Sentencia justa para los presos catalanes

  • Somos una asociación cuya razón de ser es, precisamente, la defensa de los derechos y libertades de las personas, los derechos humanos individuales y colectivos

Ana Almirón Mengibar, Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.

Cuando el 27 de abril se aprobó por unanimidad en la Junta Directiva de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), una declaración en relación al juicio del llamado procés, no era la primera vez que hablábamos y reflexionábamos con preocupación al respecto, sino que lo hemos ido siguiendo muy de cerca, participando directamente como observadores en el mismo y recabando la opinión de expertos y especialistas en derecho constitucional. Debate e información que también hemos tratado de trasladar a la opinión pública a través de diversos actos, por lo que decidimos hacer publica dicha declaración, el 4 de junio, acompañada de los apoyos de 130 personas significativas y 24 colectivos, del ámbito de los derechos humanos, la judicatura, la universidad, la comunicación y la cultura, entre otros. Apoyos que en tan solo unos días se quintuplicaron, mayoritariamente de Andalucía, pero también del conjunto del Estado.

¿Por qué una asociación pro derechos humanos y de Andalucía decide y está dispuesta a encabezar una iniciativa como ésta? Muy sencillo, porque somos una asociación cuya razón de ser es, precisamente, la defensa de los derechos y libertades de las personas, los derechos humanos individuales y colectivos, independientemente de su ideología política, origen, sexo, o cualquier otra circunstancia. Así lo manifiesta la declaración universal y lo establece nuestra Constitución. Esa es nuestra perspectiva, desde la que defendemos por ejemplo el derecho a migrar, que nos lleva a criticar las políticas europeas y las actuaciones de nuestro propio Estado aquí, en nuestra Frontera Sur, con tan tremendas consecuencias de inhumanidad. O el derecho a la vivienda, la salud y la educación, en defensa de las personas más pobres y excluidas de todo ello. Los derechos de las mujeres, a la libertad y diversidad sexual, etc. O los derechos de las personas en situación de privación de libertad, frente a posibles abusos o merma ilegal de sus derechos de ciudadanía.

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Y coherentemente con todo ello, aunque sus actuaciones en el proceso pueden ser discutibles, tampoco hemos querido mirar para otro lado al observar, con gran preocupación, las irregularidades del juicio a los presos catalanes, señaladas tanto por organizaciones estatales e internacionales, como por numerosos catedráticos y expertos en derecho constitucional y procesal, que se centraban en nuestra declaración en cinco elementos, tales como el derecho al juez natural, la calificación del delito como de rebelión, impedir el ejercicio de los derechos de participación política activa y pasiva para las personas y el abuso en la aplicación de la prisión preventiva, así como la exigencia a renunciar a sus ideas independentistas en los autos judiciales, explicados así:

“.. No se han respetado debidamente numerosos derechos fundamentales. Entre ellos el derecho al juez natural, forzando la competencia de Tribunal Supremo con argumentos insostenibles y por tanto impidiendo el derecho al recurso en segunda instancia de los procesados en caso de condena. La propia calificación de rebelión o de sedición no se ajusta en nada a lo establecido en nuestro ordenamiento penal, por lo que está directamente pensada como venganza ante los hechos acaecidos en octubre de 2017, más que como respuesta al tipo penal del posible delito cometido. Al tiempo que permite impedir el ejercicio de los derechos de participación política activa y pasiva para los procesados. El mantenimiento de la prisión preventiva, pensada en nuestro sistema de derecho como una medida excepcional, resulta especialmente inhumana y cruel sin justificación alguna”.

Argumentos que nos llevarían a cuestionar que se trate de un proceso judicial realmente justo, independientemente de su ideología y del delito probadamente contemplado y cometido según nuestro ordenamiento jurídico, ya que, como también se señala en nuestra declaración:

“El incumplimiento de esos principios y la aplicación del derecho penal del reo, que no hace depender la justicia del tipo de delito probado sino de la condición y la ideología de quien lo cometió, socavan gravemente los cimientos del Estado democrático y de la propia Constitución. Y no sólo afecta a quienes lo padecen, sino al conjunto de la sociedad”.

Desde nuestra perspectiva, en unos momentos en los que constatamos un cuestionamiento de la convivencia democrática por fuerzas políticas emergentes, que alardean de sus raíces autoritarias y franquistas, nos preocupan unas actuaciones judiciales que validen un tratamiento absolutamente inaceptable en materia de derechos civiles y políticos, sentándose un grave precedente que menoscabe seriamente las garantías correspondientes a los procesos de participación y reacción frente al descontento social, no sólo en Cataluña, sino en la totalidad del Estado español. Y en este contexto, la mirada de la APDHA, quiere ser claramente, una mirada crítica y progresista, independiente de los poderes establecidos, y propia, desde nuestra razón de ser, experiencia e idiosincrasia, social y cultural, en defensa de los derechos humanos individuales y colectivos.

La APDHA considera de gran importancia la actuación colectiva frente a la vulneración de derechos y libertades, independientemente de ideología política, origen, sexo o cualquier otra circunstancia. Así lo venimos haciendo en defensa de las personas migrantes, pobres y excluidas, mujeres, menores o presas, y por eso también hemos decidido tomar una iniciativa como ésta, en defensa de las libertades y derechos, exigiendo un juicio justo y una justa sentencia para los presos catalanes. Creemos imprescindible una reacción social a la vulneración de derechos y libertades. La desproporción y subjetividad judicial, que ha llevado a la Fiscalía hasta tildar de golpe de Estado lo ocurrido en Cataluña, es inadmisible, afectando gravemente a la convivencia del conjunto de la sociedad española.

A pesar de lo planteado por la Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía, esperamos una sentencia justa, que consolide el Estado de derecho y la calidad de nuestra democracia, puesta en entredicho a raíz de todo este proceso judicial, dentro y fuera de nuestro país, como forma de contribuir de manera positiva desde el ámbito judicial, a la mejora de la convivencia de la sociedad española.