Archivan la investigación de la venta de 3.000 viviendas públicas de Madrid a fondos buitre

Casi 3.000 viviendas públicas de la Comunidad de Madrid fueron vendidas al fondo buitre de Goldman Sachs en 2013, cuando Ignacio González era el presidente de la región. Un juez ha decidido seguir el criterio de la Fiscalía y archivar la investigación. Aunque el magistrado ha reconocido “irregularidades” en el proceso administrativo entiende que “no se ha producido delito”.

Los exaltos cargos del entonces denominado Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA), Juan Van-Halen y Ana Gomendio, estaban imputados desde hace más de un año por este magistrado. El juez entiende ahora que no existe prevaricación, malversación o fraude de caudales públicos, aunque sí que reconoce que no hubo justificación para emprender esta venta por parte de la Comunidad de Madrid. “La aparente justificación (…) se contenta con una serie de formulaciones genéricas, pero inconvincentes”, justifica.

Este proceso es paralelo al del Tribunal de Cuentas, que recientemente responsabilizó a la exalcaldesa de Madrid, Ana Botella, por la venta de vivienda pública a otro fondo de inversión. La exdirigente ha sido condenada, junto a otros siete cargos de su gobierno, a pagar más de 25 millones de euros para reparar el daño que supuso la venta de 1.860 viviendas protegidas a dos sociedades de Blackston.

En este archivo del caso, que es recurrible, el juez ha animado a los afectados que forman parte de la acusación popular a recurrir por la vía de lo contencioso-administrativo. De nuevo, sigue esa recomendación que ya había efectuado la Fiscalía. Por su parte, los afectados por la Venta de Viviendas del IVIMA y la FRAVM han indicado que recurrirán el archivo de la querella porque no tienden “la celeridad” del juez al sellar la causa solo unos días después de la petición de archivo del Ministerio Público.