Las represalias de Margallo contra Gibraltar perjudican al comercio y al trabajo

Los efectos de la nueva crisis diplomática con Gibraltar redundan una vez más contra los de abajo. “La gente está muy cabreada ¿Tú te crees que es lógico obligar al personal a unas esperas de dos y tres horas para pasar la verja? El otro día, una mujer estuvo a punto de dar a luz mientras esperaba para pasar el control”, explica un periodista de la zona. “El Gobierno parece ignorar que la colonia es la principal fuente de empleo de la zona”, afirma la alcaldesa de La Línea, la socialista Gemma Araujo, quien comparte con muchos ediles del PP y con la mayoría de la población el malestar por la represalia de los controles.

Las represalias ordenadas por el Gobierno de Mariano Rajoy contra las autoridades gibraltareñas en forma de controles e identificaciones minuciosas por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no sólo han generado un fuerte malestar, tanto de los gibraltareños como de los trabajadores españoles que cada día entran y salen de trabajar, sino también la impresión de que el Ejecutivo, tocado por el caso Bárcenas, está utilizando “la piedra en el zapato” para excitar la fibra patriótica como en los peores tiempos del falangista Fernando María Castiella Maiz.

Como es sabido, el desencadenante de la crisis fueron los 70 bloques de hormigón con pinchos que las autoridades gibraltareñas lanzaron al mar para proteger de la pesca de arrastre la zona que va desde el final de la pista del aeropuerto, en el istmo, hacia su territorio. Según el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, estamos ante “una política de hechos consumados” por parte de las autoridades gibraltareñas. Sin embargo, según explican personas próximas al ministro principal, Fabián Picardo, el informe de los expertos de pesca y medio ambiente era público desde hacía meses y se debatió y aprobó en el parlamento gibraltareño.

La creación de un arrecife artificial que no impide la pesca artesanal tampoco era ignorada por los pescadores de la zona, que conocen ese sistema de protección porque  se implantó hace casi una década en la franja de La Línea de la Concepción. Según las fuentes consultadas, en la zona del istmo, que no es un caladero, solía faenar un solo pesquero. Es probable que para el ministro García Margallo los “hechos consumados” se deban a que desde que llegó al cargo no mantiene interlocución alguna con las autoridades gibraltareñas, a pesar de contar con un diplomático permanente en la zona.

La reacción del Ejecutivo a los bloques de hormigón –la aplicación de controles estrictos en la frontera, con el consiguiente perjuicio a la población-- provocó, como es  sabido, la llamada a consultas del embajador español en Londres, Federico Trillo, por parte del Foreing Office. Trillo envió a su segundo, Ramón Gandarias. Pero en vez de abordar el conflicto medioambiental, las fuentes diplomáticas autorizadas explicaron que los controles se deben al llamativo aumento del contrabando de tabaco hacia España. Gibraltar está fuera del Tratado Schengen sobre libre circulación de personas y mercancías y el Gobierno español no puede renunciar a combatir los tráficos ilícitos.

En la práctica, aunque pueda existir un aumento de la provisión tabaquera desde Gibraltar tras el último aumento de los impuestos especiales en España, la limitación de dos cartones de cajetillas de tabaco por persona convierte en ridículo el argumento. De sobra saben las autoridades de la zona que pasar a Gibraltar, comprar dos cartones de tabaco y revenderlos en algún bar o establecimiento autorizado es el medio de vida de muchos parados para obtener los 20 euros diarios que necesitan sus familias para comer.

Los controles y las colas de más de dos horas para entrar y salir de Gibraltar no sólo fastidian a los trabajadores sino también al comercio del Campo de Gibraltar, pues los gibraltareños salen a comprar y consumir en las localidades de la zona y poseen un buen nivel adquisitivo. Como ejemplo vale decir que Gibraltar, que no recibe ni una libra de Londres, disfruta de superávit presupuestario. En cambio, el Ayuntamiento de La Línea –más de 70.000 habitantes-- a duras penas puede pagar a sus empleados: a día de hoy les debe el importe de diez nóminas.

A los obstáculos del normal desenvolvimiento de la vida de la gente, el Gobierno de Rajoy está dispuesto a añadir otros controles y restricciones, jaleados con tintes bélicos por determinados medios serviles. Así, según García Margallo se podría implantar una “tasa de congestión” de 50 a 100 euros por cada vehículo que cruce la frontera. Con ello se perjudicaría a decenas de miles de trabajadores y comerciantes españoles.

García Margallo también advierte a las empresas de bunkering -gasolineras flotantes en la bahía de Algeciras para el suministro de combustible a los buques- de que esa actividad está prohibida y pueden ser sancionadas. Esa medida que sería positiva para la preservación del medio ambiente no ha sido aplicada hasta ahora debido a los fuertes intereses españoles, incluidos los del ministro de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, reiteradamente citado a que explique en el Congreso sus negocios de bunkering en Algeciras y en Canarias.

Otras medidas anunciadas en tono de amenaza pasan por la revisión de las 60.000 líneas telefónicas concedidas a la colonia por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, la exigencia a las empresas de apuestas online que utilizan servidores en España de impuestos por los beneficios que obtengan en nuestro país. En materia fiscal se revisará la situación de los 6.700 gibraltareños que compraron viviendas en el Campo de Gibraltar y en la costa de Málaga para ver si son residentes y pagan los impuestos aquí. Y se inspeccionarán los inmuebles a nombre de sociedades gibraltareñas.

En este punto, el propio Picardo aclaró en mayo pasado en Madrid que Gibraltar ha dejado de estar en la lista de paraísos fiscales y pidió al Gobierno español que actualice su lenguaje. De hecho, el Impuesto de Sociedades en Gibraltar es el 10% frente al 3% de las sociedades de inversión colectiva (Sicav) en el Reino de España. Las restricciones afectarán también a los vuelos civiles con origen o destino en el aeropuerto del istmo, que quedarán prohibidos. Con ello se golpeará al turismo.

La decisión de “apretar las tuercas” a Gibraltar supondrá en definitiva la anulación de los avances logrados en el Foro Tripartito que impulsaron José María Aznar y Toni Blair a comienzos de siglo y el retorno a una situación como la que se encontraron los socialistas en 1982. ¿A quién beneficia esa involución y qué problemas van a resolver Rajoy y su jefe de la diplomacia, García Margallo, con tan patrióticas y enérgicas medidas?