
A la querella que ha presentado IU por el caso Bárcenas se sumaron desde el primer momento Ecologistas en Acción y la Federación Los Verdes. Ambas organizaciones aparecen como firmantes, junto a la coalición de izquierdas, la Asociación Libre de Abogados y la Asociación Justicia y Sociedad, en el texto presentado en la Audiencia Nacional. La rúbrica de las dos formaciones verdes da un marcado carácter ambientalista a la denuncia de los desmanes económicos encabezados por el ex tesorero del Partido Popular y de los que fueron partícipes toda una banda de dirigentes de ese partido.
Porque, como bien explica EeA, la rapiña de los recursos y medios del Estado ha estado ligada en España y en estos últimos años a una innegable destrucción ambiental. La orgía inmobiliaria e infraestructural de la última década, especialmente, ha tenido como premisa necesaria la conculcación de derechos ambientales y normas de protección de espacios naturales para facilitar o autorizar macrourbanizaciones, nuevas e innecesarias autopistas o aeropuertos, líneas de ferrocarril de nula rentabilidad –léase AVE–, campos de golf diseñados sobre anteriores zonas agrícolas o forestales, usos irregulares de agua y otros recursos, u ocupaciones prohibidas de dominios públicos marítimo e hidráulico.
En ese panorama han sido actores principales algunas de las grandes empresas cuyos directivos, actuales o anteriores, figuran en la famosa libreta del ex tesorero del Partido Popular como individuos donantes generosos de decenas de miles de euros. Se confirma de esta ruin manera la connivencia que se venía observando y denunciando desde hace años entre los poderes del Estado que adjudican grandes obras de presupuestos millonarios con los adjudicatarios de esas realizaciones “modernizadoras”.
Caso palmario. Sacyr, OHL y BBVA terminaron conjuntamente en 2001 la autovía de Murcia a Caravaca mediante el sistema de “peaje en sombra”, según el cual la administración regional va devolviendo a las empresas el coste de la obra en función de la utilización que tiene. Este método, usado por primera vez en España en esta infraestructura, ha provocado que la obra haya costado el triple de su valor de construcción, según ha revelado el Tribunal de Cuentas en su último informe.
Además, ese sistema de pago “distorsiona la información presupuestaria y la información financiera de la Comunidad Autónoma de Murcia, infravalorándose el impacto de las inversiones en el cómputo del déficit público y el endeudamiento”, según aseguró José Francisco Bellod, profesor de Economía la Universidad de Cartagena en su libro “El déficit público en la Comunidad de Murcia” (2008).
Es decir, las razones ecologistas de la querella por los papeles de Bárcenas no son sino las últimas constataciones de que la orgía inmobiliaria e insfraestructural española se ha llevado por parte del PP y también del PSOE –véanse las políticas urbanísticas y ambientales de diversas administraciones socialistas– hasta sus últimas consecuencias, con total indiferencia hacia las varias voces que se encargaron en su momento de advertir del dislate.
Pues, a pesar del documentado libro del profesor Bellod y de las advertencias ecologistas, el pionero experimento murciano fue aplicado miméticamente en la Comunidad de Madrid, donde cuatro vías (M-407, la M-45, la M-511 y la M-501) se han hecho mediante el “peaje en sombra”, con resultado ruinoso para las arcas públicas. Con idéntico y desastroso resultado. Cabe destacar que la M-501 fue construida por el gobierno de Esperanza Aguirre sin la preceptiva declaración de impacto ambiental y por ello está pendiente de demolición, según sentencia firme del Tribunal Supremo.
Con estos dos únicos ejemplos, el de Madrid y el de Murcia, debería bastar. Pero desafortunadamente son muchos más los que sustentan las razones por las que EeA y FLV firman la querella encabezada por Izquierda Unida, al igual que se entiende por qué hace un mes Equo pidió a la Fiscalía que investigara.
Pues repasando la lista completa de donantes a título individual de la libreta de Bárcenas –Luis del Rivero (Sacyr-Vallehermoso), Juan Miguel Villar Mir (OHL), José Mayor Oreja (FCC), Alfonso García Pozuelo (Constructora Hispánica), José Luis Sánchez Domínguez (Construcciones Sando) y Luis Gálvez (Ploder)– resulta que aparecen nombres de directivos de grandes empresas que no han contribuido, precisamente, con sus actividades a la preservación del medio ambiente y al equilibrio entre sostenibilidad y desarrollo, si es que fuera posible.
Cierto, pero no lo es menos que IU ha participado en primera línea de Bankia y otras corruptelas que ahora denuncia. Juas!