Es el momento de decidir: un futuro verde o no tener futuro

Vivimos días muy difíciles, casi de la noche a la mañana hemos visto cómo un virus, aparecido hace apenas unos meses en un mercado de la lejana ciudad de Wuhan, Hubei, tras contagiar a una parte de China, se ha extendido por todo el mundo a una velocidad endiablada y ha llegado hasta nuestros hogares, desmontado totalmente nuestras vidas. 

Situaciones propias de películas de terror, de ciencia ficción han pasado a formar parte de lo cotidiano: ciudades vacías, confinamientos masivos, movilidad restringida, hibernación de casi toda la actividad económica, un sistema sanitario al borde del colapso que, gracias a la ingente labor de los profesionales sanitarios, ha conseguido seguir en pie.

Todo ello ha creado un auténtico drama que ha conmocionado nuestras sociedades creando una emergencia sanitaria jamás vista en los tiempos modernos, provocando el triste balance, imposible de asimilar, de muchísimas pérdidas de vidas humanas. Una emergencia que no se queda solo en el ámbito sanitario, en los enfermos y sus entornos familiares, sino que se ha extendido y está dando lugar también a una emergencia económica y social. 

Parte de nuestra población está ya en situación de extrema vulnerabilidad, acentuándose la precariedad social que existía previamente. Nos encontramos con multitud de problemáticas sociales: mayores que viven solos y desamparados esta crisis; pérdidas masivas de empleo, relacionadas, en parte, con la precariedad del mercado laboral, y, acentuadas por el abuso de la contratación temporal de nuestro sistema productivo; los ERTES que implican una disminución del dinero que entra en los hogares; cierres de actividad que dejan a muchos autónomos sin ingresos de ningún tipo y a PYMES sin recursos para afrontar esta situación… Por no hablar de la paralización de la economía sumergida, tema tabú del debate público, de la que depende un parte importante -la más vulnerable- de nuestra población.

Ante esta emergencia, sanitaria, económica y social hay muchas cosas que desconocemos. No sabemos la duración ni la evolución que tendrá la pandemia ni tampoco cuánto tiempo va a estar ralentizada la economía. 

Desconocemos las exactas consecuencias políticas, sociales y económicas que esta situación va a provocar en la sociedad. Pero sí sabemos otras muchas cosas.

Sabemos que ante una crisis de estas características no podemos repetir los errores del pasado; que hay que proteger el tejido productivo y empresarial, dotándole de la liquidez necesaria para que sobreviva al parón de la actividad; que es prioritario atender de inmediato la emergencia social, preservar el empleo y dar recursos comunitarios para que nadie se quede atrás; que hay que agilizar las ayudas económicas a la población vulnerable; que es fundamental invertir inmediatamente en la mejora de la sanidad pública y el refuerzo de los servicios sociales; que debemos, por último, garantizar el derecho al acceso a una vivienda y a los servicios esenciales como la energía, el agua o internet.

Tenemos, así mismo, la seguridad de que se va a disparar el gasto público por lo que hay que conseguir más ingresos para cubrir el aumento del gasto social. Para ello es urgente reformar nuestro sistema fiscal, creando un modelo de fiscalidad socialmente más justo, con el objetivo de aumentar los mecanismos de solidaridad, a fin de conseguir hacer realidad un principio básico: que los que más tienen paguen más. 

Conocemos, también, que existe el peligro del resurgir de opciones y sentimientos de corte regionalista o nacionalista, que apoyen una vuelta al supuesto cobijo del estado nación clásico. Alentando visiones localistas que intenten huir de marcos de solución comunes. De hecho, cada país está tratando la pandemia y sus consecuencias sin crear mecanismos de coordinación y colaboración con sus vecinos, como si viviéramos en mundos distintos no interconectados. Esta situación la estamos viendo en Europa con las incomprensibles dificultades para buscar fórmulas de coordinación, apoyo y solidaridad entre los países de la Unión.

Sabemos, de igual modo, que la cooperación internacional es imprescindible. No saldremos de esta crisis si la salida no es colectiva, ayudando a los países más pobres y con menos recursos a afrontarla. No sería útil, ni por supuesto ético, no hacer políticas de apoyo a los países que no tienen medios para frenar la pandemia. La salida de la crisis necesita una respuesta internacional y coordinada. Una nueva Gobernanza global es más necesaria que nunca, la cual establezca mecanismos de coordinación, ayuda y diseño para salir de la crisis. 

