Rajoy llega al debate de su segundo año con 11 millones de pobres

Aunque ya es sabido que la pobreza tiende a esconderse, en España hemos pasado de 10,3 millones de personas desviviendo por debajo del umbral de la pobreza en 2011 a once millones dos años después. Son datos fríos, sin detalle ni descripción de la penuria económica que afecta a uno de cada cuatro españoles y han sido extraídos de los estudios del Instituto Nacional de Estadística (INE) y remitidos por el Gobierno al diputado socialista Félix Lavilla.

Vivir por debajo del umbral de la pobreza significa que ingresamos menos del 60% de la renta media de los 17,6 millones de hogares, cifrada en 23.123 euros anuales, según lo últimos datos del INE. Ese porcentaje equivale a 13.873 euros anuales y corresponde al primer adulto de cada hogar. A esa cantidad habría que sumar, según la escala de la OCDE, un 0,5% para el resto de las personas de más de 14 años y un 0,3% por cada niño menor de 14 años.

Desde 2008, en que la renta media anual alcanzó 25.556 euros, hasta el día de hoy, las rentas familiares no han parado de bajar y los impuestos, las tasas, los precios de la luz, el gas, el agua, los transportes, las comunicaciones, las matrículas escolares y universitarias, las medicinas y otros servicios de primera necesidad no han parado de subir. Se comprende que, según el INE, el 9,2% de los hogares se retrase en el pago de la hipoteca, el alquiler y los recibos y que el 36,6% lo pase muy mal para cubrir las necesidades básicas y no pueda disfrutar de vacaciones.

Junto a la pobreza más severa, que afecta a más de 650.000 hogares en los que no entra renta ni pensión ni dividendo patrimonial alguno, esos once millones de personas que en el Reino de España han caído al último escalón de la escala de Maslow y malviven por debajo del umbral de la pobreza, solo han conocido los esfuerzos del Gobierno del PP en abaratar y facilitar los despidos, congelar y bajar los salarios y acortar las prestaciones por desempleo, que ya no cubren al 40% de los parados.

En efecto, en diciembre de 2011, cuando Mariano Rajoy formó su Gobierno, el paro afectaba al 22,85% de la población activa, es decir a 5.273.600 de un total de 23.081.200 trabajadores. Dos años después, en diciembre de 2013, la población activa se ha reducido a 22.654.500 trabajadores –es decir, que 426.700 personas se han largado o han sido borradas del mapa estadístico de la Encuesta de Población Activa (EPA)--  y el desempleo ha subido al 26,03%, 5.896.300 trabajadores.

El empobrecimiento es también directamente proporcional a una constante y continuada reducción de los sueldos que ni el ministro Cristobal Montoro ha podido disfrazar con su dialéctica de andar por casa. Si en el último trimestre de 2011, el sueldo medio bruto mensual era de 2.020,13 euros, ahora es de 1.801,42 euros. Son datos de las encuestas trimestrales del INE sobre la evolución de los costes laborales que el propio Gobierno ha remitido al diputado socialista andaluz Miguel Ángel Heredia.

De este cuadro estadístico, del que se derivan más de dos millones de hogares a los que les han cortado la luz el último año y más de once millones de personas en situación de “pobreza energética”, deviene también la afirmación del presidente del Gobierno en Japón de que en España sobra mano de obra barata. O dicho en japonés con palabras del escritor Kobo Abe en boca del creador del robot humano R-62: “Pues sí, señoras y señores, en la actualidad, en nuestro país, el ser humano es la materia más barata de todos los recursos naturales”.

Esta realidad socioeconómica contrasta, en todo caso, con la afirmación del Ejecutivo en el documento que ha entregado en el Congreso para el debate sobre el estado de la nación: “Hemos dejado atrás la recesión más larga de la democracia” y ahora “el objetivo prioritario del Gobierno es trasladar las tendencias que apuntan a la recuperación de la economía a la realidad de los hogares españoles”. En el debate que empieza el martes se espera que Rajoy prometa bajadas de impuestos en 2015, año electoral, y se proclame campeón de la transparencia y la honradez sin amnistías fiscales ni sobres de dinero negro ni sobornos ni compra de voluntades ni depósitos en Suiza.