PP y CiU se oponen a que la Iglesia pague impuestos

La Iglesia Católica seguirá sin pagar los impuestos proporcionales a sus propiedades inmobiliarias a pesar de la crisis económica y de las necesidades de la hacienda pública. Al contrario de lo que ha ocurrido recientemente en Italia, la pretensión de los socialistas de que la Iglesia pague al menos el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), chocó el miércoles con la mayoría absoluta del PP, reforzada por CiU. Ambas formaciones rechazaron la supresión de las ventajas de la confesión religiosa mayoritaria por 25 votos frente a 18 y una abstención de UPyD en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso.

La petición de suprimir las exenciones fiscales a la Iglesia Católica fue incluida en una proposición no de ley del Bloque Nacionalista Galego (BNG), ampliamente enmendada por los socialistas. La propuesta reclamaba la revisión de los acuerdos de 1979 con el Vaticano en los aspectos legales, educativos, culturales, económicos y sobre la presencia religiosa en las Fuerzas Armadas con el fin de “asegurar y defender la laicidad del Estado”.

El socialista Juan Moscoso explicó que la enmienda del PSOE recogía las resoluciones del último congreso del partido y del programa electoral, incluida la famosa ley de libertad religiosa que el Gobierno de Rodríguez Zapatero no llegó a presentar. El segundo punto de la propuesta, aceptada por el BNG, reclamaba “un tratamiento fiscal (a la Iglesia Católica) igual que al resto de las instituciones, que asegure el pago de impuestos en igualdad de condiciones”.

La diputada del BNG María Olaia Fernandez recordó al respecto que el exalcalde de Madrid y actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, había reclamado al Gobierno de Zapatero 94 millones de euros por la exención del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) al arzobispado de la capital. “Suponemos que ahora que está en el Gobierno, obrará en consecuencia”, ironizó antes de explayarse sobre los despidos de profesores de religión -que paga el Estado- por parte de los obispados y sobre las represalias que se producen en algunos colegios contra los alumnos que no van a clase de religión.

En sus enmiendas, el PSOE reclamaba además la anulación de las inscripciones de dominio de inmuebles y terrenos comunales que, en ausencia de títulos escritos de propiedad, vienen realizando los obispados en muchos lugares de España gracias a una reforma de la Ley Hipotecaria realizada en 1998 por el Gobierno de Aznar. Esa reforma quedó plasmada en el real decreto 1867, pero “ni entonces ni nunca” fue sometido a la convalidación del Congreso de los Diputados. Moscoso afirmó que la prerrogativa de la Iglesia Católica de registrar bienes que no le pertenecen “carece de justificación” y exigió al Gobierno que abra vías para que los devuelvan a los municipios y a los potenciales titulares.

Pero el portavoz de CiU en la materia, Antoni Picó, rechazó la proposición no de ley en su conjunto diciendo que “no la podemos votar”, y el del PP, el barcelonés Daniel Serrano Coronado, se escudó en que “las exenciones fiscales no se dan sólo a la Iglesia sino también a las federaciones deportivas, las fundaciones y otras entidades”, y evocó el “gran papel de Cáritas en estos tiempos de crisis” para mantener la exención fiscal. Frente a la laicidad del Estado y la igualdad de trato a todas las confesiones que reclamaban los proponentes, apeló a la mención explícita de la religión católica en el artículo 16 de la Constitución, algo que, en opinión del socialista y católico Ramón Járegui, “supone una ventaja para la cúpula católica que debería ser suprimida en una futura reforma de la Carta Magna”.