Lo que Vox no te cuenta sobre la Ley contra la violencia de género

En 2016, un mensaje que portaba una veterana mujer polaca en una manifestación a favor del aborto se hizo viral: "No me puedo creer que aún tenga que manifestarme por esta mierda". La frase se replicó en los carteles de concentraciones de todo el mundo recordando lo mucho que cuesta alcanzar los derechos y lo poco que se tarda en perderlos. Hoy es probable que un sentimiento similar invada a muchas mujeres españolas. 2018, el año en el que el feminismo surfeó sobre su cuarta ola, terminó en España con la entrada del ultraderechista Vox en el Parlamento autonómico andaluz y con la apertura de un debate que el consenso, pese a los matices, había guardado bajo candado: la lucha contra la violencia de género. La formación ultraderechista ha comenzado con exigencias en la legislación andaluza, pero su discurso ha tomado carácter de debate nacional. Sin embargo, la Ley contra la Violencia de Género que aprobó José Luis Rodríguez Zapatero en 2004 ya ha dejado una huella en toda una generación de españolas y españoles que da sus frutos hoy. De esos debates, este movimiento feminista.

La Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género fue el primer proyecto que el presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero llevó al Congreso. En la Cámara fue aprobado por unanimidad. "Recuerdo una sensación de alegría y esperanza. Fue una ley muy esperada y participada. El PSOE presentó un proyecto muy trabajado, pero otras formaciones como Izquierda Unida también lo estaban estudiando", recuerda Laura Seara, exdirectora del Instituto de la Mujer y consultora de Red Talento. En ese momento, ella era diputada autonómica en Galicia por el PSOE.

Si en la actualidad se mezclan de manera interesada los términos "violencia de género" y "violencia doméstica", la ley de 2004 comenzaba con una idea que ha atravesado todas las actividades posteriores: "La violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado". Unos años antes, Ana Orantes, asesinada en 1997 por su marido tras décadas de malos tratos, se había convertido en un icono de la lucha contra la violencia. Tras su separación, el juez la obligó a compartir residencia con el que sería su asesino. Tuvo la valentía de denunciar a su marido decenas de veces y hasta confesó en Canal Sur que le daba palizas. 13 días después, su maltratador la quemó viva en el patio de su casa de Granada.

Las cifras de asesinatos descienden

En el caso de la aplicación de la ley de 2004, los datos son tozudos y desmienten las afirmaciones de Vox. Desde su aplicación, los asesinatos machistas han ido en descenso, aunque de forma irregular. Si en 2004 fueron 72, 2018 cerró con 47 víctimas mortales, una cifra que sigue siendo dramática. Mientras los debates de las organizaciones especializadas se han centrado en cómo conseguir que la víctima entre en el sistema de protección si se resiste a denunciar, o en exigir que los padres maltratadores no obtengan la custodia de sus hijos, ahora se ven obligadas a desmentir los mismos bulos una y otra vez, como el de las denuncias falsas.

De la ley se discutió todo, también los términos empleados o el encaje jurídico. El Tribunal Constitucional estudió hasta 127 cuestiones de constitucionalidad y avaló su redacción.

Además de la protección a las víctimas, con la aprobación de la ley de 2004, el debate sobre la violencia de género se coló en los salones de los españoles, ya sea en artículos de prensa o en las tertulias de los programas.  "La violencia dejó de ser algo privado y se convirtió en un problema estructural, se puso el foco en una sociedad asimétrica donde el hombre tiene una posición de dominio. Luchar contra la desigualdad se volvió imprescindible. Hasta entonces, todo eso se negaba", explica Yolanda Besteiro, presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas. Hoy casi nadie se reiría con el sketch de los humoristas Martes y 13 en el que parodiaban a una mujer maltratada, ni replicarían con un "algo habrá hecho" cuando un hombre pega a una mujer.

Por tanto, la Ley de 2004 le dio a la sociedad española un valor intangible, visibilizó los asesinatos machistas como la punta de un iceberg compuesto por muchas otras violencias de diferente intensidad. "Si no fuera por ese aprendizaje de lo que es la violencia machista, hoy nos sería complicado hablar de violencia sexual. La cultura de violación se basa en el control y el sometimiento, que también sucede en las parejas y que coarta la libertad de las mujeres", explica Besteiro. Sin los debates y el trabajo que las distintas asociaciones hicieron hace una década, quizá el feminismo español no sería hoy uno de los movimientos sociales más fuertes.

Las jóvenes que han protagonizado las manifestaciones junto a las veteranas son aquellas que estaban en la escuela y el instituto cuando se aprobó esta legislación. "Creo que uno de los grandes aciertos fue que hubo un plan de sensibilización dotado económicamente que permitió desplegar una serie de mecanismos. Se hizo mucha pedagogía", recuerda Seara.

Tras su aprobación, comenzó el engranaje judicial y el desarrollo de protocolos. En los últimos años se ha ido ampliando también el concepto de víctima, abarcando también a los hijos de las mujeres asesinadas. En 2017, se firmó un pacto de Estado contra la violencia machista, que comprometía 200 millones de euros para esta lucha y 213 medidas para luchar contra la barbarie machista. En 2019, algunos colectivos feministas luchan para que asesinatos como el de Diana Quer sean contabilizados también como violencia machista.

Pero a cada avance feminista le sigue una reacción brutal del patriarcado. Pasó con la ley de 2004 y las críticas a las que se enfrentaron los legisladores, implosionó de nuevo con la ley del aborto aprobada en 2010 y vuelve a suceder en 2019, después de que las mujeres llenasen las calles el pasado 8 de marzo y hayan puesto el foco en la violencia sexual.

Un referente internacional

El día de su aprobación, el Gobierno la vendió como "la primera ley integral contra la violencia de género en Europa". Esto supuso un despliegue de recursos que iban desde el judicial hasta el educativo. Pese a todas sus carencias, que las organizaciones feministas también se han preocupado de señalar durante estos años, en 2014 recibió el Premio de Políticas de Futuro, que otorga ONU Mujeres, World Future Council y la Unión Interparlamentaria. Algunas leyes autonómicas han ido complementando la estatal en los últimos años.

Seara, que en 2011 sería nombrada secretaria de Estado de Igualdad, ejemplifica la expectación con un recuerdo de esa etapa: "Recuerdo la reacción cuando España fue a hablar a Naciones Unidas sobre este tema. Todos estaban callados. Esa ley nos convirtió en una referencia", explica sobre una legislación que sabían "que sería un antes y un después".

Aún así, ninguna de las dos fuentes consultadas suenan triunfalistas. Los asesinatos siguen siendo la manifestación más brutal de la desigualdad y muchas mujeres siguen sin denunciar a sus agresores. Además, Besteiro pone el foco de atención en la cultura de la violación, tan difícil de atajar, y en la dificultad para identificar a "víctimas que se encuentran en nuestro entorno".

Seara también anima a no bajar la guardia y a reorganizarse contra el embiste del brazo político del heteropatriarcado.  "Los jóvenes siguen ejerciendo esa violencia en gestos tan cotidianos como el control del móvil y ahora vemos cómo el patriarcado se reinventa con mucha facilidad. Se inventan teorías, niegan las cifras, son unos negacionistas".