¿Se investigará ahora la ‘trama Interligare’?

Logo de la empresa dedicada a la consultoría./ CP
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Existe un sumario llamado el “caso Interligare” que desde hace más de tres años permanece silente; esperando que alguien se atreva a investigarlo o darle el carpetazo final si, de verdad, como mantienen algunos, no es más que una guerra interna de policías. El caso puede revivir ahora de la mano de la Fiscalía Anticorrupción que ha decidido investigar si se cometieron o no irregularidades en la adjudicación desde Interior de proyectos por importantes sumas de dinero que no llegaban a ejecutarse o lo hacían defectuosamente, cuando su titular era Alfredo Pérez Rubalcaba. Proyectos fallidos pero muy bien remunerados. El impulso de la Fiscalía ha hecho que el juez Juan Antonio Toro, el mismo que sustituyó a Elpidio Silva en el 'caso Blesa', se vea obligado a reactivarlo a pesar de sus intentos para desviar la investigación lejos de su feudo.

La investigación sobre la sociedad Interligare arrancó el 3 de noviembre de 2011.  D. B. y B. J., dos ex trabajadores, acudieron a la Policía para denunciar lo que ellos consideran un “irregular” funcionamiento de la empresa para la que trabajaban que, según ellos, se dedicaba a prestar servicios de consultoría de inteligencia y seguridad para organismos como la Secretaría de Estado del Ministerio de Interior, La Caixa de Estalvis y Pensions, BBVA o Repsol, entre otras. Tal y como consta en las diligencias policiales a las que ha tenido acceso cuartopoder.es, en mayo de 2011 todos los trabajadores (unos 50)  dejaron de cobrar su salario. La empresa llegó a acuerdos de despido con la mayoría, pero cuando llegó la orden de desahucio aún empleaba a 15. En esa fecha todos eran conscientes de la existencia de impagos con la Tesorería de la Seguridad Social (unos 400.000 euros) y con la Agencia Tributaria (otros 800.000) además de otros organismos públicos y privados. Sin embargo, a pesar de las deudas que mantenían con la Seguridad Social, la empresa seguía recibiendo subvenciones de organismos oficiales vulnerando a Ley a sabiendas ya que, según uno de los denunciantes,  se les daba la orden de retrasar los pagos y simular "acuerdos ficticios con las diferentes administraciones para devolver la deuda al completo”.

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En los encargos que recibía Interligare de la Secretaria de Estado de Interior adquirió especial protagonismo Luis Luengo, Director General de Infraestructuras y Material de Seguridad del Ministerio hasta abril de 2011. Según consta en las diligencias, él fue una de las piezas clave para que la empresa recibiera encargos como, por ejemplo, el SIVIC para Instituciones Penitenciarias o la confección del sistema informático del Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista (CNCA) “que no llegó a funcionar” como otros muchos de los “encargos” que sin embargo sí fueron cobrados. En el relato de los hechos, los denunciantes llamaron la atención sobre la estrecha relación que mantenía Luengo con la empresa en la que además sus hijos “ostentaban cargos ejecutivos aunque no tenían cualificación para ello”. Incluso, destacaron, cómo uno de ellos, David, fue nombrado Director de Relaciones Institucionales de Indra cuando su padre se jubiló gracias a las estrecha relación de Indra e Interligare en el proyecto Segurame, que también se le adjudicó subvencionado por el Ministerio de Industria.

Los investigadores hicieron constar en las diligencias que los hechos descritos podían ser constitutivos de presuntos delitos contra la Seguridad Social, insolvencia, falsedad documental, estafa y cohecho. La investigación se puso en marcha. Así confirmaron que el 28 de septiembre de 2011 Interligare mantenía una deuda de 479.455 euros con la Seguridad Social.  También acreditaron la relación contractual de los hijos de Luengo, David y María Eugenia, como personal de Dirección y encontraron de lo más interesante la composición del Consejo de Dirección. Según consta en el Registro Mercantil, Interligare fue fundada en 2004 por Jacqueline Tibisay. En 2008 cesó en su cargo para ser sustituida por José Luis Juárez que nombró, entre otros, como consejeros a Gabriel Fuentes o Miguel Ángel Fernández Rancaño, ex comisario de Información y ex jefe Superior de Policía de Madrid respectivamente, hasta noviembre y diciembre de 2010. En la página 24 de las diligencias 100.662 los agentes hacieron constar que existían indicios de que la empresa había podido ser utilizada por su Consejo de Administración para la obtención de una serie de subvenciones de cuantiosas cantidades principalmente del Ministerio de Interior y, en concreto, con la Secretaría de Estado,  para proyectos de I+D+I que bajo la apariencia de seguridad nacional carecían de publicidad y eran asignados directamente a Interligare. La mayoría de esos proyectos no funcionaba ni con clientes privados ni públicos.

