Las trabas a las ONG y el bloqueo de Libia impiden salvar vidas en el Mediterráneo

Europa sigue siendo una trampa mortal con con un enorme cementerio en el fondo de sus mares. En lo que va de año ya se han registrado 194 muertes en el Mar Mediterráneo, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Pero el último año ha resultado toda una carrera de obstáculos para aquellos que se dedican a salvar las vidas de refugiados. El proceso de investigación judicial abierto en Marruecos contra la activista Helena Maleno es el ejemplo más reciente de “criminalización” de las ONG y las personas que trabajan por los derechos de refugiados y migrantes, según las propias organizaciones. Éstas han sufrido señalamientos por supuesto tráfico de personas, impedimentos a los barcos que realizan rescates y ataques de los propios guardacostas libios a los que la UE entrena.

La realidad es que cada vez hay menos salidas de refugiados al mar, aunque se haya observado un repunte de muertes en este primer mes de 2018. Un total de 171.332 lograron llegar a las costas europeas –3.081 perdieron la vida-- en 2017, cifras mucho menores que las del 2016, cuando 362.753 personas lograron cruzar el mar y 5.096 murieron en el intento. Sin embargo, estos datos no necesariamente dibujan un escenario positivo. Médicos Sin Fronteras calcula que un millón de personas han quedado atrapadas en las cárceles libias, la mayoría en centros de detención ilegal, al intentar cruzar a Europa. La situación es terrorífica: sufren todo tipo de abusos, vejaciones o incluso entran en redes de esclavitud.

Sin embargo, la UE entrena y otorga herramientas a los guardacostas libios intercepten a gente en el mar, aunque el país se encuentra sumido en el caos y “gobernado” por tres facciones diferentes. “Ahora prácticamente no hay rescates. Los traficantes avisan de que acaban de sacar una patera para que los guardacostas la recojan y la traigan otra vez de vuelta. Así el negocio es doble”, explican a este diario desde Médicos Sin Fronteras. Es el último “tapón” de contención de Europa a una ruta migratoria. "El laboratorio" fueron las políticas de contención que España negoció Marruecos. Después llegó el acuerdo UE-Turquía, que bloqueó las llegadas a través de las islas griegas hace ya dos años.

Menos ONG en el Mediterráneo

Primero llegó el descrédito desde las instituciones y gobiernos europeos. Un informe de Frontex de finales de 2016 acusó a las organizaciones de trabajar de manera conjunta con las redes de tráfico de personas. Después fueron medios de comunicación y dirigentes: nuestro ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, quien insinuó que las ONG colaboraban con las redes de tráfico ilegal de personas. También la Justicia italiana, en una investigación encargada a la Fiscalía de la ciudad siciliana de Catania, acusó a las organizaciones que rescatan a personas en el Mediterraneo de vínculos con redes de traficantes, para más tarde reconocer que no tenía pruebas.

Las acusaciones se hicieron efectivas el verano pasado, con la retención de la nave 'Iuventa', de la ONG alemana Jugend Rettet, en la isla italiana de Lampedusa, bajo la acusación de “favorecer la inmigración clandestina”. El proceso judicial todavía no ha arrojado resultados. “Se hizo mucho ruido cuando se sacaron aparentes pruebas, pero no se ha seguido informando de que la organización ha defendido e intentado demostrar su inocencia”, subraya Ricardo Gatti, jefe de Misión de Proactiva Open Arms, una de las pocas organizaciones que quedan en el Mediterráneo. “La Fiscalía tiene dos años para presentar pruebas en contra, pero puede que de aquí a dos años no haya pruebas. El barco habrá estado parado todo ese tiempo y se impidió que pudieran 'invernarlo', es decir, dejar todo listo para que volviera a navegar. Se echará a perder”, explica.

“En Europa y en Italia han gritado mucho contra las ONG, pero nunca han explicado por qué nos estaban atacando los mismos guardacostas libios a quienes estaban entrenando. Los mismos barcos que les cedió en junio Italia son los que nos atacaron”, critica Gatti. El verano pasado Save The Children, Médicos Sin Fronteras y Sea Eye abandonaron temporalmente los rescates en la zona del Mediterráneo central por sentirse amenazados por la Guardia Costera Libia. La organización de  Gatti denunció también el pasado mes de agosto que los guardacostas de Libia habían "secuestrado" una de sus embarcaciones durante horas y en otra ocasión dijeron haber sido amenazados con disparos.

