Gallardón quiere evitar que el juez Carmona se encargue del ‘caso Gürtel’ en septiembre

Oficialmente, el mandato del Consejo General del Poder Judicial concluye el próximo 24 de septiembre. En principio, no tendría que pasar nada. Se sustituye y ya está. Pero no. El problema, extraoficialmente, no es que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, siga sin consensuar los nuevos miembros con el PSOE, como es preceptivo. El problema es que se trata de la primera vez que al partido gubernamental no le importa retrasar la negociación, cuando menos unos meses. Hasta diciembre o enero del año que viene, como afirman en el mundo judicial. ¿Por qué? Pues porque ese 24 de septiembre, si se alcanza el acuerdo en tiempo y forma, Pablo Ruz, el juez que se encarga del ‘caso Gürtel’ -que ya engloba el ‘caso Bárcenas’-, tendrá que abandonar el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional que lo instruye. Y, reglamentariamente, quien debe ocupar el puesto es el juez Miguel Carmona, en la actualidad miembro del CGPJ a propuesta del PSOE.

Son esas vueltas que dan los meandros de la vida. Resulta que después de haberse librado una batalla en bambalinas entre conservadores y progresistas para evitar que el juez Javier Gómez Bermúdez se encargase de instruir el ‘caso Bárcenas’ aprovechando que Izquierda Unida presentó una querella en su juzgado de guardia, Ruz, con el que dicen que simpatiza el Ejecutivo -existen dudas sobre ello-, es el encargado de instruirlo todo (Gürtel y Bárcenas) sobre la presunta financiación irregular del PP. Es más, el partido del Gobierno, que temía más que un nublado que se encargase del ‘caso Gürtel’, se había salido con la suya tras conseguir apartar a Baltasar Garzón, a quien la cúpula judicial acabó expulsando de su mundo y, en consecuencia, de ese juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia del que era titular. Y, hace unos días, las presiones del Ejecutivo sobre la Audiencia Nacional, según fuentes parlamentarias y del propio CGPJ, consiguieron que Ruz se quedase con el ‘caso Bárcenas’ en  detrimento del juez Gómez Bermúdez, al que los conservadores rehúyen desde que se encargó del juicio del 11-M.

Y estando en estas, quien puede volver al juzgado de instrucción número 5, en septiembre, es su titular actual, Miguel Carmona, que es el heredero de Garzón tras haber ganado el concurso de la plaza por escalafón. Eso, se comenta en el Congreso, es lo que teme la derecha, que se encargue del asunto siendo un miembro destacado del CGPJ, a propuesta del PSOE. Carmona fue elegido para ese puesto por la Comisión Permanente del CGPJ en junio de 2012, sustituyendo a un Garzón que había sido suspendido cautelarmente en sus funciones desde el 14 de mayo de 2010 y que fue posteriormente expulsado de la carrera judicial. Carmona venció a un Ruz que figuraba como candidato en una terna junto a las juezas Carmen Lamela y Carmen Rodríguez-Medel.

Entonces, Carmona ya estaba en el CGPJ, pero decidió seguir en el puesto hasta que termine el mandato. El problema es que el juez lleva mucho tiempo sin realizar una investigación judicial y en realidad, según sus allegados, preferiría pasar a formar parte de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, lo que podría conseguir si el PP aúpa al Tribunal Constitucional al magistrado leonés Enrique López.

Sin embargo, no rehuirá el ‘caso Gürtel’ si se da el caso. Sobre todo porque es de Jueces para la Democracia y era amigo de Garzón y porque tiene 63 años y 36 de experiencia y, desde su independencia, no teme a nada ni nadie.

Con todo, la solución final sigue en el aire. Con Ruiz-Gallardón preocupado, el PSOE frotándose las manos y algunos interesados pensando que la negociación del nuevo Consejo puede arreglarlo todo. Eso sí, buscando de paso un juez independiente o dejando que Ruz acabe su trabajo.