El Algarrobico: una vía para ejecutar el auto firme del TSJA sobre los terrenos

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en una imagen de archivo. / Efe
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en una imagen de archivo. / Efe

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Mientras hay vida, hay esperanza. A pesar del embrollo judicial en torno al inacabado hotel en una playa de Carboneras (Almería), los grupos ambientalistas no renuncian. En esa línea, la Plataforma Desmontando El Algarrobico, en la que se integran una veintena de organizaciones ecologistas, acaba de iniciar una campaña de firmas para pedir al presidente del TSJA, Lorenzo del Río, la recusación de cuatro jueces del alto tribunal andaluz –Rafael Toledano Cantero, María R. Torres Donaire, Jorge Muñoz Cortés y María del Mar Jiménez Morera–, cuyas resoluciones son tendentes a conseguir la legalización del hotel de Azata del Sol construido a escasos metros de la playa y dentro del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. Además, hay una vía judicial inexplorada aún por los opositores al hotel en El Algarrobico que puede ser efectiva, según señalaron fuentes jurídicas independientes a este diario.

La plataforma mantiene que las actuaciones, reflejadas en autos y sentencias, de los cuatro magistrados han antepuesto la normativa municipal a la ambiental para, de esta forma, evitar la demolición del hotel dejando de lado otras sentencias como la declarada firme por el propio TSJA otorgando a la Junta de Andalucía el derecho de retracto sobre los terrenos –es decir, la propiedad– por 2,3 millones de euros, en un auto del 13 de enero pasado.

O ignorando igualmente una sentencia del Tribunal Supremo del 31 de marzo de 2012, hace ya dos años, que declaró con carácter firme e irrevocable la ilegalidad de la licencia de construcción del hotel porque éste invade la servidumbre de protección del Dominio Público Marítimo Terrestre. Indudablemente, las empresas Azata y Azata del Sol, promotoras y constructoras de la mole de 20 pisos sobre la playa, tienen recursos para que la justicia tenga en alta consideración sus argumentos.

Sin embargo, son veinte las resoluciones judiciales que se oponen a la legalización del hotel, por lo que las decisiones jurídicas de los magistrados mencionados vienen a vulnerar “los principios de seguridad jurídica, legalidad e igualdad jurídica”, según la petición de la plataforma que, consecuentemente, está siendo enviada también al Consejo General del Poder Judicial, al Defensor del Pueblo estatal y al Defensor del Pueblo Andaluz.

Mientras preparan una que se quiere masiva manifestación en Almería para el próximo 11 de mayo, en la plataforma siguen consternados por la inacción de la Junta de Andalucía, al no pedir la ejecución del auto de enero pasado que le revierte la propiedad de los terrenos. Pero hay una salida a este último particular embrollo. Fuentes jurídicas independientes expertas en urbanismo aseguran a cuartopoder.es que existe la posibilidad real de que cualquier ciudadano u organismo público o privado pueda pedir la ejecución de esa resolución firme del TSJA, aunque no esté personado en el caso.

Según las fuentes, hay una “corriente jurisprudencial mayoritaria” o «línea jurisprudencial» –la que se produce por acumulación de sentencias o autos en el mismo sentido– que establece la posibilidad de pedir la ejecución de una sentencia firme, en casos de interés público –como es el de El Algarrobico–, siguiendo el mismo procedimiento que deben seguir las partes del caso. O sea, lo que debería hacer la administración andaluza: defender los intereses generales frente a los particulares.

Se trata, simplemente, de solicitar formalmente a la Junta que pida a su vez la ejecución del auto firme al tribunal que lo emitió. Transcurridos dos meses sin que la administración en cuestión haya actuado, el solicitante está jurídicamente habilitado para dirigirse directamente al tribunal, en este caso el Superior de Justicia de Andalucía, para pedirle que ejecute el auto, según esa corriente jurisprudencial mayoritaria ya refererida. La iniciativa ciudadana o popular podría así solventar la inacción de una administración pública.