El primer “abordaje” lo sufrió en septiembre el Lifeline, una embarcación que actualmente no se encuentra en el mar y cuya tripulación está compuesta por las ONG españolas Salvamento Marítimo Humanitario (SMH) y Proemaid. Esa noche estaban realizando varios rescates de botes, uno de ellos con más de 200 personas hacinadas y en malas condiciones, según relata Íñigo Gutiérrez, de SMH. Estando en aguas internacionales, “de la nada apareció una embarcación militarizada con dos ametralladoras pesadas, se amarraron al barco y subieron a bordo”, explica. Los libios exigieron que se les entregase a los refugiados, algo a lo que el capitán se negó rotundamente, por lo que acabaron abandonando la embarcación después de 45 minutos de tensión. La tripulación no logró identificar a los asaltantes ¿Eran guardia costera? ¿eran milicias? “Iban armados hasta las dejas y exigían que les devolviésemos a la gente. Al verlos aparecer, todos los refugiados se echaron para atrás con auténticas caras de terror”, narra Lara Lussón, de Proemaid.

A día de hoy solo hay cuatro organizaciones realizando labores de rescate en el Mediterráneo: la alemana Sea Watch, la española Proactiva Open Arms, SOS Méditerranée y Médicos Sin Fronteras --estas últimas dos comparten embarcación--. La primera de ellas denunció el pasado mes de noviembre que una patrulla de la Marina militar libia rechazó colaborar y abandonó a varios migrantes en el agua provocando al menos 50 desaparecidos. Por desgracia, la ONG solo pudo rescatar a cinco personas, entre ellas un niño de dos años.

Las organizaciones que continúan siguen operando con grandes dificultades. Libia anunció su propia ampliación extraordianaria de competencias marítimas más allá de las 12 millas de aguas internacionales que le corresponden, con el objetivo de establecer su propia zona de búsqueda y rescate (SAR). Aunque las organizaciones califican de “arbitraria” la decisión y las autoridades italianas se ven obligadas a seguir operando en dicha zona de manera regular, normalmente las ONG operan a más 24 millas de la costa, por miedo a las autoridades y milicias libias. Lejos de tierra, el avistamiento de los botes y las tareas de socorro se complican.

Maleno, la persecución de los activistas

Es el caso paradigmático y el más reciente. Maleno, la activista de Caminando Fronteras que lleva más de diez años trabajando para denunciar la vulneración de los Derechos Humanos de migrantes y refugiados en la frontera sur. La Policía española realizó un informe que la vinculaba con mafias. En España Audiencia Nacional archivó el caso al no encontrar indicios de delito, pero la Justicia de Marruecos, donde ella reside, realiza ahora su propia investigación. El 31 de enero sabrá si es acusada por tráfico ilegal de personas, un delito que contempla de 6 meses de cárcel a la cadena perpetua.

Maleno está en el foco, según las autoridades españolas, por sus llamadas a Salvamento Marítimo, que depende del Ministerio de Fomento, para alertar de la llegada de pateras. El propio jefe de SM de Almería ha declarado que “posiblemente sea la persona que más vidas ha salvado en el Estrecho”, pero la Policía señala en su informe que debía avisar a la Guardia Civil. La activista es una figura incómoda para las autoridades, fue clave para que se investigase la muerte en la playa del Tarajal de los 15 hombres a los que disparó la Guardia Civil.

“Desde las instituciones democráticas en España no se puede defender que la vida en altamar no se proteja, pero si estás criminalizando los mecanismos que salvan las vidas de estas personas el resultado es el mismo”, explica la abogada defensora de Maleno, Gema Fernández, quien asevera que el informe contra la activista tiene un lenguaje “criminalizador” y utiliza “una vertiente” que se ha utilizado en otros países de Europa. Es el caso del sacerdote eritreo Mussie Zerai, investigado por la Justicia italiana por “favorecer la inmigración clandestina”. Fue el caso de los tres bomberos españoles en que fueron detenidos en Lesbos (Grecia) en 2016, señalados por tráfico ilegal de personas.