Uno a uno se constataban todos los datos. En 2008, Inteligare ingresó 2.875.699 euros entre otros de la Secretaria de Estado, El Corte Inglés, Repsol, Endesa o el BBV. En 2009, 1.959.217 euros, pero en 2010 y 2011 tenía números rojos por lo que no podía o no debería haber recibido subvenciones de la Seguridad Social. Sin embargo, recibió una ayuda del CDTI de 90.561 euros y del Ministerio de Ciencia e Innovación dos subvenciones al investigador G.D. por 48.303 y a Z.E.M. de 38.643. Ninguno estaba dado de alta en Interligare por lo que la empresa incurría en un presunto delito de fraude. A los agentes les constaba que se falsificaban documentos para acreditar la existencia de los “supuestos investigadores” que requería el proyecto para proceder al cobro de la subvención y que la persona que “redactaba” esos documentos, presionada por la dirección, era la directora de Recursos Humanos.

También descubrieron que la empresa había recibido una subvención de la Dirección General de Investigación y Gestión del Plan Nacional I+D+I del Ministerio de Ciencia e Innovación en 2010 por algo más de 41.000 euros para la contratación de investigadores. Lo curioso es que, cuando la empresa recibe esa bonificación, ya era deudora de la Seguridad Social. Eso significaba que también se había manipulado parte de la documentación para conseguir la ayuda. Tal y como declaró un testigo, y así consta en las diligencias,“se falsificó un certificado de la seguridad social para simular la contratación de una trabajadora recibiendo instrucciones del mismo director general como ya se hizo en otro proyecto”. Interligare había incurrido en otro delito de estafa. Sin embargo, cuando la empresa fue requerida por los investigadores se limitó a remitir certificados en los que no constaban deudas con la Agencia Tributaria ni con la Seguridad Social.

Otra de las testigos, que trabajó en proyectos primero como consultora y después como directora de Inteligencia, declaró ante los agentes que, de los 15 proyectos en los que trabajó, sólo el SIVIP logró resultados positivos y ni siquiera se concluyó. “Se adjudicaban directamente, porque no tenían publicidad y eran proyectos secretos”, dijo. Sucedió, por ejemplo, con el proyecto de la Unidad Central de Información que en un principio rechazó el propio responsable de la base de datos antiterrorista de la Policía porque, según afirmó, de todo el proyecto sólo le era útil la herramienta de análisis. Sin embargo, se abonaron unos 800.000 euros por el mismo. Así funcionaba. Los proyectos se modelaban a imagen y semejanza de Interligare.

