Consternación en Irán al dar la cartera de Justicia a un «carnicero» de la oposición

Verdadera consternación ha provocado dentro y fuera de Irán el nombramiento de Mustafa Pour Mohamadi como futuro ministro de Justicia, ya que este clérigo está acusado de dirigir ejecuciones masivas de presos políticos y de organizar varios atentados mortales contra dirigentes de la oposición.

Pour Mohamadi fue propuesto para este cargo durante la toma oficial de la Presidencia por Hasán Ruhani, vencedor en los recientes comicios presidenciales iraníes y que basó su campaña en la defensa  de los derechos civiles. Esta actitud y su talante negociador en el contencioso nuclear le granjearon el calificativo de “reformista” pese a que desde sectores de la oposición se advirtió sobre su fidelidad al Guía de la Revolución, Ali Jamenei.

Las primeras en dar la alarma sobre el siniestro significado de este nombramiento, que ahora deberá ser ratificado por el Majlis (parlamento), fueron las organizaciones humanitarias Campaña Internacional por los Derechos Humanos en Irán (CIDHI), Human Rights Watch (HRW) y Reporteros Sin Fronteras. De acuerdo con un informe elaborado por HRW el año 2005 bajo el título Ministros del Asesinato, Pour Mohamadi se encargó durante el verano de 1988 de un procedimiento “exprés” para vaciar las cárceles de presos políticos.

Estos presos representaban a todas las tendencias que se habían opuesto a la instauración de un sistema integrista después de la Revolución de 1979 y debido a su cantidad se habían convertido en un problema para la consolidación del nuevo régimen. La mayor parte pertenecían a los Muyahidines del Pueblo, pero también había de las diferentes ramas de los Fedayines, del Tudeh (Partido Comunista), del grupo Rahe Kargar (Organización Revolucionaria de Trabajadores) y del Partido Democrático del Kurdistán de Irán (PDKI). Muchos de ellos habían sido detenidos siendo menores de edad y estaban acusados únicamente de labores de propaganda contra Jomeini y la República Islámica.

Siguiendo un fatua (decreto islámico) específica para la ocasión, se crearon unas comisiones para volver a interrogar a los reos, preguntándoles si renegaban de sus “crímenes”. En caso negativo eran enviados de forma inmediata al patíbulo.

No se conoce su número exacto ya que el Gobierno iraní nunca facilitó esos datos y solo enviaba de forma individual los certificados de defunción a las familias, sin dar más explicaciones y sin indicar el lugar donde habían sido enterrados. El ayatolá Montazeri, que protestó por este crimen, citó la cifra de 3.800, pero los familiares lograron elaborar una lista con 4.481 nombres, considerándola provisional e incompleta. Por lo general y aunque también se dan cifras mayores, se acepta que hubo unas 8.000 ejecuciones.

Especialmente dramático fue el procedimiento seguido con las jóvenes y adolescentes que, por ser vírgenes, no podían ser ejecutadas de acuerdo con la normativa religiosa. Para solventar tan grave escollo, las chicas eran “casadas” con sus carceleros, también en “matrimonios exprés”, para, después de violarlas, poder cumplir la “sentencia”. A continuación y siguiendo las tradiciones iraníes, la instancia oficial correspondiente solía enviar un pequeño “regalo” (por ejemplo, un paquete de arroz) a modo de “dote”, adjuntándose también el certificado de muerte.

Hasta 2009 en el llamado Cementerio de Khavaran, al sureste de Teherán,  se podían apreciar los solares yermos donde fueron enterrados parte de los ejecutados, sin señalización de ningún tipo que permitiera a las familias identificar o localizar las tumbas de sus allegados. Ese año, las autoridades iraníes decidieron su destrucción, ya que comenzaba a ser centro de peregrinación no solo para las familias de las víctimas sino también para la oposición y las organizaciones de derechos humanos.

Se da la terrible coincidencia de que a partir de este mes de agosto se habían preparado varios actos sobre la masacre aprovechando el 25 aniversario de estos hechos. No se entiende cómo el “reformista” Ruhani realiza esta propuesta cuando es el Ministerio de Justicia quien se encarga de coordinar las distintas instancias gubernamentales en lo que se refiere a los asuntos jurídicos. Parece obvio que con Pour Mohamadi al frente de Justicia no habrá forma de realizar una conmemoración en la que el ministro responsable va a ser el principal blanco de las denuncias.

El asunto no acaba ahí porque Pour Mohamadi, estando en el Ministerio de Inteligencia, fue director de las operaciones en el exterior durante la década de los 90, cuando decenas de dirigentes opositores murieron en atentados perpetrados por comandos iraníes. Además, en 1998, ya con Jatami en la Presidencia, agentes del citado ministerio asesinaron a media docena de intelectuales, entre ellos varios periodistas.

Se abrió una investigación que señaló en sus conclusiones a Pour Mohamadi como uno de los instigadores pero fue removido de su cargo antes de que se tomara ninguna medida contra él. Después, el anterior presidente, Mahmud Ahmadineyad, lo recuperó como ministro de Interior entre 2005 y 2008, retornando ahora al Gobierno de la mano de Ruhani.

Rahim Kaderi, entonces militante del PDKI  y que precisamente en esos años 80 evitó la cárcel huyendo de Irán y refugiándose en España, no duda en calificarlo como un “carnicero” de la oposición. En su opinión, la propuesta de este clérigo como ministro de Justicia será ratificada por el Parlamento iraní, como otros nombres elegidos por Ruhani igualmente vinculados al sector más duro del régimen. Para Joe Stork, encargado para Oriente Medio de HRW, “la elección de Pour Mohamadi como ministro de Justicia envía un terrible mensaje sobre el compromiso del nuevo presidente con la legalidad internacional”.