Diosdado Toledano: «La renta garantizada ciudadana evitará tentaciones fascistas»
BARCELONA.– En pleno debate por los presupuestos catalanes presentados por el Govern y que previsiblemente contarán con el apoyo de la CUP para que se inicie el debate y trámite en el Parlament, los movimientos sociales, los sindicatos y la izquierda política echan el resto para que se recojan algunas de las principales aspiraciones sociales en las cuentas. En este contexto, atiende a cuartopoder.es uno de los portavoces de la Comisión Promotora de la ILP por una Renta Garantizada Ciudadana, Diosdado Toledano (Barcelona, 1949). Este activista, histórico sindicalista y militante de la izquierda, actualmente integrante de la Asamblea Político y Social de IU y del Consell Nacional de EUiA, asegura que "es falso que los presupuestos presentados por el Govern sean sociales", tal y como no se cansan de repetir desde ERC, integrada en el Govern de JxSi liderado por Carles Puigdemont, y afea que la CUP vaya a votar a favor de que estas cuentas se debatan en el Parlament el próximo 20 de diciembre. "La propia CUP dice que no le gustan los presupuestos porque no incluyen algunas medidas sociales", declara Toledano, para quien "el que la CUP permita con su voto tramitar los presupuestos no es lo ideal para que se incluya una partida en ellos para la Renta Garantizada de Ciudadanía".
Si, como parece ser, se admiten a trámite los presupuestos el próximo día 20, el debate presupuestario en el Parlament tendrá lugar hasta mediados de enero, previsiblemente. La reciente detención de activistas próximos a la CUP por la quema de fotografías del rey ha tensionado las relaciones entre JxSi y la candidatura anticapitalista, que señala directamente al Govern como responsable de las mismas. Habrá que ver si esto afecta a la aprobación de los presupuestos.
Toledano recuerda, en entrevista con este medio, que "el Parlament aprobó por unanimidad el pasado octubre una proposición de CSQP y el PSC para implementar la Renta Garantizada en 2017", por lo que considera que "no hay ninguna justificación para no haber puesto una partida para esta materia". El pasado 19 de noviembre, miles de personas salieron a la calle en Barcelona exigiendo unos presupuestos con carácter social, entre cuyas reclamaciones concretas se encontraba la de la Renta Garantizada. "Es un clamor social que hay que tomar medidas políticas para disminuir la pobreza en Cataluña, la población en pobreza relativa es de más de 2.000.000 de personas y, en pobreza severa, de más de 500.000 personas", advierte el activista. Con esta propuesta de ley se pretende que las personas que no alcanzan unos ingresos mínimos para desarrollar una vida digna reciban una prestación de 664 euros al mes, lo correspondiente a 12 pagas del Indicador Renta de Suficiencia de Cataluña, el mínimo para una vida digna en Cataluña, que sería 569 euros en 14 pagas. "El ejecutivo de JxSi plantea unas cantidades ridículas, que no servirían para que la población pobre pudiera vivir con dignidad", añade Toledano.
Para Toledano, esta iniciativa social en Cataluña es pionera en el Estado español. "Tomamos como referencia las ayudas que se dan en Euskadi en este sentido y las mejoramos en distintos conceptos, aumentamos las cuantías económicas y, para las personas que vienen de fuera, ya está acordado que el periodo de inserción que se exige para optar a la prestación sea de un año, mientras que en Euskadi es de cinco", describe este portavoz de la promotora de la ILP, quien asegura que los beneficios sociales de que esta iniciativa saliera adelante se notarían pronto. "La Renta Garantizada Ciudadana evitará tentaciones de tipo fascista", predice.
Toledano entiende que "cuando las clases populares más vulnerables sufren un proceso largo de empobrecimiento, se incita a la guerra entre pobres, es decir, que los pobres autóctonos echen la culpa de su situación a los pobres que vienen de fuera, alentando posiciones racistas y xenófobas". Además, este activista considera que, más allá de los beneficios sociales y económicos para la población empobrecida que tendría esta medida, se mejoraría la cohesión social. "Cuando la población obtiene un derecho, no es dependiente del clientelismo y dependencia de determinadas instituciones y opciones políticas", valora, e insiste en que "una población que no está tan angustiada económicamente tiene una libertad mayor para participar políticamente, para luchar". Toledano defiende que "al conseguir conquistas sociales mediante la lucha social, la gente recupera la dignidad y la confianza en la acción política y la democracia y la lucha tiene un significado positivo".