Tristemente la realidad contrasta con este planteamiento de Gobernanza global, ni siquiera se ha producido una reunión del G20 o algún organismo internacional relevante. Parece que no hay voluntad política de pensar en el bien común, más allá de las propias fronteras.

Un futuro social y sostenible

Las soluciones no pueden ser sólo a corto plazo; tenemos que pensar en el medio y en el largo plazo. Nos toca decidir qué modelo de sociedad queremos ser en el futuro. Un modelo de sociedad que pasa irremediablemente por la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático.

Es innegable que vivimos en un modelo económico y social que no es sostenible. Hay que poner soluciones para luchar contra la emergencia climática, mitigar sus efectos y adaptarnos a la nueva realidad. 

El negacionismo de la crisis climática sigue vigente y con más fuerza que nunca. Declaraciones de líderes, como Trump, diciendo que van a rebajar la legislación medioambiental que se aplica a las empresas con la excusa de la crisis del coronavirus, son extremadamente irresponsables.

Ante esta situación Europa tiene que ser el referente político mundial del diseño de una salida a la crisis que sea social y respetuosa con el medio ambiente. La nueva Presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von Der Leyen, ha planteado como elemento clave de su mandato una hoja de ruta para dotar a la UE de una economía sostenible. 

Este Pacto Verde Europeo, que presentó la Comisión Europea en noviembre del 2019 (fijaba un calendario a desarrollar de forma urgente) incluía medidas que se iban a presentar este primer trimestre del año. El Pacto incluye actuaciones en sectores clave de nuestra sociedad: la industria, la construcción, la eficiencia energética, la energía, la biodiversidad, la alimentación, la promoción de la economía circular, la movilidad sostenible, la digitalización y la lucha contra la contaminación de nuestros recursos naturales como el suelo, el agua y el aire.

Intentos de regresión

Una hoja de ruta, que siendo mejorable -siempre se puede ser más ambicioso-, es un buen punto de partida. Sin embargo, desde diferentes frentes ya está siendo boicoteada. 

A finales de marzo, las empresas de fabricación de coches europeos escribieron a la Comisión Europea exigiendo una moratoria en los estándares de emisiones de los vehículos. En la Eurocámara el Grupo Parlamentario de los Conservadores y Reformistas Europeos, donde está adscrito Vox en la Eurocámara, ya ha propuesto que los fondos económicos que se iban a destinar al Pacto Verde se utilicen para la emergencia sanitaria.  Algunos gobiernos europeos, como el polaco, el húngaro o el checo no paran de poner palos en las ruedas ante cualquier actuación que se plantea, e, incluso, quieren dar pasos atrás, como demuestran las declaraciones polacas planteando la suspensión del mercado europeo de derechos de emisiones, que obliga a pagar a las empresas por el dióxido de carbono que generan.

La contestación política ha sido inmediata, el 10 de abril, trece ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea presentaron una carta conjunta pidiendo seguir adelante con la planificación del Pacto Verde Europeo sin dar ni un paso atrás. 

Pero no solo la política está respondiendo, el 14 de abril, se presentó el manifiesto “Green Recovery” que pide que la Unión Europea afronte la respuesta a la recesión económica desde la perspectiva de la lucha contra el cambio climático. 

Este manifiesto ha sido firmado, inicialmente, por 79 eurodiputados de 17 países de la UE, 37 directores generales de multinacionales y grandes empresas, 28 asociaciones empresariales, confederaciones y federaciones sindicales, siete ONGs y varios grupos de expertos. Grandes empresas, como L’Oreal, Volvo, Danone, Ikea, Enel o Iberdrola, ponen su firma junto a ONGs medioambientales como WWF, Birdlife o la Red de Acción Climática.

El hecho que coincidan juntas en este manifiesto entidades firmantes con objetivos tan dispares, demuestra que tenemos la oportunidad de consensuar una salida de la crisis con un amplio abanico de actores sociales. El nuevo Plan Marshall en Europa tiene que ser un Plan Verde que nos sirva para cambiar el modelo productivo y transformar nuestra sociedad. La salida a la crisis será verde o no será.

Estamos ante un debate que va a marcar nuestras vidas. La forma en la que salgamos de esta crisis va a condicionar nuestro futuro. Nada está escrito. Todo depende de nosotros. Estamos ante la oportunidad de construir un mundo más justo y sostenible para las generaciones venideras. Este es nuestro reto, esta es nuestra oportunidad.