Próximos retos: precios justos y acceso para medicamentos y vacunas de la covid-19

La crisis sanitaria ocasionada por la covid-19 deja algunas preguntas casi constantes día tras día. ¿Cuándo tendremos la vacuna? ¿Habrá medicamentos efectivos para el tratamiento? Son dos de las más relevantes, por los efectos que tendría para la población una respuesta positiva a ambas. Las investigaciones se han visto aceleradas durante estos meses de pandemia, siendo los Estados y algunos organismos públicos internacionales algunos de los impulsores de las mismas. Ante esta situación, el siguiente reto, cuando se avance más en estas investigaciones, es que los medicamentos o vacunas sean accesibles para la ciudadanía y que cuenten con precios justos. Esta es una de las reivindicaciones de un informe elaborado por la fundación “Salud por derecho”, publicado esta semana.

“Si no se toman medidas con urgencia, los derechos de propiedad intelectual de los tratamientos y vacunas que finalmente se desarrollen podrían convertirse en una barrera para el acceso de millones de personas en todo el mundo”, alertan desde esta organización. Su informe, titulado La inversión pública en la I+D en COVID-19, analiza las principales iniciativas de investigación que se han puesto en marcha a nivel global con dinero público para hacer frente a la pandemia. Entre ellas se destacan los proyectos de la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI), con 690 millones de dólares de diferentes gobiernos, organismos internacionales y fundaciones filantrópicas; los proyectos de los programas Horizonte 2020, Innovative Medicines Initiative (IMI) y PREPARE de la Unión Europea; o el fondo de 826 millones de dólares del Gobierno de EEUU.

El informe detalla las características de todos estos proyectos y en su última parte señala una serie de “medidas urgentes para asegurar la asequibilidad y el suministro” en medio de la crisis de la covid-19. “De la mejor gestión del sistema dependerá salir de este contexto en las mejores condiciones. Sin embargo, hay otros elementos relativos a la I+D de nuevas terapias, vacunas y dispositivos para combatir a la covid-19 que deben ser tenidos en cuenta de manera urgente. Ahora más que nunca, la aplicación de las normas sobre propiedad intelectual debe ser reconsiderada”, explican.

En nuestro país se están invirtiendo 30 millones de euros repartidos principalmente entre dos instituciones: el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Además, varios equipos de investigación españoles se suman a este impulso a través de proyectos europeos con 2,4 millones de euros de financiación.

En global hay 557 ensayos clínicos relacionados con la covid-19 registrados en China. Le sigue EEUU con 424 ensayos, de los que 360 son no comerciales, es decir, están liderados por universidades, centros públicos de investigación y otras entidades sin ánimo de lucro. En Europa, hay 44 ensayos, de los que la mayoría (36 ensayos) son también no comerciales, mientras que solo siete cuentan con financiación exclusiva de la industria farmacéutica. Una situación similar a la de España, donde hay 31 ensayos y, de ellos, 23 son no comerciales.

“La experiencia demuestra cómo en el modelo actual los derechos de propiedad intelectual generan monopolios y altos precios que tensionan unos presupuestos sanitarios cada vez más estrangulados y que absorben, cada vez más, un gasto mayor en las partidas relativas a la compra y adquisición de fármacos innovadores”, señalan en el texto. Para esta organización, los derechos de propiedad intelectual, “justificados como un incentivo a la innovación”, se convierten, en realidad, en un “blindaje de los intereses privados frente al interés público y el derecho a la salud”. “Todo ello, se ve facilitado por la falta de transparencia sobre los costes de desarrollo, de inversión en innovación o los acuerdos de transferencia de tecnología”, añaden.

Por todo ello, desde Salud Por Derecho abogan porque se limite la aplicación de las normas nacionales e internacionales sobre propiedad intelectual y “hacer uso de todos los instrumentos que concede el Estado de derecho para tomar medidas que salvaguarden el interés general, la asequibilidad y el precio justo de los productos desarrollados para la covid-19”.

Buenas prácticas en otros países

Por otro lado, señalan que “la financiación pública está jugando, una vez más, un papel crucial”. Y ponen varios ejemplos de buenas prácticas. En países como Australia o Canadá contemplan cláusulas en sus contratos de financiación de la I+D para salvaguardar el interés general y la disponibilidad de los productos desarrollados para covid-19. En contraposición a esto, en iniciativas como las europeas IMI o el programa Horizonte2020, “han ignorado está cuestión”. “Es preocupante que las tecnologías sanitarias resultantes de los proyectos no tengan el retorno público deseado en términos de asequibilidad y disponibilidad”, señala el informe.

Otro ejemplo positivo señalado por el informe está en Costa Rica. Este país ha propuesto en la OMS la creación de un “pool” de tecnología o mecanismo global que aglutine los derechos de propiedad intelectual y los datos relacionados con las investigaciones en covid-19. En este sentido, los titulares de los derechos se comprometerían a ceder a este “pool” compartido sus derechos de propiedad intelectual en estas investigaciones. Esto permitiría licencias abiertas para la fabricación y la venta de los productos, acelerando el acceso global a nuevas pruebas diagnósticas, terapias, vacunas y otros dispositivos médicos.

También se mencionan a gobiernos como los de Israel, Alemania, Brasil y Canadá. Estos ya han emitido o considerado el uso de las licencias obligatorias para esta pandemia. Otros países, como Chile y Ecuador también han tomado medidas parlamentarias preliminares para iniciar licencias obligatorias sobre las terapias, vacunas y productos.

Petición al Gobierno de España

“Es urgente que el Gobierno de España y las agencias financiadoras introduzcan condiciones y disposiciones en sus contratos de financiación que aseguren precios justos y el acceso completo a los datos fruto de las investigaciones y que las licencias de las tecnologías sanitarias sean abiertas y no exclusivas para que puedan ser fabricadas y comercializadas por diversos proveedores”, destacan desde “Salud Por Derecho”. En su opinión, España debería promover en los espacios internacionales un “pool” de tecnología que permita compartir y acceder a todo el conocimiento y a los datos fruto de la investigación pública en I+D para covid-19 para que las terapias, vacunas y tecnologías sanitarias se desarrollen como bienes públicos globales.

Para esta organización resulta crucial que el Gobierno de España “aplique flexibilidades para afrontar posibles retos en términos de precios abusivos y abastecimientos de medicamentos, diagnósticos y otros productos necesarios”. Entre dichas flexibilidades se encuentran las licencias obligatorias. Además, añaden, esto “debe acompañarse de una aceptación a las importaciones de medicamentos, vacunas o diagnósticos que son fabricados bajo una licencia obligatoria en otro país, algo que contemplan las reglas comerciales, pero a lo que España, como otros países, renunció en su momento”. En este sentido se apunta a que nuestro país dispone del Centro Militar de Farmacia de la Defensa (CEMILFARDEF), organismo responsable de la producción de medicamentos y otros recursos médicos que puede ser clave en el abastecimiento de determinados fármacos durante la crisis.