Acoso sexual, también en la Universidad
Desde siempre hemos conocido casos de acoso sexual en el ámbito laboral y de la dificultad de delimitar qué es acoso sexual, considerando la variedad de comportamientos que engloba las actitudes acosadoras.
Ahora están saliendo a la luz casos de acoso sexual en otros ámbitos, como la universidad, donde seguramente hay acoso desde siempre, un siempre muy limitado en nuestro país: las mujeres tuvieron libertad de acceso a la universidad en el curso 1910-1911, poco más de cien años, de los novecientos años de historia de la universidad, si tomamos como referencia el Studium Generale de Palencia, 1208-121. Y si nos referimos a acoso heterosexual, claro.
En lo que va de año hemos tenido referencia de acosos concretos en la Universidad de Barcelona, en los que se sabe quién acosó –un profesor con nombre y apellidos– y a quienes –algunos de sus alumnos y algunas de sus alumnas–. El miedo y la falta de instrumentos tangibles a los que pudiera acudir el alumnado impidió que las denuncias se cursaran en tiempo y forma y los delitos denunciados habían prescrito cuando llegaron a la fiscalía, que no ha podido actuar. En este marco, la UB ha elaborado un protocolo contra el acoso sexual. Y protocolos han ido aprobando varias universidades (Cádiz, Córdoba, Castellón, Carlos III, etc.) desde la aprobación de la L.O. 3/2007, de 22 de marzo, de igualdad efectiva de mujeres y hombres, que define en su artículo 7 el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, y en el 14.5, la adopción de medidas necesarias para la erradicación de la violencia de género, incluido el acoso sexual.
Y un protocolo de prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo es lo que exige la Asamblea Feminista Complutense, que el pasado 13 de marzo realizó una performance en la que, cual Femen, se desnudaron para denunciar el acoso sexual en el campus complutense. Aunque lo mismo no es muy efectivo incluir junto con la demanda de elaboración y aprobación del protocolo el grito de “arriba con la goma dos”… y el “pim, pam, pum contra el acosador”. O estamos por los instrumentos que garanticen la libertad y respeto a la dignidad de las mujeres, que son democráticos, participativos, equilibrados y tienen como objetivo evitar las situaciones de acoso desde parámetros de justicia social, o nos tiramos al monte, pim, pam, pum. Y esta última posibilidad está descartada por descabellada –ilegal, innecesaria, injusta, improcedente…-.
En declaraciones a cuartopoder.es, un miembro del gabinete del Rector ha contextualizado el entramado de la sociedad complutense: “En un colectivo compuesto por cien mil personas, noventa mil estudiantes, diez mil entre docentes y personal de administración y servicios (PAS), hay de todo, como en cualquier otro grupo de estas características. Habrá acosadores, igual que hay profesores que reciben a sus alumnas con la puerta abierta, para evitar cualquier tipo de intimidad que pueda malinterpretarse”.
Este periódico se ha puesto al habla, también, con el gabinete de prensa de la Universidad, desde donde han señalado, en primer lugar, que“la UCM rechaza toda actitud de acoso sexual”, indicando que “hay 8 ó 10 denuncias llegadas a la Inspección de Servicios, sin un solo hecho concreto, ni personas (profesorado, alumnado, PAS) a finales del primer trimestre. Se ha enviado por correo certificado carta a las denunciantes, a sus domicilios, con una citación para abrir las correspondientes investigaciones, sin que acudiera ninguna a la cita. Por la coincidencia que pudiera haber con las vacaciones navideñas, se las ha vuelto a citar en el segundo trimestre, sin que compareciera ninguna de las denunciantes.”
Si las denuncias son tal y como las presentan desde prensa de la UCM, estaríamos ante un “alguien ha hecho algo en algún sitio”, más propio de Gila, y las situaciones de acoso sexual y de acoso por razón de sexo son mucho más importantes, y serias, que todo esto. Miles de mujeres son víctimas de acoso sexual en sus puestos de trabajo, otras tantas sufren acoso por razón de sexo. Años hemos tardado en conseguir que se definiera y tipificara como delito, en tener mecanismos a los que poder derivar nuestras denuncias.
Seguro que hay profesores que acosan sexualmente y que discriminan a las mujeres, en la Complutense y en otras universidades. Ser profesor universitario o catedrático no certifica estar al margen de un comportamiento irrespetuoso, discriminatorio, ilícito, pero muy común, que tiene sus raíces en el patriarcado y parte de la creencia de que la autoridad masculina permite (o conlleva) estar por encima de los deseos y voluntades de otras personas, también en cuestiones relacionadas con la sexualidad y de que las mujeres son objetos a su voluntad.
La Unidad de Género de la UCM, según declaraciones de Isabel Tajahuerce, Delegada del Rector para la Igualdad y responsable de dicha Unidad, a generaciondos.cero, está elaborando un plan de igualdad (el segundo, que el equipo anterior puso en marcha el primero) pero no parece muy receptora a medidas preventivas… porque todo lo que señala es para las estudiantes (las posibles víctimas) sin mencionar actuaciones hacia el colectivo docente, que es de donde habitan los posibles acosadores.
Así se puede entender que las alumnas denuncien el miedo, la inseguridad ante la denuncia, las posibles represalias por parte del acosador. Y aunque es cierto que, a falta de protocolo en la UCM, existe el Protocolo de actuación frente al acoso sexual y el acoso por razón de sexo de la Administración General del Estado (AGE) y de los Organismos Públicos vinculados a ella, hay que poner medidas, actuar, mientras se elabora y aprueba el propio, para que no haya ningún tipo de acoso. Lo que toda la vida se ha definido como prevenir, y más si hay algún atisbo, alguna posibilidad. Y en la universidad, en la Complutense y en las otras, indicios hay.
Mientras, las mujeres de la Complutense podrían tener en cuenta que toda discriminación por razón de sexo está sujeta, según el artículo 13 de la ya mencionada L.O. 3/2007, a la prueba, la inversión de la carga de la prueba, aunque no para procedimientos penales, y pueden -y deberían- denunciar con nombres y apellidos ante el juzgado correspondiente a quienes ejerzan acciones de discriminación hacia ellas o hacia las mujeres en general, mientras no llega el demandado Protocolo…, no vaya a ser que acaben la carrera antes.
O sea, que sin que haya denuncia alguna ni las denunciantes comparezcan ni haya nada absolutamente tangible, la señora Cao realiza un artículo donde lo da por sentado. Bravo.
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