pero las negociaciones comunitarias están, como todo lo demás, bloqueadas. “¿Por qué los gobiernos insisten en un sistema disfuncional?”, se pregunta Mouzourakis.

“No se buscan soluciones estructurales porque la lógica siempre ha sido que esto iba a ser una situación transitoria”, responde Jaime Pons, del Servicio Jesuita de Migrantes. “No se ha creado capacidad porque se pensaba que íbamos a volver a las mil solicitudes de antes”. Y, claramente, nos equivocamos.

De momento, tras las colas de noviembre, el Ministerio del Interior ha puesto en marcha un “plan de choque” que incluye el refuerzo de 40 policías en la Brigada Provincial y la apertura de otras dos comisarías en Madrid para hacer las entrevistas.

También se ha comprometido a destinar 17,03 millones de euros al sistema de asilo y refugio, el mayor presupuesto de su historia, de los que una parte importante servirá para contratar a 231 nuevos funcionarios en la OAR. Por cierto, el viejo programa informático de 1992 será jubilado de una vez.

Abogados y ONG celebran las nuevas medidas pero vuelven a insistir: no estamos hablando de una situación de emergencia coyuntural. Esto va mucho mas allá de acabar con unas colas en la calle. “Se tiene que repensar todo el sistema. Si seguimos apostando por parches no tendremos soluciones a largo plazo. Todavía llevamos esperando un reglamento de asilo desde el año 2009”, insisten en Amnistía Internacional.

“Hay que descentralizar muchas funciones que están en Madrid, ampliar oficinas a otros puntos de España y con personal cualificado” apunta también la abogada Noemí Alarcón.

Acabar con el colapso llevará tiempo y, sobre todo, necesitará voluntad. De todas formas, y por muy difícil que nos resulte el reto, siempre es bueno recordar que en países como Turquía acogen hoy a 3,5 millones de refugiados, Pakistán y Uganda a 1,4 millones, Líbano a 998 mil. Ahora, vuelva a leer las cifras españolas.