¿Cuál era el modus operandi? A la empresa llegaba el pliego de prescripciones técnicas del proyecto y la memoria explicativa firmado por Alicia Alvárez. Interligare  se adaptaba al producto requerido y remitía la oferta a Francisco Villanueva, la mano derecha de Alicia, para su tramitación en la Secretaría de Estado de Interior, porque éste era casi siempre su cliente.  De hecho, una de las trabajadoras llegó a decir a la Policía que “Alicia era como una jefa más de Interligare”. Un buen ejemplo de esta actuación fue el proyecto CELINT que pretendía dar apoyo a la seguridad de La Caixa, que entonces dirigía Fernández  Rancaño,  nombrado consejero de Interligare el 28 de noviembre de 2008, sólo 17 días antes de la firma del proyecto cuyo precio fue modificado entonces de 900.301 euros a 1.150.000. “En su duplicidad de cargos conocía que la empresa tenía deudas con la Seguridad Social”, certifican los agentes.¿Qué es lo que debía hacer Interligare? Según consta en el contrato, seguir en fuentes abiertas la imagen de la Caixa, sus directivos, así como un análisis de sus competidores para lograr un sistema de inteligencia que le  permitiera alcanzar una ventaja competitiva basada en el concepto de superioridad informativa. En los documentos, Inteligare se comprometía a estar al corriente de pagos de salarios y cotizaciones a la Seguridad Social. También existía una clausula en la que el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas conllevaría la resolución del contrato. El 3 de marzo de 2010 la empresa reclamó parte del pago y es el propio Rancaño quien, mediante un escrito, pone en conocimiento de Interligare la existencia de multitud de errores esenciales y defectos graves de funcionabilidad del programa, retrasos en la resolución de problemas e incidencias  y falta de acreditación del pago de las cuotas de seguridad social de sus trabajadores, a pesar de haber abonado, durante 2009, el primer pago. Rancaño daba por resuelto el contrato.

Y suma y sigue. Significativo fue el contrato suscrito con Repsol de 300.000 euros por 32 diapositivas. Ahí está también el del Banco Popular por 48.000 euros por un informe que no daba solución al problema planteado. Otro de los encargos más destacados fue “el de memoria histórica” para la Audiencia Nacional que se llevó a cabo en tres meses entre Interligare y Nemo y que concluyó con un informe de estimación de víctimas. Dicho estudio se ejecutó en el propio complejo policial de Canillas por la información sensible que contenía, fue entregado al juez Baltasar Garzón pero, una vez finalizado, nadie lo reclamó y el servidor quedó en poder de Interligare. Por el proyecto se cobró 100.000 euros aunque, según el director de la entidad, se lo quedó la empresa MNEMO. Fuentes jurídicas aseguran, sin embargo, que "dicha documentación llegó a la Audiencia Nacional, casi con seguridad al secretario judicial correspondiente, y que ni siquiera se llegó a pasar la minuta". El 17 de mayo de 2010 Interligare solicitó la subvención del Subprograma Torres Quevedo para el proyecto SEGURAME con el objetivo de diseñar un modelo de inteligencia adaptado a la prevención de la violencia de género que permitiera identificar patrones de conducta de potenciales agresores. El proyecto era tan rocambolesco que los agentes lo consideran pura ficción. Nunca se firmó.

Los investigadores no consiguieron que el juez ordenara la intervención telefónica del móvil de Francisco Villanueva. El 4 noviembre 2011 en un auto el juzgado número 3 de primera instancia de Aranjuez estimó que “no existía la necesaria proporcionalidad entre el delito investigado y la medida interesada” argumentando que los únicos datos que figuran de Francisco eran que era la “mano derecha” de Alicia Álvarez. La investigación se paralizó. A los responsables de la investigación, cuyo mando recaía en el comisario Jaime Barrado, un viejo policía bacateado en importantes unidades de investigación como la de homicidios y desapariciones forzosas y con experiencia en casos como el de Anabel Segura o el de Francisco Cervigón fue apartado del caso y los agentes tuvieron que entregar las diligencias realizadas. En el aire quedó la operación policial en la que iban a ser detenidos algunos mandos policiales bajo cuya dirección la entidad recibió los contratos públicos. Alguien pretendía hacer desaparecer una investigación en la que los sabuesos tenían claro que la sociedad podía haber recibido dos millones en contratos irregulares. Tampoco pudieron demostrar que parte de ese dinero podía haber sido utilizado en espiar al Partido Popular desde la sede de la empresa en la calle Génova. Barrado fue denunciado por amenazas, coacciones y revelación de secreto y apartado de sus funciones.

Desempolvado de nuevo el caso, las primeras diligencias están orientadas e recuperar los correos electrónicos enviados por Luengo en 2007 y 2008 cuando fue director general de Infraestructuras antes de que desparezcan para siempre. Luengo siempre ha negado las acusaciones argumentando que cuando llegó a Interior el departamento ya trabajaba con la misma. Veremos si esta vez la causa llega a buen fin.