Y es que la lucha en Cataluña por la Renta Garantizada Ciudadana se remonta a varios años atrás, a 2011, a las movilizaciones del 15M de las que el Movimiento de Parados fue convocante y participó activamente. "Nos dimos cuenta que, por la crisis, había una nueva pobreza cuyos problemas eran la falta de ingresos y no tanto la falta de inserción social e hicimos la reflexión de que en el nuevo Estatut había un artículo que decía que todas las personas en situación de pobreza tienen derecho a una renta garantizada que les permita vivir con un mínimo de dignidad, pero esto nunca se había desarrollado en forma de ley", recuerda Toledano. "Pensamos que impulsar una ILP podría ser el camino para conseguirlo", precisa.
Numerosos colectivos sociales y sindicales, como ATTAC, se integraron en la iniciativa y "se produjo un debate muy participado, de nueve meses, en el que acordamos y redactamos la propuesta de ley y configuramos la comisión promotora". Presentaron la propuesta a la Mesa del Parlament, que tenía que autorizar la recogida de firmas, pero la convocatoria de elecciones catalanas en noviembre de 2012 paralizó el proceso.
Tras negociar con la nueva composición de la Mesa del Parlament, "frente a la negativa de CIU y las dudas de ERC", consiguieron que se aceptara el trámite y se inició la recogida de firmas. "CIU argumentaba que esta ley podía suponer una desmotivación para la gente sin empleo para buscar trabajo, pero en nuestra propuesta manteníamos una condición, si las personas que reciben la prestación se encuentran en situación de trabajar y rechazan una oferta de trabajo en condiciones legales, perdían la prestación", explica Toledano. "En el fondo tenían miedo de perder un nicho de votantes que dependía de sus redes clientelares. Cuando la ciudadanía obtiene un derecho se independiza de las redes clientelares", valora.
Se recogieron 121.000 firmas y se validaron en el Parlament en marzo de 2014. Entonces comenzó la fase de comparecencias, respecto a la que Toledano acusa al anterior Govern convergente de Artur Mas de tramar una táctica dilatoria deliberada: "Metieron un montón de comparecientes y los dilataron en el tiempo, así pasó todo un año". En el primer trimestre del 2015 se finalizaron las comparecencias y se inició el proceso de ponencia, pero la convocatoria de nuevas elecciones catalanas para septiembre de 2015 volvió a retrasar todo.
En la actualidad, tras haber aprobado el Pleno por unanimidad en octubre que se pusiera en marcha la Renta Garantizada de Ciudadanía en 2017, continúan las ponencias. Si se aprobara seguir adelante con la iniciativa, se tendría que conformar una Comisión de Trabajo que llevara al Pleno la propuesta de ley. "Nosotros queremos que se apruebe por unanimidad, porque queremos que el Govern se comprometa a llevar a cabo esta iniciativa, pero si no hay manera de que JxSi acepte, intentaremos que salga adelante por mayoría en el Pleno", explica Toledano y asegura que "JxSi propone unas cuantías económicas que están muy lejos de lo que pedimos, así no se solucionarían los problema". "Por nuestra parte hemos hecho ya bastantes concesiones a los grupos en busca de la unanimidad", asegura.
Para este activista, la movilización social ha permitido que esta ILP haya llegado hasta el Parlament, a pesar de lo largo que ha sido el proceso. "Han seguido la estrategia de dilatar los plazos en el tiempo para cansarnos, pero hemos conseguido mantener la tensión movilizadora", considera. Una movilización que continúa. Desde las 9 de la mañana del próximo domingo, 18 de diciembre, hasta el martes 20 a las seis de la tarde, los promotores de la ILP llaman a un ayuno colectivo en la Plaza de Sant Jaume. En ese momento comenzará una manifestación desde dicha plaza hacia el Parlament. "Queremos recordar a los grupos políticos que seguimos muy de cerca todo lo relativo a la Renta Garantizada Ciudadana", concluye Toledano.
