Matrimonio inevitable

Como con cuentagotas. Uno a uno, los miembros del Senado de Estados Unidos van casi a diario mostrando su apoyo al matrimonio homosexual. Sobre todo durante los últimos días, después de que el país analizara los argumentos a favor y en contra expuestos ante el Tribunal Supremo del país. Ya son 51, la mitad más uno, los que oficializan su apoyo. Dos de ellos son republicanos.

"Por lo que veo, las personalidades políticas están corriendo ansiosas a apoyar su posición en este caso", le espetó el 27 de marzo John Roberts, juez jefe del Supremo, a Roberta Kaplan, una de las abogadas que intenta demostrar la inconstitucionalidad de la Ley de Defensa del Matrimonio (DOMA, por sus siglas en inglés). Con la afirmación, Roberts intentaba demostrar que los homosexuales no necesitan de la protección del tribunal para lograr sus objetivos.

Parte de razón tiene. Si bien con algún un contratiempo -como la aprobación de la Propuesta 8, que en 2008 ponía freno unos meses la celebración de bodas homosexuales en California y que ahora también espera el veredicto del Supremo-, el lobby gay ha ido sumando en los últimos tiempos contundentes victorias políticas y sociales.

En tan sólo nueve años, el matrimonio entre personas del mismo sexo ha pasado de anzuelo para atraer a la derecha conservadora a las urnas a acontecimiento inevitable. Ya es legal en nueve estados. Políticos de todo signo se apresuran a subirse al veloz tren de la historia antes de ser atropellados por él. En 2004, como candidato a la reelección, el presidente George W. Bush prometía una enmienda a la Constitución para codificar la palabra matrimonio como la unión exclusiva entre un hombre y una mujer (sin importarle que su vicepresidente, Dick Cheney -padre de lesbiana con pareja- fuera partidario a concederle este derecho a las uniones homosexuales); ocho años más tarde, Barack Obama, arrinconado por número dos, Joe Biden, tenía que admitir públicamente, en plena campaña a la reelección, que su "evolución" había llegado a su fin: las parejas homosexuales deberían poder casarse.

La sociedad estadounidense ve cada día con más normalidad a gays y lesbianas hasta en los reductos más conservadores. En los próximos días, cuatro jugadores de fútbol americano actualmente en la liga nacional podrían anunciar públicamente su homosexualidad, rompiendo un nuevo tabú.

Fue en 1996 cuando Bill Clinton firmó DOMA, según la cual el gobierno federal ofrece beneficios matrimoniales únicamente a las parejas casadas heterosexuales. De ahí que Kaplan esté representando a Edith Windsor, de 83 años, obligada a pagar más de $350.000 en impuestos por la herencia recibida de su esposa y compañera sentimental durante más de cuarenta años.

Windsor y Thea Speyer -protagonistas del documental "Edie y Thea: un compromiso muy largo"- se habían casado en Canadá en 2007 y residían en Nueva York, estado que antes de la muerte de Speyer en 2009 ya reconocía los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en otras jurisdicciones. Pero a los ojos del gobierno federal, su unión es algo así como "un matrimonio desnatado", aguda caracterización realizada por una de las veteranas del Supremo -considerada líder del ala progresista de la corte-, la juez Ruth Bader Ginsburg, de 80 años.

Si bien continúa aplicándola, el gobierno de Obama se niega a defender DOMA en los tribunales. Se queda sola en su defensa la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, cuyo abogado, Paul Clement, tropezó públicamente ante el Supremo con los mismos prejuicios indefendibles que gran parte de la población ya ha dado por descartados. Tras argumentar que no había ideología en el contenido de la ley, la juez Elena Kagan le leyó el objetivo que el Congreso puso por escrito al aprobar la legislación: "reflejar un honor de juicio moral colectivo y expresar la desaprobación moral de la homosexualidad".

El titubeo posterior de Clement deja sin argumentos a los opositores del matrimonio gay y obliga a los nueve cascarrabias del Supremo a tomarse la molestia de dictar el veredicto que termine de enterrar una estúpida polémica que sólo sobrevive en las mentes más recalcitrantes. DOMA es la última muralla y su derogación abriría la puerta a un sinnúmero de nuevas batallas legales que terminarían por extender estas uniones en todo el país. Algunas se ganarán; otras se perderán. Pero a estas alturas, hasta los jueces del Supremo saben cómo termina la guerra.